"La Democracia Argentina en 32 años nada ha podido hacer para corregir la impunidad de los delitos del Poder", asegura Juan Carlos Vega en esta columna, a la par, asegura que "es una burla que el ex ministro Julio De Vido sea diputado de la Nación".

El ex ministro y actual diputado nacional, Julio De Vido.
Luminarias Río Cuarto

Una burla se define como una acción o palabras con las que se pone en ridículo a personas o a cosas. Es una burla que (Julio) De Vido sea diputado de la Nación, porque nos pone en ridículo a nosotros como sociedad democrática. Y esa burla, es trágica porque esa impunidad está avalada por la Justicia argentina que debería ser el control a los abusos del Poder y no lo es. Y es más trágica aún,  porque la impunidad de la corrupción está perdonada por un sector importante de la sociedad  que está dispuesta a protegerla con su voto con el increíble argumento de que la corrupción se justifica por la lucha contra el neoliberalismo.

Los hechos en Argentina son claros. Un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y tiene sólo un índice de condena del 4% (Informe CIPCE 2009). Para Transparencia Internacional, Argentina figura entre los tres países con mayores Índices de Percepción de Corrupción (IPC). Para los Informes anuales que hace el Departamento de Estado Americano sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, en el capítulo argentino, la mayor violación a Derechos Humanos surge de la impunidad de la corrupción.

Un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y tiene sólo un índice de condena del 4%.

La Democracia Argentina en 32 años nada ha podido hacer para corregir la impunidad de los delitos del Poder. Sólo Lázaro Báez, José López y Ricardo Jaime están en la cárcel y no tenemos dudas de que a ellos se les aplicará el 2×1 y saldrán libres en poco tiempo con el recupero de los bienes robados a la sociedad. De Vido no está solo. Carlos Menem condenado por delitos de corrupción vuelve al Senado y Cristina Fernández de Kirchner probablemente también.

Pero lo que más aterra es la falta de condena social de parte de los argentinos. Una sociedad como la nuestra, con alta dinámica de protesta social, resulta increíble que no salga todas las semanas a la calle en su condición de víctima de la corrupción.

¿Cuáles son las falacias jurídicas y políticas que permiten sostener esta increíble impunidad argentina de los delitos del poder?

A) El sostener que el principio de inocencia en los delitos de corrupción es ilimitado. Debe saberse que los derechos de las víctimas condicionan los derechos del imputado. Y en estos procesos por corrupción, la víctima es la sociedad y sus dos derechos son a que se impongan castigos ejemplares y que se recuperen los bienes habidos por la corrupción. Esos derechos de la víctima -sociedad- son desconocidos hoy en la Argentina. El Derecho conservador argentino, históricamente divorciado de la realidad, ha consagrado como dogmas jurídicos falsos axiomas que sólo buscan proteger al Poder.

El principio de inocencia, que es una de las bases de una cultura de la legalidad, en Argentina ha sido desnaturalizado a favor de los poderosos. Festivales de recursos permiten dilatar sine día estos procesos con libertades aseguradas para delincuentes del Poder.

B) La inhabilidad moral como fundamento de la exclusión de un diputado de la Cámara, no necesita sentencia firme.

En el Caso Bussi, con el precedente de Ángel Luque y el precedente en el Derecho americano en la Causa “Powell”, la Cámara de Diputados por unanimidad declaró que es constitucionalmente procedente el apartamiento de un diputado basado en un auto de procesamiento judicial sin necesidad de sentencia judicial firme.

La inhabilidad moral como fundamento en los Artículos 16, 64 y 66 de la Constitución Nacional, fue fundada rigurosamente por el dictamen de la Comisión de Peticiones y Poderes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del año 2000 en el Caso Bussi. No tengo dudas que este precedente del Caso Bussi es aplicable a casos como De Vido, Menem y Cristina Kirchner.

Se trata de aplicar y privilegiar los Tratados de Derechos Humanos y los Derechos de las Víctimas por encima del Código Procesal Penal en los procesos por Corrupción. Nada más que cumplir con el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

C) Resulta increíble que los 6 millones de dólares que vimos todos los argentinos en una caja de seguridad de Florencia Kirchner no hayan generado en dos años movimiento procesal alguno de la Justicia argentina. Del mismo modo, resulta increíble que esos cinco señores que aparecían por la televisión contando fajos de dólares y tomando whisky de alta gama, no estén procesados y en la cárcel.

Con mucho menos, en Brasil hay 130 funcionarios y empresarios condenados.

D) Resulta increíble sostener el absurdo jurídico de que no procede decomisar los bienes habidos por la corrupción hasta tanto haya sentencia firme.

El decomiso anticipado de los bienes habidos por la corrupción no afecta ni el principio de inocencia ni las libertades personales de los corruptos. Sólo afecta el derecho de propiedad, que sin duda no tiene la misma protección que el derecho a la libertad personal.

E) Resulta increíble que todos estos hechos que son públicos no hayan sido encuadrados en la figura del enriquecimiento ilícito del funcionario.

Este es el único delito en donde se invierte la carga de la prueba y es el funcionario el que debe probar su inocencia. Son suficientes las pruebas públicas de la corrupción para fundar la cárcel a estos funcionarios.

F) Resulta increíble limitar el análisis penal de las responsabilidades de De Vido a los sobrecostos, sobreprecios o sobornos pagados en las obras públicas y en particular del Yacimiento de Río Turbio. El principal delito, es la maniobra ilícita de “tercerización” de los fondos públicos a través de la UTN, con la finalidad de concretar actos de corrupción. Es decir, asociación ilícita calificada. Con este sólo hecho probado, De Vido debería estar en la cárcel y estar excluido de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Esta burla trágica debe terminar. Y para que la sociedad se despierte y exprese su indignación, es necesario que haya algunos políticos y algunos jueces que puedan dar ejemplos de vida. Cosa que hasta ahora no existe. Porque el gobierno nacional de Cambiemos, hasta ahora, nada ha hecho para luchar contra esta endemia social que está en la base de la decadencia argentina. Y la Corrupción sigue impune y la sociedad como su víctima sigue esperando.

Juan Carlos Vega. Ex Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN.

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