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Final abierto para los asaltantes de la financiera de Nueva Córdoba

Lunes 13 de Julio de 2020

Final abierto para los asaltantes de la financiera de Nueva Córdoba

Esta tarde, después de tres meses de espera, la Cámara 8ª del Crimen integrada con jurado popular dictará sentencia a los cinco acusados del asalto a la financiera de Nueva Córdoba. El caso tiene condimentos para quedar en la historia criminal de Córdoba: una banda armada hasta los dientes, una presunta cueva financiero, algo que sale mal, un tiroteo en el corazón de barrio estudiantil y tres muertos a balazos: el suboficial Franco Ferraro (29) y los dos líderes del grupo, Ricardo “el ciego” Hidalgo (62) y Ricardo Serravalle (54), viejos conocidos del hampa cordobés.

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El juicio (que estuvo suspendido durante semanas por la pandemia) también dejó muchas puntas abiertas, que quedaron expuestas en las tres jornadas de alegatos realizadas la semana pasada. Si bien hay casi total certeza de quienes participaron del robo, ocurrido la noche del 16 de febrero de 2018 en un departamento el séptimo piso de Rondeau 84, las posturas entre la fiscalía y la defensa están enfrentadas en cuanto a la figura penal por la que deberían ser condenados.

El jurado popular deberá definir si son responsables de robo calificado, como asegura de defensa, o de homicidio criminis causae, la acusación que sostiene el Ministerio Público Fiscal. Y la decisión por una u otra tiene mucho peso, es trascendental, dado que la primera implica pasar poco más de diez años en prisión y la segunda prevé como única pena la prisión perpetua.

Quienes están en esa dicotomía son Diego Tremarchi (32), Ariel Murúa Rodríguez (43) y Ariel Gramajo (43), los tres acusados que esa noche estuvieron en la escena del crimen. Las otras dos personas sentadas en el banquillo son los hermanos Miguel Ángel Mitre (65) y Teresa Mitre (69). Teresa era empleada del dueño de la financiera, Guido Romagnoli. Los Mitre son tíos abuelos de Tremarchi y, según la fiscalía, fueron los enlaces con la banda. Para ellos el fiscal solicitó penas de siete años y medio en prisión domiciliaria, mientras que sus abogados consideran que deben ser absueltos.

Las diferencias se sustentan en los más de 40 cuerpos que tiene el expediente. En lo que hay en ellos, pero también en lo que no hay. El fiscal Hugo Almirón enumeró evidencias y pruebas contundentes para sostener su acusación. Incluso las filmaciones de las cámaras de seguridad, la información de los celulares y hasta prueba genética de uno de los acusados.

Pero a su vez, la investigación a cargo del fiscal Rubén Caro deja ver hilos sueltos. Sobre todo, en el hecho principal del juicio, el asesinato del policía Franco Ferraro, quien recibió un balazo en el tórax que le entró por el costado del chaleco protector, cuando intentaba escapar del edificio. Durante la instrucción, la presunta pistola homicida marca Glock calibre 9 milímetros que usaba Serravalle, desapareció. La defensa cuestiona la transparencia del peritaje balístico realizado al proyectil hallado en el cadáver, una bala 9 milímetros que, señalan, podría pertenecer a un arma reglamentaria de la Policía, una Bersa 9 milímetros. La hipótesis abre una posibilidad escalofriante: que, en el cruce de balazos, Franco pudo haber sido asesinado por “fuego amigo”, como sostuvo su propio padre, también policía, en un audio difundido en el juicio. Cabe señalar que la familia del policía decidió no presentare como querellante.

ALEGATOS 

Hoy, antes de escuchar la última palabra de los imputados, el tribunal técnico integrado por los vocales Marcelo Jaime (presidente), Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno deberá responder a los planteos de nulidad realizados por dos de los defensores. El martes pasado, los abogados Nicolás Díaz, Eduardo Caeiro y Carlos Hairabedian cuestionaron la investigación policial y se pronunciaron en contra de las duras acusaciones que soportan sus clientes. Solo después, los acusados podrán hablar y el jurado popular pasará a debatir el veredicto, que podría conocerse pasado el mediodía.

Díaz representa a Gramajo, un hombre que durante el juicio se presentó como especialista en abrir cajas fuertes. Llegó acusado de homicidio criminis causae, pero su defensor sostiene que no tuvo participación en la muerte de Ferraro. Según el propio Gramajo, esa noche llegó al departamento sin portar armas de fuego y pudo escapar saltando por los balcones de un edificio contiguo, que da a la calle Buenos Aires. Díaz cuestionó la prueba recogida por la Policía y sostuvo que su cliente debe ser condenado por robo calificado por el uso de arma de fuego, con una pena de 13 años de cárcel.

Hairabedian alegó por videoconferencia en defensa de Ariel Murúa Rodríguez (43), el supuesto “campana”. Murúa Rodríguez asegura no haber entrado al departamento, estaba en un auto a pocos metros del edificio. Dos audiencias atrás, desde el Penal de Bouwer dijo: “Yo disparé, pero para salvar mi vida, porque la Policía no dio voz de alto”. Una de las pruebas que obra en el expediente es una gorra con cabellos del acusado que la policía levantó, supuestamente, del interior del departamento. Para Hairabedian, esa prueba fue “plantada” durante la investigación y por tal motivo pidió la absolución de su cliente.

COVID JUDICIAL

La segunda etapa del juicio, tras el receso en tribunales por la Pandemia, estuvo marcada las restricciones sanitarias establecidas por el COE. La declaración de la última testigo y los alegatos de las partes se realizaron bajo estrictas medidas de distanciamiento. Entre ellas, la más importante, la ausencia de los acusados en la sala. Tremarchi, Murúa y Gramajo siguieron la audiencia desde Bouwer, por sistema de videoconferencia.

Ver también

Para Hairabedian, las dificultades tecnológicas que se presentaron durante las jornadas violaron el “principio de inmediatez”, razón suficiente, entiende él, para solicitar la nulidad del juicio. Para el fiscal Hugo Almirón, ese derecho de la defensa está garantizado con la presencia de su defensor en la sala y con las grabaciones de las audiencias.

La otra nulidad fue presentada por Caeiro, defensor de Tremarchi, quien cuestionó las “irregularidades” del procedimiento policial al momento de recolectar la prueba. Como sea, todas estas puntas que por ahora quedan abiertas, podrían definirse con el correr de las horas.

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