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La CGT Regional reclama medidas contra la inflación y el trabajo precario

Imagen de una marcha de trabajadores en Córdoba. (Foto: Archivo).

La CGT Regional Córdoba, en el marco de la conmemoración del 1 de julio de un nuevo aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, reclamó al gobierno nacional medidas contra la inflación, ratificó la “voluntad” de “trabajar por la unidad del movimiento obrero”, y cuestionó las políticas anti-sindicales de distintas empresas y el trabajo precario generado por los gobiernos provincial y municipales en Córdoba.

En un duro y extenso documento, la central obrera cordobesa, demanda al gobierno nacional que “adopte con urgencia las medidas necesarias para controlar y limitar el accionar de los formadores de precios y para controlar la inflación en defensa del poder adquisitivo de los salarios y de los intereses de los consumidores”.

También plantea que “entendemos que es necesario diálogo, compromiso y responsabilidad de todos los sectores -producción de materia prima, suministro de insumos, procesamiento y elaboración, distribución, logística y sistemas de comercialización-, para resolver la situación en un marco de construcción social participativa y solidaria para que el empleo y el salario no sean nuevamente la variable de ajuste”.

Luego, se manifiesta contra “todas las formas precarias de trabajo” y por “la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios”.

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Sin embargo hay dos capítulos en los que el discurso gremial focaliza: Las conductas y proyectos anti-sindicales y el trabajo precario, donde dispara contra los gobiernos provincial y municipal.

Dice que “en este contexto resultan inaceptables las conductas denunciadas recurrentemente por la CGT Regional por parte de algunas empresas que despliegan actitudes anti-sindicales propias de tiempos superados” y afirma que “no puede tolerarse que en función de maximizar beneficios se pretenda avasallar derechos individuales y colectivos ganados con años de lucha y ratificados por legislaciones nacionales e internacionales vigentes”.

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Advierte que “llama la atención la falta de pronunciamiento y la débil o nula actuación de los ministerios de Trabajo, tanto Nacional como Provincial, sobre los intentos de fraude laboral que ejecutan numerosas empresas a través de mecanismos como eliminar la relación de dependencia reemplazándola con la figura del monotributo”.

También denuncia “las frecuentes calificaciones de trabajadores dependientes con la figura de “fuera de convenio” que atacan a los convenios colectivos, eje central del modelo sindical argentino. O la creación de cooperativas de trabajo “truchas”. O los frecuentes intentos de impedir las elecciones de delegados”.

Cierran este capítulo, expresando que “es inevitable la comparación de este actuar de esos ministerios, de gobiernos que se definen como peronistas, con la gestión del entonces Coronel Perón al frente de la Secretaría de Trabajo con la que se ganó el corazón de los trabajadores argentinos”.

El ex presidente Juan Domingo Perón.

TRABAJO DECENTE VERSUS TRABAJO PRECARIO

La CGT Regional apunta que “al negocio de tener los trabajadores “en negro” que históricamente practicaron numerosas patronales privadas, se suma el avance de la utilización de formas precarias por parte del propio Estado Provincial y de los Estados Municipales, situación reiteradamente denunciada”.

“Monotributistas, becarios, pasantes, planes, supuestos voluntarios, etc. no sólo condenan a los trabajadores a salarios miserables pese a cumplir jornadas normales de trabajo, sino que alientan a los empresarios privados a imitar esas conductas”, dispara la central obrera.

Sigue diciendo que “en el Estado también se atenta contra el trabajo decente con las tercerizaciones, los cierres de puestos de atención presencial al ciudadano y la falta de definición o de adecuación de las estructuras orgánicas de nuevas estructuras lo que dificulta o impide el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y pone en situación de inseguridad a los trabajadores que tienen la responsabilidad de garantizarlo”.

Finalmente indica que “agrava la situación el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, de las Obras Sociales Sindicales lo que no sólo perjudica la propia salud de los trabajadores sino que sobrecarga a la Salud Pública”.

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