La CGT Regional, la Unión del Personal Superior (UPS) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, rechazaron la rebaja del 30% anunciada por el gobierno provincial para los salarios más altos, que se aplicará desde el próximo mes, con los haberes de abril.
La central obrera afirmó que “es inaceptable la pretensión de aplicar recorte alguno sobre los salarios de los trabajadores del Estado, muchos de los cuales no perciben aumentos desde el mes de enero”.
Agregó la central que preside el titular del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y legislador provincial de Hacemos por Córdoba, José Pihen, que “en muchos casos los sueldos del personal de la Administración Pública Provincial están por debajo de la línea de pobreza”, y agregó que “en un número muy importante prestan servicio bajo modalidades precarias de contratación, tales como monotributistas, becarios, pasantes y planes”.
Por su parte la UPS, a través de su secretario General, Domingo Ovando, aseguró que pedirá que se cumpla lo acordado hace pocos días atrás. “Entendemos la difícil situación que vive el país, y Córdoba no es la excepción, pero el gremio firmó un acuerdo paritario que el gobierno provincial deberá cumplir. No hubo ninguna instancia de diálogo para esta decisión”.
Por último, los judiciales calificaron de “inadmisible cargar sobre las trabajadoras y trabajadores el peso de esta crisis sanitaria con un recorte salarial cuando ya venimos soportando un atraso salarial frente a la inflación de los años anteriores. No se nos ha abonado aún el 10% de aumento al básico establecido a partir de diciembre con los correspondientes retroactivos”.
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