Estaría cercano a salir un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el cual se espera que se confirme lo resuelto por un tribunal inferior y que ordena reincorporar a la fuerza policial a Marcelo Izquierdo, un ex agente cesanteado de forma irregular en 2008. En los últimos años, Izquierdo se ha convertido en el principal motor de denuncias de resonantes casos de corrupción dentro de esa fuerza. En el gobierno no quieren saber nada con la reincorporación.

El ex agente lleva casi 9 años esperando que se resuelva su situación, hoy en manos del TSJ. En el gobierno no quieren que se reincorpore a la Policía. (Foto: ENREDACCIÓN).

Ha sido un verdadero dolor de cabeza para la plana mayor de la Policía de Córdoba. Pero no es un delincuente, sino un policía al que creyeron haberse sacado de encima en el año 2008, el 26 de noviembre, cuando luego de una emisión del programa ADN montado a partir de una denuncia del uniformado, se aceleró su proceso de baja y “eyección”.

Se trata de Marcelo Fabián Izquierdo, hombre que desde entonces ha recorrido casi todo el camino judicial para luchar por su reincorporación y que en abril de 2015 obtuvo un fallo favorable de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que con el voto del juez Ángel Gutiez, ordenó su reincorporación a la fuerza policial en un plazo de 30 días.

Aquel fallo fue apelado por la Provincia y hoy, al cumplirse dos años exactos de esa resolución, se encuentra a las puertas de una resolución definitiva de parte del Tribunal Superior de Justicia, según confiaron fuentes del Palacio de Justicia.

Es por eso que el gobierno provincial ve con preocupación la posibilidad de un nuevo fallo desfavorable. Lo mismo percibe la plana mayor de la Policía. Nadie quiere a Izquierdo de regreso en la fuerza.

VEHÍCULO DE DENUNCIAS

Desde que fue cesanteado en 2008, Marcelo Izquierdo se ha convertido en un epicentro de información policial. A su celular llegan cada día decenas de mensajes de uniformados en actividad con relatos de episodios de corrupción. Saben que es imposible denunciar por los carriles normales, entonces se valen de Izquierdo, quien en los últimos años se ha convertido en un vehículo estratégico para que esas denuncias lleguen a conocerse.

“Todo el mundo sabe que si estás dentro de la Policía no podés denunciar a tus superiores. El policía ha perdido la confianza a la cadena de mandos y en el Tribunal de Conducta”, señala Izquierdo en diálogo con ENREDACCION, tratando de explicar cuál ha sido su rol -querido o no- durante los últimos años.

A su órbita han llegado en los últimos años denuncias de peculado, robo, abusos policiales, irregularidades, estafas y robos, perpetrados por jefes policiales, la gran mayoría derivadas luego a diferentes medios de prensa para que esos casos finalmente se conocieran. Con un dato insoslayable: en gran cantidad de casos estos episodios han derivado en escándalos mediáticos, algunos en acciones del Tribunal de Conducta Policial, y algunos otros en actuaciones judiciales.

Este personaje, dueño de un filoso perfil en Facebook y otro similar en Twitter y que pone nerviosos a muchos de los que son objeto de sus señalamientos, no podrá ser rotulado simplemente como un “denunciador serial”, ya que también se ha encargado de llevar periódicamente su información a los bloques legislativos de la Unicameral, intentando que los representantes de la ciudadanía cordobesa estén al tanto de la información que maneja.

Es por eso que se ha reunido con bloques legislativos de la oposición para aportar su experiencia e información. Fe de ello pueden dar los legisladores de distintas fuerzas como Liliana Montero (Córdoba Podemos), Aurelio García Elorrio (Vecinalismo), o en la gestión anterior el radical Rodrigo de Loredo, con quienes ha tenido vinculación. Muchos de los aportes se convirtieron en proyectos de ley o en pedidos de informes a las autoridades a cargo de la seguridad en Córdoba.

