Se abrió esa posibilidad luego de la audiencia que mantuvieron en Curitiba los legisladores cordobeses Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio con dos de los fiscales que investigan el mayor caso de corrupción en obra pública de la historia. Los funcionarios brasileros se manifestaron interesados en el "caso Córdoba" con la obra de gasoductos, reconocieron el modus operandis de las constructoras y abrieron la posibilidad de avanzar en la investigación.

Liliana Montero, Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros, junto a dos de los fiscales del Lavajato, Paulo Galvão y Laura Gonçalves Tessler.
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“Con ellos no tuvimos que explicar nada. La tenían clarísima”.

Con pocas horas de haberse bajado del avión, el legislador Juan Pablo Quinteros hacía su primera valoración del encuentro con los fiscales brasileros. “No nos hicieron perder el tiempo como acá. Porque ellos ya saben cómo funcionaron las coimas, que las paga uno, que gana el otro, porque está totalmente probado que las empresas trabajaron cartelizadas”, contó en diálogo con ENREDACCIÓN.

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En un viaje relámpago de poco más de 24 horas, los legisladores de la oposición Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) mantuvieron una reunión el día lunes con los procuradores Paulo Galvão y Laura Gonçalves Tessler, dos de los trece fiscales del equipo especial que se halla abocado de manera exclusiva a la investigación de la causa “Lava Jato”, bajo la coordinación del Fiscal Deltan Dallagnol . La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público Federal en Curitiba, capital del estado de Paraná.

La descripción del legislador del Frente Cívico pinta de algún modo el tenor en el que se dieron las conversaciones con los procuradores brasileros, que se encargaron de demostrar que sabían perfectamente de qué tipo de maniobras les hablaban, y reconocían casi a simple vista una matriz de corrupción que vienen persiguiendo con éxito no sólo en Brasil sino en varios países del mundo.

CORRUPCIÓN RECORD

De por sí, la causa de Lava Jato, que involucra a un grupo de empresas constructoras brasileñas, centenares de ejecutivos y también de funcionarios públicos, no deja de causar asombro, aún entre los que están acostumbrados a lidiar con casos de corrupción.

Desde que aparecieron los primeros casos de delación premiada, la causa del Lava Jato ya lleva acumulados más de 1700 procedimientos judiciales, algo más de un centenar de condenas de cumplimiento efectivo y 303 pedidos de cooperación internacional en 29 países. Difícil resulta imaginar un entramado de corrupción mayor que el desatado por Odebretch y el pool de empresas constructoras que se beneficiaron durante más de una década.

“Les hicimos ver que se trataba de dinero puesto por Brasil, que probablemente de allí había venido el financiamiento de 6,7 millones de dólares que se pagó sólo por los estudios preliminares”, señaló Montero, detallando lo que fueron los argumentos para intentar convencer a los fiscales brasileros que tenían competencia para investigar”

Estaba claro que la intención del trío cordobés era lograr movilizar a los investigadores para que intenten echar luz sobre las causas que la Justicia de Córdoba ya se ha encargado varias veces de obstaculizar y hasta archivar, convencida de que el paso de Odebretch, OAS y Andrade Gutiérrez por Córdoba fue algo parecido a una excepción de pulcritud no mostrada en ninguno de los demás distritos donde actuaron.

“La explicación central que les llevamos fue que en el marco del proyecto de gasoductos, el compromiso de financiación negociado por el gobierno de Córdoba en el proceso de licitación fue a través del BNDES, que es un banco público brasilero”, explica Liliana Montero.

En efecto, el compromiso era que el Banco Nacional de Desenvolvimento fuera el que aportara los fondos, detalle aprovechado el lunes por la comitiva de cordobeses. “Les hicimos ver que se trataba de dinero puesto por Brasil, que probablemente de allí había venido el financiamiento de 6,7 millones de dólares que se pagó sólo por los estudios preliminares”, señaló Montero, detallando lo que fueron los argumentos para intentar convencer a los fiscales brasileros que tenían competencia para investigar.

Esa millonaria cifra surge de información oficial de la Agencia Córdoba Investión y Financiamiento (ACIF), ente encargado de gestionar las financiaciones internacionales para grandes proyectos, que le fue entregada al legislador García Elorrio en virtud de un pedido de Acceso a la Información Pública, dato que luego fue planteado en el recinto de la Legislatura, ante la mirada incrédula de la bancada de Unión por Córdoba.

Incursión a Brasil. Los tres legisladores de la oposición se reunieron con investigadores brasileros.

CARTELIZACIÓN SOBRE LA MESA

Según coinciden los tres legisladores consultados para esta nota, la postura de los fiscales del Lava Jato durante la reunión fue reconocer la matriz de operaciones desplegada en Córdoba y presumir que podía tratarse de un caso similar a los ya investigados. “Pero no te puedo afirmar que se comprometieron a investigar. En todo momento fueron absolutamente cautos, nos escucharon y nos explicaron la situación de la investigación”, dijo Montero.

Una idea de ese entramado puede leerse en la llamada “Lista de Youssef”, que no es otra cosa que un detalle de gestiones y coimas entregado a la justicia brasilera por el delator premiado Alberto Youssef, con información precisa relacionada con las distintas obras en las que participó el pool brasilero.

“Obviamente le preguntamos por Youssef y la posibilidad de pedirle que brinde más información sobre quiénes son estas personas y cómo actuaron”, sostuvo Quinteros, consciente no obstante de que los tiempos y las prioridades de investigación las manejan esos fiscales”

En ese listado aparecen menciones directas a Córdoba y las enigmáticas figuras de tres intermediarios quienes habrían sido los encargados de concretar el pago de los sobornos, o al menos de sus negociaciones: Luis Leandro, José Edilson Cruz y Fernando Gomes. No se sabe si se trata de seudónimos o de nombres reales. Lo cierto es que son tres eslabones directamente vinculados con el posible pago de coimas en las obras de los gasoductos troncales.

“Obviamente le preguntamos por Youssef y la posibilidad de pedirle que brinde más información sobre quiénes son estas personas y cómo actuaron”, sostuvo Quinteros, consciente no obstante de que los tiempos y las prioridades de investigación las manejan esos fiscales.

En ese tenor, los procuradores que recibieron a los legisladores cordobeses validaron la posibilidad de que en Córdoba se haya intentado repetir el modelo de cartelización desplegado en otros lugares.

“Nos pasó que el juez Gustavo Hidalgo se apresuró a archivar la investigación diciendo que no tenía sentido que una empresa (OAS en sociedad con IECSA y Brito) pagara una coima en un proceso de licitación que luego ganó otra empresa (Andrade Gutiérrez en sociedad con Electroingeniería)”, relató la legisladora Montero, criticando al magistrado por no haber tenido en cuenta el mecanismo con el que se han manejado en diversos países. “Planteamos la cartelización, porque es así como funciona, y los fiscales lo ratificaron. Saben que en todos los países se manejaban con socios locales, y acá los encontramos también”, señaló, en referencia a IECSA, Electroingeniería y Britos, entre otras.

Por esa razón es que los investigadores van a analizar si es que corresponde que inicien un expediente por estas presentaciones y eventualmente establecer nuevos contactos para avanzar en ese sentido.

Luego de repasar en conjunto el planteo cordobés y la documentación presentada, los fiscales se comprometieron a estudiar el caso. “Nos traemos el interés de los brasileños y logramos que avance una causa que por ahora no estaba en su radar”, evaluó Liliana Montero.

Y además, es altamente probable que éste no haya sido el último viaje a Curitiba.

 

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