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La APDH pidió audiencia con Schiaretti por “la creciente brutalidad policial”

El adolescente Blas Correas, asesinado por efectivos policiales el 6 de agosto de 2020.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Córdoba, solicitó reunión urgente al gobernador Juan Schiaretti. El organismo de Derechos Humanos expresó “la profunda preocupación por la escalada de brutalidad policial que vive la provincia desde 2019”.

Recuerda la APDH que “los casos de asesinatos en manos de fuerzas policiales se repiten sin parar, llegando desde entonces hasta julio de este año a 10 casos. Hace dos años, cuando Blas Correas fue asesinado, la jefa policial, comisario general Liliana Zárate Belletti, dijo en los medios que ese crimen por gatillo fácil fue un “caso excepcional”. Ochenta días después, otro “caso excepcional” terminó con la vida de Joaquín Paredes, en Paso Viejo”. Agrega que “los “casos excepcionales” no cesaron: desde el homicidio de Blas hasta el de Johnatan Romo, hubo siete víctimas fatales a manos de la Policía a los que se suman acciones violentas frente a manifestaciones populares como la del 25 de noviembre de 2021, donde, paradójicamente una manifestación de colectivos feministas por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue reprimida por la guardia de infantería”.

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Señala más adelante que “en Punilla la situación es más grave aún, recientemente no solo hubo una vergonzosa manipulación llevada adelante por la  cúpula  policía y la Fiscal Paula Kelm intentando encubrir el asesinato de Cecilia Basaldúa, sino que esa misma policía, con la complicidad del Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez, actuó en la madrugada del 10 de mayo pasado, como si se tratara de los grupos de tareas de la pasada dictadura cívico militar (Ramírez fue miembro de la D2), arremetiendo con un grado de violencia inusitado, contra familias que acampaban contra el desmonte y la traza de la Autovía de Punilla en inmediaciones de la localidad de Molinari”.

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Por último denuncia que “en la noche del viernes 22 de julio pasado, Franco Méndez, quien vive junto a su abuelo Saturnino Méndez en una casa que será expropiada para la traza de la Autovía de Punilla (desalojo que están resistiendo), fue atacado por cuatro policías que actuaron en motos de la fuerza quienes le dieron una golpiza y termino internado en terapia intensiva”.

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