De hecho, Izquierdo llevó una propuesta de ley para que se reforme la modalidad de designación del jefe de Policía. “Se requiere que los cargos de Jefe de Policía y Estado Mayor Policial sean rendidos la Legislatura por concursos, para evaluar las capacidades y aptitudes de los futuros mandos policiales, al igual que sus antecedentes y trayectorias dentro o fuera de la institución policial, que deberán ser conocidos por todos los estamentos policiales e involucrados, para que sea una Policía profesional, justa, eficiente e independiente de los designios del poder político de turno”, dice parte de su argumentación, que también sugiere que retiros y ascensos sean fiscalizados por el legislativo “antes de ser firmados y decretados por el Poder Ejecutivo”.

UNA SALIDA TRABAJADA

En el año 2005 y a partir de la “sentada” del cabo Claudio Cisneros, comenzó a gestarse el gremio policial, hoy denominado Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba. Izquierdo fue uno de los primeros en acercarse, participando de sus actividades y también accediendo a aportar la cuota sindical desde su sueldo. “Ahí comienza la persecución”, recuerda.

El ex agente asegura que “ha sido motivo de persecución haber denunciado hechos de corrupción en la Policía”. (Foto: Archivo)

También que comenzó a ser mal visto por sus superiores cuando se negó a aceptar órdenes de aplicar el Código de Faltas para “hacer número con las detenciones”, en momentos en que se desempeñaba en el Comando de Persecución Inmediata (CPI) del Parque Sarmiento, custodiando el sector aledaño a la Facultad de Odontología. “Tuve un cruce fuerte con mi superior que me pedía que trajera un número de detenidos”, relata. Pero claro, en un entorno universitario había poca posibilidad de aplicar ese ya polémico instrumento normativo.

El entredicho le valió a Izquierdo su primera licencia laboral. Según él mismo denuncia, fue convocado al Policlínico Policial donde un médico le firmó una licencia por 30 días, con retiro del arma. “No me preguntaron nada. Te dan la licencia ‘de pecho’, y uno ya sabe por qué te la dan”, describe.

Al reincorporarse -luego de sucesivas prórrogas de esa licencia-, fue trasladado a la Unión de Contención del Aprehendido, la célebre UCA que funcionaba en la vieja Cárcel de Encausados. Ahí cumplió tareas no operativas, que incluían el traslado de detenidos, control mientras trabajaban en el mantenimiento del derruido edificio.

En febrero de 2008, estalló un motín en ese centro que estaba bajo el control de la Policía. Hubo heridos y toma de rehenes. La tarde anterior Izquierdo había dado aviso sus superiores. Un interno le había dicho que iban a tomar la cárcel, algo que finalmente se cumplió. “No vayás a querer decir a nadie que me habías avisado, Izquierdo”, le dijo su superior, el subcomisario Arévalo, intentando cubrirse de la responsabilidad. Izquierdo, obviamente, hizo lo contrario.

Ello le valió una nueva y forzada licencia médica, un posterior traslado a la UCA Norte, en la calle Antonio del Viso, y luego un pase al Departamento de Coordinación Operacional, en avenida Castro Barros al lado de la ex Comisaría 9ª. Se acercaba el fin de sus casi siete años de carrera policial.

En ese lugar se desempeñó como jefe de guardia y encargado de la sala de armas. Y otra vez el mismo: enterarse de una situación irregular, denunciarla, y las consecuencias de siempre.

“Verifico que se asignaba personal de guardia para que cuidara una obra en construcción en la calle Victorino Rodríguez 1881. Estuvo más de un año cuidando esa obra, con personal que no era de adicional sino personal de calle”, cuenta. El dueño de esa obra era Gabriel Pérez Barberá, en ese entonces titular de la Policía Judicial, luego vocal de la Cámara de Acusación y actualmente fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones.

