El interbloque peronista que responde a los gobernadores junto al FPV-PJ pidió tratar el próximo miércoles los dictámenes de la Bicameral de Trámite Legislativo.

Los gobernadores reunidos en el CFI, el martes, antes del encuentro con el presidente Macri.

El interbloque peronista Argentina Federal, que representa a los gobernadores y el Frente para la Victoria-PJ se unieron en un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 19, a las 11.30, con el fin de declarar la invalidez del DNU 756/18, que eliminó el Fondo Sojero.

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Se trata de una fuerte señal política, que indica que el Presupuesto 2019 todavía se encuentra en plena negociación y que la reunión del presidente con los gobernadores el martes no quedó cerrada. Estos dos sectores del peronismo buscarán invalidar en el recinto el polémico decreto, a tan solo dos días después de la presentación del Presupuesto 2019 que realizará el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El Presupuesto es una señal clave -pero probablemente a esta altura, insuficiente- para que el FMI y los mercados consideren sustentable desde el punto de vista político al ajuste fiscal que promueve el gobierno para garantizar el repago de deuda externa. A esta altura, cualquier otra exigencia de reformas estructurales como las del mercado laboral, están casi imposibilitadas.

En la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Cambiemos se alzó con el dictamen de mayoría para declarar la validez del DNU, gracias a que reunió ocho firmas contra siete de la oposición, que así quedó en minoría.

Por eso, en la sesión especial el primer dictamen en ser sometido a votación será el del oficialismo, aunque la oposición podría rechazarlo para luego aprobar su propio texto y lograr girarlo al Senado, que deberá dar su aval para que el decreto quede definitivamente anulado.

Si se logra voltear el DNU, el Gobierno estaría obligado a restituir el Fondo Sojero, a menos que antes se logre un acuerdo en torno a una posible compensación para las provincias y sobre todo, para los municipios. Es decir, es una negociación abierta: si el peronismo en sus distintas vertientes se unifica puede voltear el decreto del gobierno, para no hacerlo reclama la restitución o una compensación.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados de Argentina Federal Diego Bossio, Eduardo “Bali” Bucca (Buenos Aires), Pablo Yedlin (Tucumán), Pedro Miranda (Mendoza), Andrés Zottos (Salta), Mayda Cresto (Entre Ríos), Sergio Ziliotto y Ariel Rauschenberger (La Pampa), Danilo Flores (La Rioja), Oscar Macías (Corrientes) y Graciela Caselles (San Juan). No figura ninguno de los diputados cordobeses.

También se sumaron el jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, y sus pares Fernando Espinoza, Juan Cabandié, Graciela Caselles y Luana Volnovich.

La movida no significa que la mayoría de los gobernadores peronistas no terminen firmando el nuevo pacto fiscal o la addenda del pacto fiscal 2017 y ordenando a sus legisladores que aprueben el presupuesto del ajuste, sino que negociarán la menor cantidad de recortes en los fondos para sus provincias.

SCHIARETTI

El cordobés Juan Schiaretti ya se manifestó a favor de dotar del presupuesto al gobierno nacional y considera alcanzados buena parte de sus objetivos en la negociación. El único pendiente es la postergación de la baja de Ingresos Brutos al menos por un año, que implica una masa de recursos perdidos de unos 6.100 millones de pesos. Dentro de la lógica de la negociación, este tema volverá a estar sobre la mesa de negociaciones en el Congreso.

En números, la provincia, recuperará 2.300 millones de pesos por la vigencia por un año más del impuesto a los sellos; 2.700 millones de pesos en fondos extras por la suba de impuestos a los bienes personales en el exterior y la reducción de la devolución de IVA a exportadores; y 700 millones de pesos como consecuencia de que en el nuevo consenso fiscal se eliminan deducciones al Impuesto a las Ganancias, que será coparticipable con las provincias. También recibirá fondos por 7 mil millones de pesos para hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones.

¿Qué pierde? El Fondo Sojero (2300 millones de pesos); los subsidios al transporte (4.100 millones de pesos) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (500 millones). La tarifa social a la electricidad sería compensada por el gobierno nacional. En términos generales, la reducción es de 7.100 millones de pesos, sin contar Ingresos Brutos, y si se le suma este monto la caída alcanza a 13.200 millones de pesos.

La división entre las administraciones provincial y municipales, arroja que el Fondo Sojero y unos 1500 millones del subsidio al transporte perjudican directamente a los municipios, lo mismo que el 20% de los Ingresos Brutos (1220 millones), lo que arroja 5000 millones de perjuicio para las municipalidades y 8.200 millones para la provincia.

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El gobierno nacional envió su propuesta a los gobernadores para el Presupuesto 2019 y ya giró el texto de la addenda al Pacto Fiscal, que contiene las medidas básicas para llegar al déficit cero.

La addenda establece la transferencia a las provincias de los subsidios al transporte público, que implica un ahorro para Nación de 50 mil millones de pesos. Alrededor de la mitad de ese monto lo tendrán que asumir la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, aunque en todas las jurisdicciones ya se espera un fuerte impacto que lleve el boleto a entre 30 y 35 pesos.

Las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal deberán hacerse cargo del manejo de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, una concesión a los gobernadores que ya había sido aceptada por las dos administraciones de Cambiemos. En esa línea, la novedad es que los gobiernos de la CABA y la provincia de Buenos Aires asumirán los costos de la tarifa social de Aysa, otro reclamo de la Liga de Gobernadores.

En materia impositiva, se derogan las excepciones del pago de Ganancias para empleados y funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales por el cobro de viáticos y otros conceptos. Asimismo, se derogan las disposiciones que eximan del pago del impuesto a “los resultados provenientes de actividades de ahorro, crédito y/o financieras o seguros y/o reaseguros de entidades cooperativas y mutuales”.

También se elimina la reducción del Impuesto a los Bienes Personales para los que declaran bienes en el exterior. Este tributo se mantendrá en el 1%, pese a que su reducción al 0,25% fue una ventaja que el Gobierno ofreció para impulsar el blanqueo. También se suspendió la rebaja del impuesto a los Sellos establecida el año pasado en el Pacto Fiscal. Otro factor clave del acuerdo es que el Presupuesto tiene un artículo donde establece que la ANSES “transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación, en concepto de anticipo a cuenta, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado” y a su vez, compromisos de cobertura sobre el déficit de 2019.

QUÉ SIGUE EN DISCUSIÓN

-La cobertura de la Tarifa Social en energía.

-Los subsidios al transporte.

-La postergación de Ingresos Brutos.

-El Fondo Sojero.

LOS MÁS DUROS

-Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Isfran (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut).

LOS MÁS DIALOGUISTAS

-Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos).

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