El abogado de la empresa Mackentor cree que en el juicio a los magistrados también deben ser juzgados los grupos económicos que se beneficiaron con Mackentor y los funcionarios judiciales que encubrieron a los jueces y funcionarios judiciales de la dictadura. "Me da la impresión que va a ser un puro formalismo, para lavar la cara".

El abogado de Mackentor, Juan Carlos Vega.

“No hay ninguna posibilidad de enjuiciar con imparcialidad a los jueces que fueron cómplices del Terrorismo de Estado, salvo que se den dos condiciones: 1) Que aparezcan y sean juzgados los grupos económicos que fueron beneficiarios del Terrorismo de Estado; 2) Que en el juicio aparezca clara la continuidad del encubrimiento de la Justicia Federal de Córdoba después de 1984 con el objeto de proteger a los jueces y funcionarios que fueron cómplices del Terrorismo de Estado. Es necesario determinar los niveles de participación o complicidad de estos jueces de la democracia”. El que habla y resalta los “que”, es el abogado Juan Carlos Vega. Está sentado en su estudio, en el centro de Córdoba, a pasos de la Cañada. El bullicio del mediodía no llega hasta ahí. Es el abogado de Natalio Kejner, el hombre que fuera fundador y principal socio de Mackentor, la empresa que fue ocupada y vaciada durante la dictadura militar a partir de 1977, y cuyos efectos continuaron luego durante la democracia. El caso de la Unidad Penitenciaria 1 -con 31 víctimas fusiladas, simulando intentos de fuga- y el de Mackentor se tocan en la mano de Adolfo Zamboni Ledesma, el juez que tuvo a su cargo ambos expedientes y fue cómplice civil de la dictadura.

-Usted hizo una presentación aportando las pruebas del caso Mackentor respecto de la complicidad de la Justicia Federal de Córdoba, para que sean tenidas en cuenta en el llamado juicio a los magistrados. ¿Cree que se va a investigar y sancionar la complicidad judicial con la dictadura?

-Diría que es técnicamente imposible investigar las responsabilidades o las complicidades de la Justicia Federal con el general Menéndez durante el Terrorismo de Estado, si no investigamos los grados de responsabilidad de la Justicia Federal posterior a 1983 en el encubrimiento de esos actos ocurridos durante el Terrorismo de Estado. Es decir, lo que los americanos llaman la “Big Pictures”. La película entera comprende la responsabilidad de la Justicia Federal durante el terrorismo de Estado, directa para encubrir los crímenes de Menéndez, y comprende la responsabilidad de la Justicia Federal en plena democracia para encubrir la participación de los jueces federales que encubrieron a Menéndez. Esa es la película entera. Este juicio a los magistrados parece de que tiende a cubrir formas, que no existe verdadera finalidad de recuperar una memoria histórica ni una verdad jurídica. Me da la impresión que si se busca indagar, investigar, juzgar y sancionar la responsabilidad de los jueces durante el Terrorismo de Estado, el primer juez en ser analizado tiene que ser Adolfo Zamboni Ledesma. ¿Por qué? Porque él fue el responsable de los detenidos de la UP1. Y él fue el responsable de Mackentor. De nada sirve ningún juicio a los magistrados si no se toca, si no se investiga en serio qué pasó en la UP1 y qué pasó con la firma Mackentor.

Hay que investigar los grados de responsabilidad de la Justicia Federal posterior a 1983 en el encubrimiento de los actos ocurridos durante el Terrorismo de Estado.

Una imagen del juez Adolfo Zamboni Ledesma. (Archivo).

-¿Qué significa investigar en serio la UP1 y Mackentor???

