Insólita sanción a policía esposa de un querellante por lesa humanidad

Apenas habían pasado las 21 horas del 2 9de octubre. Todo se veía bastante tranquilo en al Precinto 31, ubicado en la esquina de Fiorito y Teniente Nivoli, en barrio Inaudi.

A cargo de la guardia estaba la sargento Valentina Robledo, único personal policial de la dependencia, en esa noche del lunes.

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A los pocos minutos llegó personal de la División Motocicletas Zona Sur, con la intención de entregar un procedimiento con aprehensión de dos sujetos.

En ese trámite se encontraban, cuando ingresa corriendo y aterrorizado a la antesala de la comisaría un muchacho que venía huyendo de una horda de personas que lo perseguían.

En cuestión de segundos, el Precinto 31 se convirtió en una batahola. El grupo de personas que irrumpió intentaba golpear al que se había intentado guarecer, y en el episodio intervienen los cuatro policías que había presentes, quienes antes de lograr poner orden recibieron también algunos golpes mientras pedían colaboración por radio.

Recién cuando se logran aplacar los ánimos, uno de los miembros de la División Moticicletas nota que en el desmadre había sido robado un celular de alta gama que se le acababa de secuestrar a uno de los dos aprehendidos con los que habían llegado.

Dos días más tarde, la sargento Robledo, quien había intervenido para intentar poner orden en la situación, recibió una insólita sanción por parte del subcomisario Mario Gomez, Segundo Jefe de la Comisaría Cuarta, acusándola de haber omitido informar la novedad de la desaparición del celular, y argumentando que con su accionar le “ocasionó daños irreparables para con el servicio”.

La novedad de ese faltante fue debidamente expuesta por el cabo René Tapia ante la Unidad Judicial 23, que funciona en ese mismo edificio.

SANCIONADA Y CON LA MÁXIMA

Con esa acción, la situación pareció encarrilarse y el episodio darse por concluido. Pero no fue así. Dos días más tarde, la sargento Robledo, quien había intervenido para intentar poner orden en la situación, recibió una insólita sanción por parte del subcomisario Mario Gómez, Segundo Jefe de la Comisaría Cuarta, acusándola de haber omitido informar la novedad de la desaparición del celular, y argumentando que con su accionar le “ocasionó daños irreparables para con el servicio”.

Como consecuencia de ello, el superior disponía una sanción de 12 días de arresto para la policía.

Paradójicamente el texto de la comunicación (que fue recibida en reserva por su destinataria) consigna que Robledo no registra ningún antecedente de sanciones funcionales y que “merece de sus superiores el concepto funcional de EXCELENTE”. Aún así, le aplica el máximo de las sanciones disponibles.

Lo cierto es que el texto del subcomisario Gómez presenta llamativas inconsistencias, como el simple hecho de estar fechado el 1 de octubre, es decir, 29 días antes del episodio.

Pero cobra aún más notoriedad lo firmado por Gómez cuando se lo coteja con el acta que por el mismo episodio suscribió la abogada Nadia Iudicello, secretaria de Actuaciones de la Unidad Judicial 23.

Mientras el texto del policía consigna que el procedimiento fue entregado por el oficial Gastón Pereyra, el de la Policía Judicial consigna que quien informó fue el cabo Yamil León.

También el comisario Gómez indica que la entrega del caso ocurrió a las 2 de la mañana del día 30, cuando la exposición tuvo lugar a las 23 del día anterior, según el texto de la secretaria actuante.

Y finalmente, el superior policial le achaca a su subordinada no haber entregado un procedimiento que en los hechos ya había sido debidamente expuesto e informado a la autoridad que correspondía (la Unidad Judicial), por el personal que correspondía, es decir, la División Motocicletas.

SEÑALES EXPLÍCITAS

“Yo no tengo dudas, esto obedece a una persecución hacia mi persona”, evalúa sin medias tintas Julio Giménez, policía retirado, ante la consulta de ENREDACCIÓN.

Giménez es miembro de la Unión de Policías y Penitenciarios Córdoba Argentina (UPPAC, el gremio de los uniformades), y además es testigo y querellante en el juicio que comenzará el 18 de este mes, en el que se investiga el asesinato de Alberto Giménez, exgremialista alineado con Agustín Tosco, y que fue fusilado por la espalda por el Comando Libertadores de América. En esa misma causa se investigan las amenazas que recibió el propio Giménez de parte de Ramón Ángel Frías (exjefe de Policía), al enterarse de que su subalterno se había constituido en querellante ante la Justicia Federal.

“El juicio por el fusilamiento de mi padre comienza en 17 días, y con esta sanción, es casi un hecho que mi mujer no va a poder estar acompañándonos”, se lamentó.

Al enterarse de la sanción, entregada ayer a las 15 horas, Giménez no demoró en ponerse en contacto con el comisario Hugo Lafón, responsable del Departamento Especial de Protección de Testigos, para ponerlo al tanto de la situación. “En el Tribunal Oral me habían dicho que notificara a ese personal ante cualquier situación que nos tocara atravesar a mí y a mi familia”, señaló Giménez . La respuesta fue lacónica: “No puedo hacer nada”.

“Yo no tengo dudas, esto obedece a una persecución hacia mi persona”, evalúa sin medias tintas Julio Giménez , policía retirado, ante la consulta de ENREDACCIÓN.

A ello le siguió una exposición ante el Programa Nacional de Protección de Testigos, que funciona bajo dependencia de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. En el transcurso de la tarde de ayer, esa dependencia preparó un informe que a primera hora de hoy estará sobre el escritorio del titular del área, Claudio Avruj, para ponerlo al tanto de lo sucedido.

“Mi mujer, no quiere hablar, te pido que la disculpes”, dice Giménez, señalando que Robledo “se halla presa de una situación de nervios por el temor a represalias”.

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