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La Justicia tratará como "acción colectiva" un pedido de multa contra empresas de ómnibus

Martes 20 de Octubre de 2020

La Justicia tratará como "acción colectiva" un pedido de multa contra empresas de ómnibus

La Justicia tratará como acción colectiva la demanda de consumidores contra empresas de transporte.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 22° Nominación de la ciudad de Córdoba determinó que sea sustanciado como “acción colectiva ordinaria” una demanda promovida por asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) contra las empresas de transporte Coniferal SACIF, Grupo ERSA – Empresa Romero SA, Autobuses Santa Fe SRL y TAMSE.

Enredacción Socios
Manula

La entidad pide que se le imponga a cada una de las firmas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros una multa punitiva de 5 millones de pesos por incumplir con la prestación del servicio a los usuarios entre los días 5 a 13 de junio de 2017, como así también por no haber informado de manera clara, detallada y veraz, las medidas que se estaban llevando a cabo a los efectos del restablecimiento de la circulación de unidades.

La falta de prestación del servicio se produjo a partir del paro decretado por los delegados de la UTA en demanda de mejoras salariales, entre otros reclamos.

La jueza Patricia Asrin consideró que, en principio, aparecen “elementos suficientes para entender que en la presente causa se encuentran comprometidos derechos individuales homogéneos” y determinó que el proceso sea sustanciado como colectivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, del Anexo II, del Acuerdo Reglamentario Nº 1499, Serie “A”.

La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) pretende que el destino de la multa se distribuya de la siguiente manera: a) que el 80% sea reintegrado a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, que lo acrediten a través de la presentación oportuna de sus datos registrados en el sistema de tarjetas “Red Bus” de modo proporcional entre todos los acreditados; b) que el 10% se emplee para una campaña de concientización y educación de los usuarios y consumidores de la provincia de Córdoba; y c) que el 10% restante se destine a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en la provincia, con cargo de distribuirlo entre las asociaciones de consumidores registradas en el registro nacional de asociaciones de consumidores que acrediten actuaciones judiciales en la ciudad de Córdoba.

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