-En la UP1 debo decir que hablo como abogado de los sobrevivientes de la UP1, porque en el libro “La Justicia en la transición democrática” están los 57 nombres de los sobrevivientes que me tocó defender. O sea que estoy hablando con una base jurídica absolutamente comprobable. Entre los defendidos míos estaban el padre del juez (Miguel Hugo) Vaca Narvaja, el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, representando en ese momento a Raquel Altamira de Vaca Narvaja, su viuda. Está Guillermo Birt, a quien se le estirpa un riñón producto de una herida producida con un sable bayoneta. Están De Breuil, Luis Prol, Orduna, que fue vicegobernador de Entre Ríos, Vitín Baronetto… Son 57. Esas 57 víctimas sobrevivientes de la UP1 nos presentamos ante la Justicia Federal de Córdoba en el año ’84 y fuimos rechazados. Nuestras demandas fueron todas prolijamente rechazadas, por considerar que estaban prescriptas las acciones. Qué quiere decir eso: Que la Justicia Federal de Córdoba consideró que los sobrevivientes de la UP1 debían haber iniciado sus demandas a más tardar en 1978. Esto es, desde adentro de la UP1 o desde La Perla. Esta absurda y cínica definición la da la Justicia Federal de Córdoba, que sin duda, estaba encubriendo, en ese momento, todo el horror que había desencadenado (Adolfo) Zamboni Ledesma, que era el juez de la UP1. A tal punto, que los sobrevivientes de la UP1 son los que primero llegan y abren la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es el primer caso argentino que abre la jurisdicción de la CIDH. Acudimos y denunciamos al Estado argentino por haberse negado a investigar lo que había pasado en la UP1 y a reparar a las víctimas. Tenemos la suerte de que en la CIDH pude sumar el copatrocinio de la Primera A del derecho internacional de los derechos humanos: Alejandro Garro, Jonathan Miller, Roberto Goldman y Juan Méndez. ¿Y qué tiene que ver el caso Mackentor? Mackentor está incluido en este paquete  porque su juez era Zamboni Ledesma. No sólo era responsable de las privaciones de libertad, de los secuestros, de las torturas que soportaron los veintiún integrantes de Mackentor, sino que también es el responsable de haber permitido el vaciamiento de la empresa a favor de Supercemento. Todo eso está probado, sin embargo la Justicia Federal en la década de los ’80  le rechaza la demanda a Mackentor, también basada en la prescripción, pero con el agravante de que a diferencia de los sobrevivientes de la UP1, le impone las costas y con el agravante de que esas costas son a favor de cuatro fiscales. Esos fiscales federales eran Carlos Otero Álvarez, hoy procesado en la causa; Humberto Vidal, Graciela López de Filoñuk, y Luis Roberto Rueda. Ellos son los que obtienen honorarios millonarios en contra de Mackentor y son los que fundan la quiebra de la empresa. O sea que la historia de Mackentor es la historia del encubrimiento por parte de la Justicia Federal de Córdoba, después de 1983, de los crímenes cometidos entre el 1976 y 1983. Todo eso debería ser el objeto procesal en la causa de los magistrados y no lo es. De ahí, que como abogado de Mackentor, y como abogado que fui de los sobrevivientes de la UP1, tengo muy baja confianza en lo que pueda ser la sentencia que dicten en la causa de los magistrados. Me da la impresión que va a ser un puro formalismo, para lavar la cara, pero no para descubrir los verdaderos niveles de complicidad.

Carlos Otero Álvarez, uno de los jueces sometido a juicio. Foto: Sebastián Salguero.

Carlos Otero Álvarez, Humberto Vidal, Graciela López de Filoñuk, y Luis Roberto Rueda. Ellos son los que obtienen honorarios millonarios en contra de Mackentor y son los que fundan la quiebra de la empresa. O sea, que la historia de Mackentor, es la historia del encubrimiento por parte de la Justicia Federal de Córdoba, después de 1983.

-¿Quiénes faltan sentar en el banquillo de los acusados para completar el circuito de la complicidad?

