El autor de esta columna señala que proyecto privatizador del gobierno provincial en EPEC pone en riesgo el futuro de Córdoba.

El gobernador Juan Schiaretti y el ex-primer mandatario provincial, José Manuel De la Sota.

El 25 de marzo del año 2000, José Manuel De la Sota hizo aprobar  en la Legislatura el Proyecto de Privatización de EPEC y del Banco de Córdoba. Fue con la conocida Ley Bodega.

En el país gobernaba Fernando De la Rúa, continuador de las políticas menemistas, que llevó adelante el “blindaje” y luego el “mega-canje”. Fue la etapa final del control y monitoreo del FMI  iniciado en los ’90 y que terminaría en el corralito, el default de la deuda externa  y la explosión del país en todos los planos, de diciembre del 2001.

De la Sota aplicando su modelo de “menemismo tardío” se puso en sintonía con el desbarranque final del modelo neoliberal instrumentado por De la Rúa y Domingo Cavallo.

Su ministro de entonces, Carlos Caserio, (el mismo que en estos días intenta hacer naufragar en el Senado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo),  junto al ingeniero Carlos Bastos, ex Secretario de Energía de Carlos Menem, fueron los encargados directos de la privatización que al mes de octubre de 2001 estaba a punto de ser entregada al grupo norteamericano ENRON.

Las movilizaciones populares desarrolladas en torno a un plan de lucha de meses llevado adelante por el Sindicato de Luz y Fuerza detuvieron el desguace planteado por De la Sota. La crisis económica y el estallido del 2001 terminaron por mandar a pique el proyecto privatizador.

De la Sota aplicando su modelo de “menemismo tardío” se puso en sintonía con el desbarranque final del modelo neoliberal instrumentado por De la Rúa y Domingo Cavallo.

El gobernador Juan Schiaretti ha presentado en este último mes su propio proyecto de privatización de la EPEC, elaborado por una consultora experta en estas tareas.

El gobernador Juan Schiaretti ha presentado en este último mes su propio proyecto de privatización de la EPEC, elaborado por una consultora experta en estas tareas.

Al igual que la privatización que pretendió llevar adelante De la Sota en aquellos años, ha buscado el momento preciso para hacerlo, cual es la vuelta de Argentina a la órbita del FMI, por decisión del gobierno de Macri, con sus consiguientes planes de control y monitoreo, que no son otra cosa que brutales planes de ajuste, y que guarda parecidos inocultables con la misma situación vivida ente nuestro país y el FMI, en los años 2000/01 y sus planes de “blindaje” y “mega-canje”.

De la misma manera, cuando los achiques en el gasto público en materia social, de salud, educación, y transferencias a las provincias, no son suficientes para las “metas de ajuste” impuestas por el Fondo, se venden las joyas de la abuela. En este preciso punto está la esencia de los acuerdos que exige el FMI: controlar la economía del país para quedarse con sus negocios redituables que generalmente coinciden con sus áreas y reservas estratégicas. Por eso, hoy el proyecto de privatización de la EPEC, plantea en primer lugar un desguace de la empresa pública, para dividir la venta posterior en unidades de negocios redituables, a precios de remate.

No se utiliza los argumentos de los años ‘90, de las inversiones externas o la mejoría del servicio, ya que los terribles ejemplos de EDENOR y EDESUR, en este sentido han sido aleccionadoras, y lo más importante, lo sufren en carne propia en Buenos Aires y es de conocimiento de la mayoría de la sociedad. Tampoco usan el tema del valor de las tarifas por razones obvias, ya que se han incrementado en forma despiadada en estos últimos dos años.

Igual que en los intentos privatizadores anteriores apunta a hacer caer el Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza de Córdoba de manera directa o apelar a nuevas unidades empresariales que le permitan instrumentar la aplicación de otros Convenios Colectivos, siguiendo en este caso el ejemplo de las tercerizaciones que realizó el Gobernador Mestre (96/98) que empleaban el CCT de UOCRA.

El 17 de julio de 2001, dos diputados provinciales en épocas de Bicameral aún, convocamos a una Audiencia Publica en la que participaron más de doscientas organizaciones sociales, que denunciaron,  hablaron y entregaron importante documentación sobre los efectos de la privatización de la energía para la Provincia y sus habitantes. Allí no empezó ni terminó nada, pero si sirvió para que un ámbito institucional de la Provincia creara un espacio de expresión de la sociedad civil que a su vez contribuyera a articular los esfuerzos del conjunto.

Hoy quizás la experiencia valga como antecedente. Hay Legisladores que han tenido posiciones claras de defensa del patrimonio público provincial, que podrían en esta situación hacer su aporte con la convocatoria a un espacio de participación al conjunto de los actores sociales de la provincia para opinar qué hay que hacer con EPEC. Como hacemos para mejorarla y hacerla verdaderamente más transparente y publica.

La EPEC ha sido una herramienta fundamental para construir el desarrollo en los distintos ámbitos productivos y mejorar la calidad de vida en todos los rincones de la Provincia. Es impensable nuestra Córdoba sin la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y el sistema de Cooperativas de Servicios Públicos que se sirve de ella.

La EPEC ha sido una herramienta fundamental para construir el desarrollo en los distintos ámbitos productivos y mejorar la calidad de vida en todos los rincones de la Provincia. Es impensable nuestra Córdoba sin la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y el sistema de Cooperativas de Servicios Públicos que se sirve de ella. Esto es lo que pone en riesgo una vez más este proyecto privatizador, parte inseparable de los Ajustes impuestos por el FMI. Y esto es lo que debe convocar a la participación y al compromiso ciudadano en su defensa y mejoramiento.

* Carlos Vicente es abogado. Está trabajando en un libro de próxima edición sobre la incidencia de la Reforma Universitaria de 1918 en la historia democrática de Córdoba y en el rol de la UNC en la “Primavera Democrática” de los ’80.

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