La semana pasada circularon entre las filas penitenciarias una serie de fotos sacadas por internos de Bouwer, en las que hacen ostentación del consumo de drogas, uso de armas y libre disposición de teléfonos celulares. A tal punto llega la falta de control, que los mismos internos mantienen perfiles personales en Facebook, donde exhiben con total naturalidad elementos que encienden la alarma: pistolas, facas, dinero, drogas.

Una FM Hi Power con cargador ampliado y en condiciones operativas. Desde el SPC admitieron preocupación.

Facas, pistolas, cocaína, marihuana, celulares, billetes, fotos, perfiles de Facebook. Todo a la luz del día y con la ostentación de quienes construyen un nombre en base a lo prohibido. Porque lo prohibido, dentro de la cárcel, otorga estatus.

Como en tantas otras cárceles del país, en la cárcel de Bouwer lo temerario se vuelve cotidiano. A la vista de todos. Y a riesgo de quien se lo cruce.

La semana pasada corrieron entre las redes sociales y grupos de WhatsApp de los penitenciarios cordobeses una serie de temerarias imágenes de reclusos del complejo de Bouwer, con tomas dentro de sus celdas, en las que hacen ostentación de esos elementos prohibidos.

En la serie de imágenes se pueden ver smartphones, una faca de considerable tamaño, una pistola Bersa 9 milímetros con su cargador, 5 municiones para esa pistola, gran cantidad de billetes de 100 pesos, picadura de marihuana y porros armados, cortes de cocaína, más y más billetes, fotos tomadas en los patios y en los espacios de visitas.

Parte de todo ello ocurrió en el pabellón C4 del módulo MD1 de Bouwer, y son fotos que están subidas a diversos perfiles de Facebook que los mismos internos mantienen con total indemnidad y sin que ello les traiga consecuencias.

Ostentación de consumo de marihuana. Las drogas, un serio impedimento para la supuesta “reinserción”.

“Son situaciones que nos preocupan, porque si todos esos elementos prohibidos están ingresando tan fácilmente a las celdas, la consecuencia es que se está poniendo en riesgo a los empleados”. La afirmación proviene de un oficial del Servicio Penitenciario, quien ante la consulta de ENREDACCIÓN admitió la preocupación por la situación y reconoció que las supuestas requisas en Bouwer “terminan siendo un colador”.

La misma fuente reconoció la preocupación por la imagen de la pistola Bersa y de la FM Hi Power con cargador ampliado de fabricación tumbera. “Es de enorme gravedad, porque esto pone bajo riesgo al personal penitenciario que convive diariamente con esta gente, y que por ley ingresa a las cárceles sin armas. Imaginate lo que puede pasar si los internos deciden usar un arma como éstas”, señaló.

Foto en el pabellón. La prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles parece letra muerta.

Más allá de ese lógico análisis, otras fuentes del SPC relativizaron la veracidad de la imagen difundida. “No creo que esa pistola esté adentro de la cárcel. La foto puede haber sido sacada en otro lado”, evaluó.

Pese a relativizar la posibilidad de que la foto de la Bersa 9mm corresponda a un arma efectivamente dentro del complejo de Bouwer, lo cierto es que en lo que va de 2017 se ha dispuesto gran cantidad de requisas profundas y sorpresivas, ante el dato de que efectivamente hay un arma de estas características en manos de los internos, lo cual pone en alerta a todo el SPC. Por ahora, ninguna de esas requisas ha logrado resultados positivos.

CELULARES, NO

La presencia y el uso de celulares dentro de las cárceles de Córdoba y del país es una discusión que por el momento no se ha dado. El gobierno provincial simplemente ha persistido en la postura de prohibirlos, como modo de intentar controlar la modalidad delictiva de los secuestros virtuales, que en sus orígenes eran casi exclusivamente perpetrados desde los pabellones carcelarios.

Además de la simple prohibición, el gobierno lleva gastados cientos de miles de pesos en sistemas inhibidores de señal instalados en los diversos corredores carcelarios, aunque en la práctica nunca terminaron de funcionar. La prueba la termina dando la profusa utilización de estos aparatos desde los diversos complejos carcelarios.

El manifiesto fracaso de la prohibición de utilizar celulares, en una sociedad que casi no puede subsistir sin ellos, ha puesto bajo discusión esta medida. De hecho, en algunas cárceles uruguayas ya se permite el libre uso de celulares, al entender que su prohibición atentaba contra el supuesto afán de la propia pena privativa de la libertad, y que además, en la práctica tal restrucción resultaba inviable.

Corte de cocaína en la mesa y los internos haciendo ostentación de ello.

¿CÓMO ENTRAN?

Las vías para ingresar materiales prohibido a las cárceles cordobesas están resultando ser mucho más sofisticadas que los mecanismos implementados por el estado provincial para impedirlo.

El “problema”, según coinciden los penitenciarios consultados, ha sido la decisión de la Justicia Federal que no permite realizar las llamadas “requisas profundas” a las visitas. Lo que fue inicialmente una medida que favorecía únicamente a los familiares de los presos federales, se extendió luego por decisión del Juzgado Federal Nº3 a todos los internos de las cárceles cordobesas.

“El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces”. Artículo 163, ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660.

Tal medida, no obstante, ha puesto en evidencia el nulo avance del Servicio Penitenciario de Córdoba para poner en práctica lo dispuesto desde el año 1996 por la ley 24.660, que instaba a los gobiernos provinciales y al federal a reemplazar los mecanismos manuales para las requisas. “El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces” es la formulación del artículo 163.

La redacción de ese texto fue concebida y aprobada hace exactamente 21 años. Al menos en Córdoba, nada se ha avanzado en esta material. Las consecuencias están cada vez más a la vista, atentando contra los supuestos objetivos de reinserción de la ley, y también contra la seguridad de los empleados penitenciarios que tienen a cargo parte de esa tarea.

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