Lo afirmó el legislador Juan Pablo Quinteros. Grababus SRL se encargaba de grabar autopartes de vehículos, un trámite obligatorio.

El grabado de autopartes fue suspendido por seis meses.

El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, adelantó que denunciará a los funcionarios del gobierno provincial por el vínculo con Grababus S.R.L, la empresa que grababa autopartes. También criticó al Ejecutivo provincial: “Rescindieron el contrato al detectar una evasión impositiva de más de 40 millones de pesos, todo en las narices de Unión por Córdoba (UPC), en una maniobra que involucra a la Cámara de Grabadores de Automotores, por medio de la cual Grababus cobraba el servicio de grabado sin hacer parte al Estado de ese dinero”.

Describe que “se le exige a Gabrabus, en relación a Impuestos a los Sellos una deuda de $21.213.375,21, Impuestos a los Ingresos Brutos $9.692.703,23 y, por último, a la Cámara de Grabadores de Automotores por Ingresos Brutos se le exige una deuda de $12.143.635,76”.

Cabe recordar que el gobierno provincial rescindió el contrato a Grababus S.R.L a través del Decreto N° 1670, publicado en el Boletín Oficial el pasado viernes. Además, suspendió por seis la obligatoriedad de realizar el trámite y denunció penalmente a la empresa por evasión impositiva y una “tercerización” para no pagar el canon que le correspondía.

Este año, cada auto pagaba 710 pesos por el trámite y cada moto, 360. Pero no hay datos de la cantidad de cordobeses que hicieron grabar sus vehículos, por lo que no hay datos firmes sobre la facturación real de Grababus.

Quinteros puntualizó además que “la decisión que toma el gobierno de Córdoba respecto a la empresa GRABABUS nos termina dando la razón de que estábamos ante una estafa a los cordobeses y un enorme negociado de una empresa privada en connivencia con el gobierno provincial, algo que venimos denunciando incansablemente desde el 2015 y que, por ejemplo, en el año 2017 estimamos se quedaron con más de $180 millones de pesos de los cordobeses”.

Juan Pablo Quinteros, legislador provincial del Frente Cívico. Foto: You Tube.

Apunta que “en tres años y, tras numerosos y pormenorizados pedidos de informes al Ejecutivo, jamás obtuvimos respuesta alguna a nuestras requisitorias, incluso en julio de 2016 presentamos un proyecto de ley para la derogación de la ley 10.110 que había creado este vergonzoso negociado, lo que volveremos a solicitar el lunes próximo debido a la actitud adoptada por el Ejecutivo provincial. No podemos permitir dejar la puerta abierta para que otra empresa se quede con el dinero de los cordobeses. La ley fue tan ineficiente que no solo no frenó la venta de autopartes robadas -motivo para el cual había sido promulgada-, sino que robaron millones de pesos en un negociado en el cual los socios se terminaron desconociendo”.

Denuncia el legislador del Frente Cívico, que “jamás pudieron contestar cuantas autopartes de vehículos se habían logrado recuperar por este “grabado indeleble”, sencillamente porque su eficacia era nula. El pago de esta obligación a la hora de transferir un vehículo sólo tenía como objeto que la empresa GRABABUS recaudara millonarias sumas de dinero. Ya los habían echado de Chubut y ahora le toca en Córdoba por la única y sencilla razón de que no los pueden encubrir más. La “evasión” del pago de impuestos parece ser la excusa ideal para culminar un turbio negocio”.

Finalmente, Quinteros afirma que “conocen claramente que estábamos detrás, y muy cerca, de los responsables de este auténtico y escandaloso hecho de corrupción. No lo pudieron encubrir más. Hace solamente dos meses el ministro de Gobierno Carlos Massei en la Legislatura, y ante una pregunta de este legislador, expresó que todo lo relacionado al Grabado de Autopartes “era bueno y se llevaba adelante correctamente”. De pronto descubrieron que todo andaba mal. La denuncia le cabe a la empresa privada pero también haremos una presentación judicial para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios provinciales en lo que jamás dudamos en calificar como un negociado de enormes dividendos, nulos resultados y de clara complicidad entre la empresa privada y los funcionarios provinciales. Debió ser mucho antes, pero finalmente la verdad salió a la luz. La pregunta que queda es, ¿quién le devuelve el dinero a los cientos de miles de cordobeses estafados?”

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