Justicia Legítima de los tribunales de Córdoba denunció que "Argentina atraviesa una grave situación en lo que se refiere a las violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, y en especial, respecto de los opositores al establisment de las corporaciones y transnacionales".

La dirigente Milagro Sala.
Luminarias Río Cuarto

La organización Justicia Legítima de los tribunales de Córdoba dio a conocer ayer un documento donde cuestiona violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Dice que “con la asunción del nuevo gobierno y ya un tiempo antes, un sector del Poder Judicial alineado con el proyecto conservador y autoritario que impera actualmente en el país y la región, comenzó a constituirse en autor y protagonista del cercenamiento del marco de garantías constitucionales, convirtiendo al derecho en una herramienta para perseguir  al adversario político”.

Agrega que “lamentablemente esta actitud no está circunscripta a una provincia determinada como es la de Jujuy, sino que además está enraizada en la estructura máxima de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de Comodoro Py donde el poder económico y mediático decide las causas más importantes”.

Precisa que “no solo el Tribunal Superior de Jujuy con su Presidenta a la cabeza, junto al Gobernador Morales, sus Fiscales de Estado y de Acusación, con los jueces y fiscales asignados a la persecución de Milagro Sala, la mantienen encarcelada y sometida a vejámenes desde el 16-1-2016. Es que están acompañados y respaldados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su Presidente Lorenzetti al frente, a la par del Gobierno de Macri y la compañía de Cámaras y Jueces Federales, que han intervenido también en el proceso ilegal de detención y apremios de Milagro, a pesar de la Resolución 31/2016 del 27-10-2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que dispuso que se trata de una detención ilegal solicitando su inmediata libertad, la que fue ratificada por la C.I.D.H. de la OEA con la Medida Cautelar dictada en la Resolución 23-2017  del 23-07-2017”.

Luego señala que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó otra medida cautelar en contra del estado argentino para la protección de los derechos de Santiago Maldonado. Concluyendo que la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero cuando presuntamente fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en una comunidad mapuche en Chubut”.

Por último, denuncia que esta situación se observa “en la campaña de destitución de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y del Camarista Federal Eduardo Freiler” y asegura que “El accionar político de este sector judicial habla a las claras de la falta de independencia que tienen sus órganos máximos e inferiores, y del incumplimiento de su misión de garantizar el imperio del estado de derecho que a todas luces en la Argentina actualmente no rige.

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