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La Fuerza Aérea quiso desalojar a víctima de violencia familiar, y la Justicia ordenó que permanezca en la casa donde vivía

La Fuerza Aérea quiso desalojar a víctima de violencia familiar, y la Justicia ordenó que permanezca en la casa donde vivía

La jueza de Familia de 7° Nominación de la ciudad de Córdoba, Cecilia María Ferrero, dispuso, por un período de cuatro meses que, una mujer víctima de violencia familiar -con modalidad doméstica, en contexto de género- que tenía, además, serios padecimientos de salud, continúe ocupando, junto a sus hijos, una vivienda de la Fuerza Aérea Argentina, cedida a su expareja con permiso de uso precario y transitorio.

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De esta forma, la magistrada impidió el cese de la adjudicación que había sido notificado por la entidad militar.

En su escrito, dictada en el marco de un proceso por medidas provisionales personales, la magistrada enfatizó que, en situaciones de violencia familiar, la atribución del hogar toma una trascendencia fundamental. “Ello es así porque si se priva a la víctima del lugar que habita, cuando esta no tiene posibilidades de proveerse un hogar para vivir con sus hijos, se la somete con esa conducta a una violencia institucional que no les permite poner fin a la violencia domestica que las oprime ante el peligro de perder el techo”, expresó.

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La magistrada exhortó a la Fuerza Aérea Argentina a abstenerse de ejercer cualquier medida que implique poner a la mujer en una situación de violencia institucional. Asimismo, ofició al Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia para que, en manera inmediata, incorpore a la actora en los planes asistenciales que le permitan garantizar adecuadamente su subsistencia y, así, se reviertan las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra a causa de la violencia padecida.

La jueza Ferrero basó su resolución en el artículo 526 del Código Civil y Comercial de la Nación y en los lineamientos sentados en los tratados internacionales: principalmente, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo. En tal sentido, valoró la existencia de medidas vigentes de exclusión y prohibición como así también en las restricciones de contactos dictadas en relación a las partes, lo que motivó –incluso- la recepción de audiencias en forma separada entre las partes.

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EL CASO

La pareja se extendió por nueve años, naciendo de esa unión un hijo. El expediente señala que “la relación estuvo signada por violencia física, económica y psicológica, (por parte del marido), y que en varias oportunidades le provocó serias lesiones (incluidas fracturas) y vulneró su integridad y la de su grupo familiar, el que además está integrado por dos hijos de una unión anterior de la mujer”.

En el mes de mayo del corriente año, la escalada de violencia fue mayor, lo que motivó su denuncia ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familia y de Genero de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba, quién ordenó la exclusión del hombre y una orden de restricción en relación a la mujer y dos de sus hijos. Mientras que, en el caso del niño nacido de la unión entre ambos, se fija el cuidado por parte de los dos, y se determina la “residencia principal en el domicilio materno”.

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