Se trataba de una situación de peculado, en la cual el funcionario se valía de recursos públicos para beneficio privado, algo que en realidad tendría que haber sido a cambio del pago de adicionales.

A iniciativa de Izquierdo, la información llegó a la producción del programa ADN, de Tomás Méndez. El informe que documentaba la situación de corrupción se emitió el domingo 23 de noviembre de 2008. Un día antes, el dato le fue filtrado y anticipado al entonces jefe de Policía, Alejo Paredes, acerca de la situación.

Al lunes siguiente, presumiendo lo que se vendría, Izquierdo pretende presentar una carpeta médica por ocho días, pero al llegar a la Jefatura le avisan que le había salido la baja. Terminó firmándose el 26 de noviembre 2008. El argumento: aplicación del artículo 77 inciso a de la ley 6702, una argucia que fue muy utilizada para quitarse de encima a los empleados “ruidosos”.

“Ellos te van metiendo licencias médicas de pecho, que vos no pedís. Y cuando acumulaste cierta cantidad de días licencia, te pueden dar la baja”, reseña.

Justamente el inciso aplicado a Izquierdo señala que “cuando no corresponde retiro, por notable disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el correcto desempeño de las funciones policiales, la baja deberá ser declarada por resolución definitiva recaída en información sumaria, con dictamen de Asesoría Letrada. Deberá siempre oírse al afectado en su descargo”.

FALLO CANTADO

No fue sencilla la espera, al aguardo de que la Justicia analizara su caso. “No es fácil estar en el lugar que me puse, porque molestás al poder y te quieren reventar”, cuenta Izquierdo. “Reventar” en este caso, no pareciera ser sólo una metáfora, si se tiene en cuenta las amenazas de las que ha sido víctima de manera sistemática, pero también el secuestro de que fue víctima en 2011.

En un alarmante relato que parece más propio de otras épocas en la historia de nuestro país, Izquierdo asegura que en junio de ese año fue detenido violentamente por policías que lo trasladan detenido a la UCA. “Imagínate, ahí estaba todavía personal que había trabajado conmigo, y se negaron a recibirme”, recuerda. Permanece sólo unas horas en ese lugar y es liberado luego de firmársele un certificado médico de “no-permanencia”, es decir, para garantizar que no había sido golpeado.

A pocas horas de ser liberado de esta detención ilegal, es nuevamente aprehendido y llevado a la Comisaría 16 bis, donde se lo aloja en una celda, según el relato de Izquierdo. “A la tarde se me acerca el oficial a cargo y me avisa: ‘A la noche te van a hacer de goma’”. Izquierdo sólo atinó a pedir un teléfono para hacer un llamado y logra pide ayuda a través de sus viejos compañeros del sindicato policial. Luego de permanecer más de cuatro horas detenido sin saber por qué y a la espera del “escarmiento”, es finalmente liberado.  “El hecho está denunciado ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Es un secuestro con intimidación para que no siguiera hablando. Nunca se investigó nada”, se resigna.

Lo concreto es que recién a los siete años, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación logró dictaminar que el despido de Izquierdo había sido arbitrario. La estrategia planteada por su abogado, el doctor Gonzalo Richart Guidet, fue atacar las anomalías en el proceso de despido, que eran mucho más demostrables y documentables, y no la persecución de la que Izquierdo fue objeto, siempre materia de polémica. O al menos polemizable.

Fallo favorable. En 2015 la Justicia le dio la razón a Izquierdo y ordenaba su reincorporación a la fuerza policial. Fue nota de tapa en Comercio y Justicia (Imagen: Gentileza Comercio y Justicia).

 

Bastó sólo utilizar la misma documentación aportada por la Policía, en la cual se demostraba que la (supuesta) junta médica que dictaminó la incapacidad “por manifiesta disminución de aptitudes físicas o mentales” tuvo lugar el día 22 de noviembre, mientras que el (supuesto) descargo del aludido fue el día anterior, el 21 de noviembre.