Adolfo Zamboni Ledesma muerto, pero eso no quita la obligación del tribunal de analizar la verdad histórica. El tribunal no puede acudir al falso argumento de la muerte de Adolfo Zamboni Ledesma para no contarnos a la sociedad la verdad. Esto ya lo ha dicho la CIDH en el precedente Aguiar de Lapacó. Le quiero recordar al tribunal que está juzgando a los magistrados, tiene la obligación de contar todo. Primero Zamboni Ledesma. Luego, los grupos económicos beneficiarios del vaciamiento de Mackentor. Tienen que estar sentados ahí. Esos grupos económicos que se beneficiaron con el vaciamiento de Mackentor están individualizados al menos a nivel de sospecha razonable en la megacausa de La Perla. Supercemento aparece, la Forestal Ganadera aparece. ¿Por qué hoy no están investigados? Y después de 1983, por lo pronto, hay cuatro fiscales federales que deberían ser investigados también, que son los que fueron beneficiados con los honorarios regulados en base al rechazo de crímenes de lesa humanidad y que con esos honorarios se fundó y se pidió la quiebra de Mackentor. Si no vemos esa historia completa, la llamada causa Los Magistrados va a ser una simple formalidad.

-Los abogados, además de los fiscales, cobraron honorarios. Usted, como abogado de Natalio Kejner, es uno de ellos. ¿Cuál es su opinión?

-Es muy sencillo: No son lo mismo los honorarios profesionales, percibidos por trabajo profesional, que los honorarios generados en crímenes de lesa humanidad. Los honorarios generados en trabajos profesionales son legales y éticamente irreprochables. En cambio, los honorarios generados en crímenes de lesa humanidad por parte de fiscales federales no tienen ninguna defensa.

-La Justicia de la democracia encubrió el Terrorismo de Estado, ¿Cuáles fueron los mecanismos o instrumentos que utilizó para producir ese encubrimiento?

-Primero con la prescripción. Después, castigando a Mackentor, regulando brutales honorarios a cargo de la propia empresa y a favor de los fiscales federales. Esto es indefendible desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Los fiscales federales fueron beneficiarios de esos honorarios regulados por la Justicia Federal luego de haber declarado improcedente por prescripción una demanda de Mackentor y regular los honorarios y que, con esos honorarios, los señores fiscales embarguen cuentas de Mackentor, embarguen certificados de obras de Mackentor y finalmente terminen verificando esos créditos en la quiebra. La tercera manera sucede cuando el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, que interviene en la investigación del caso Mackentor, le niega a Natalio Kejner ser tenido como querellante en nombre de su empresa. Le niega ser tenido como querellante con el cínico argumento de que quién tenía legitimación para ser querellante, era el síndico de la quiebra. Es decir, él termina, 30 años después, avalando la quiebra; la quiebra avala honorarios fundados en crímenes de lesa humanidad; y esos honorarios o esa sentencia de honorarios avalan lo que había hecho Zamboni Ledesma. Hay toda una continuidad.

-En el fallo de la mega causa de La Perla, Zamboni Ledesma es absuelto de culpabilidad respecto de lo que le sucedió a Mackentor. ¿Cuál es su opinión??

-Está expresado en el recurso de casación que se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal. Pero para ser sintético, no creo que se trate de un simple error jurídico o un error probatorio lo que sucedió en la sentencia en la mega causa de La Perla en relación al caso Mackentor. Al contrario, es una decisión que se toma con la finalidad de silenciar y ocultar responsabilidades de jueces y fiscales federales de Córdoba. No hay otra explicación. Porque hay pruebas. Mayores pruebas de la complicidad de la Justicia Federal de la época con el Terrorismo de Estado no creo que se haya encontrado en ningún caso. En el caso Mackentor está todo probado, porque Supercemento aparece con toda claridad como beneficiario cuando los veintiún integrantes de Mackentor eran torturados con la protección de Zamboni Ledesma. Por eso, tengo razonables dudas de que la causa de los magistrados no va a llegar a nada.

Angulo declaró en una nueva jornada del juicio

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Luis Angulo, declaró el martes ante el Tribunal Federal Nº2 en una nueva jornada del juicio a los Magistrados. Angulo dijo que “este plan sistemático implicó la construcción de una estructura jurídica en donde estaban los tres poderes del estado permitiendo, convalidando o haciendo caso omiso sin investigar las barbaridades que se cometían. Esta ha sido una situación difícil para mí porque he tenido que recordar algo que me afectó mucho, la muerte de Marta Juana González de Baronetto, que fue una mujer extraordinaria”, expresó el ministro que había sido abogado de presos políticos, entre ellos de la esposa de Miguel Baronetto, quien es uno de los querellantes de la causa.

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