“Difícilmente alguien pueda descargar o defenderse de un cargo que aún no se le hizo en forma, atento que la notable disminución de aptitudes debía ser constatada previamente por la Junta, lo que, conforme surge de las actuaciones administrativas analizadas, no ocurrió ni siquiera con posterioridad”, escribió en sus fundamentos el juez Ángel Gutiez, autor del fallo. “Por lo expresado -continuaba-, lejos está de poder constituir un ‘descargo’, en el sentido establecido por la normativa, la exposición del actor”, escribió el magistrado, convencido de que por tal razón “Izquierdo se vio privado de ejercer su derecho de defensa”.

Pero además el juez parece inferir que no había tal “incapacidad manifiesta”, al mencionar en su voto los resultados de la pericial médica que formó parte del proceso judicial, cuyas conclusiones, según Gutiez, “no alcanzan a generar la convicción de que el grado de enfermedad que el actor padece lo inhabilita para el desempeño de funciones policiales”.

Aunque el fallo y sus argumentos fueron categóricos e intimaban a la Provincia a reincorporar al demandante, el Gobierno apeló la resolución.

¿Y si el TSJ confirma?

La posibilidad sobrevuela algunos despachos de Casa de Gobierno. Si bien en el derecho no hay juicios ganados ni perdidos, y si bien muchas veces los criterios del TSJ han demostrado ser en algún punto “influenciables” por el poder, lo cierto es que parecen haber pocos resquicios para “voltear” el fallo de primera instancia. Y ello implicaría, lisa y llanamente, que quede firme la orden de reincorporar a Izquierdo.

“Es sencillo. Supongamos que mañana hay un fallo. Bueno, a los fallos hay que acatarlos. Y punto”. El que responde es nada menos que Diego Hak, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno provincial, quien sigue de cerca el proceso.

Diego Hak, secretario de Seguridad Ciudadana, adelantó que acatarán todo fallo de la Justicia pero puso en duda que Izquierdo pueda reincorporarse a la fuerza. (Foto: Prensa Gobierno de Córdoba).

 

El funcionario admite que ya hubo algunos contactos con el demandante. “Somos los únicos que lo recibimos a él en siete años. Lo hice con toda la buena onda, porque Izquierdo estaba pidiendo un acercamiento”, relata Hak en diálogo telefónico con ENREDACCIÓN. “¿Sabés la respuesta que tuve? Siguió publicando barbaridades por Facebook”.

El contacto fue realizado a través de Alfredo Magallanes, director de Participación Ciudadana, quien en marzo se reunió con Izquierdo en el Hotel del ACA. “Me decían que me iban a solucionar lo mío, pero me pedían bajar un cambio con mis publicaciones”, admite Izquierdo.

Es un hecho que desde las esferas provinciales esperaban una actitud algo más “prudente” de parte de Izquierdo, a cuyas denuncias, no obstante, Hak pareciera reconocer alguna entidad. “Todas las denuncias que me ha pasado Izquierdo -o el que fuera- se los paso derecho al Tribunal de Conducta Policial. Paso todo, porque es lo que corresponde”, dice el funcionario.

¿En caso de un fallo favorable, volverá Izquierdo a trabajar como policía en tareas no operativas? Allí parece haber coincidencias entre las partes.

“Yo no puedo estar trabajando con un tipo que hoy se levanta con un humor y mañana con otro”, balbucea Hak sin esquivar la pregunta.

Aunque con otro argumento, la respuesta de Izquierdo va en similar sentido: “Creo que ya es difícil que pueda volver a la Policía, sería complicado trabajar ahí. Quizás sea mejor que me asignen a otra dependencia del gobierno”.

En poco tiempo se sabrá cómo concluye la historia. Sólo después de que el TSJ termine de definir una causa que lleva casi nueve años sin llegar a una resolución definitiva.

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