Las cosas no han sido tan simples ni lineales como presentan las conclusiones de Natalia De la Sota sobre la foto de la Semana Santa de 1987, donde aparece su padre junto a Eduardo Angeloz, Mario Negri y Ramón Mestre. En esa realidad, había una fuerte disputa acerca del contenido y alcance de la democracia y muy particularmente sobre el enjuiciamiento de los militares responsables de las violaciones de derechos humanos del Terrorismo de Estado.
Celebro que hoy en el @CDeliberanteCba justicialismo y radicalismo coincidimos en el repudio al #GolpeDeEstado en Bolivia. Como nuestros líderes que en la Semana Santa del 87, sin dudar, sin importar su ideología, defendieron juntos la democracia. Aprendamos. Recordemos. #Puentes pic.twitter.com/yMkW77RUJB
— Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) November 14, 2019
La complejidad de los hechos podemos resumirla del siguiente modo.
Después de Semana Santa, Guillermo “El nabo” Barreiro tenía que ir a declarar ante la Justicia y no lo haría. En este marco, en el Jueves Santo, a mediodía, el coronel Luis Polo, jefe del RI 14, hace declaraciones diciendo que Barreiro estaba en el Regimiento bajo su protección y de la oficialidad del Tercer Cuerpo de Ejército.
VER “La Universidad en la Primavera Democrática”, un libro que desafía la historia oficial.
Con una operación de prensa clásica de los servicios de inteligencia, se ponía en funcionamiento el levantamiento carapintada que se iniciaría el 16 de abril de 1987, el “Jueves Santo”, en el Regimiento de Infantería 14, en el borde oeste de la ciudad de Córdoba.
Ante semejante información la FUC (Federación Universitaria de Córdoba), declaró la toma y ocupación simbólica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El rector Luis Rébora convocó a sesión permanente del Consejo Superior y resolvió que la Radio y Televisión de la Universidad trasmitieran toda su programación en defensa de la democracia. Así, los hechos tomaron estado público rápidamente, y la ciudadanía comenzó a movilizarse de inmediato.
El represor Guillermo “El nabo” Barreiro.
En pocas horas, estaba ocupado por cientos de estudiantes el edificio del Rectorado de la UNC y de cada una de las facultades. Todas las agrupaciones que integraban su conducción actuaron en conjunto. A la ocupación del rectorado empezaron a llegar representantes y militantes de todo tipo de organizaciones sindicales, sociales, barriales, profesionales y ciudadanos sin organización.
Ese mismo día, por la tarde, se produjo la primera movilización que recorrió el centro de la ciudad y reunió a miles de personas. La misma actividad se desplegó el viernes y el sábado se conformó una importante movilización con la participación de más de ocho mil personas. Las distintas organizaciones que participaban reproducían actividades en los barrios de la ciudad. En el interior de la provincia de Córdoba, varios Concejos Deliberantes ocuparon las municipalidades en defensa de la democracia.
Al mismo tiempo, el juez Federal, Gustavo Becerra Ferrer y el arzobispo de Córdoba Enrique Primatesta, concurrían al Tercer Cuerpo de Ejército a “visitar” a los sublevados y reclamar concordia, en una actitud que lejos de defender la vigencia de la Constitución, le otorgaba un claro sentido naturalizador al levantamiento militar.
El gobernador Angeloz, eligió el camino de mantener una posición pública conciliadora, haciendo circular la información de que no había levantamiento, sino solamente un malestar de los oficiales que debían declarar ante la Justicia. Recién el sábado a la tarde, Angeloz, con el acuerdo de De la Sota, resolvió convocar una reunión multisectorial, después de tres días de sublevación en el Tercer Cuerpo y cuando ya era público el levantamiento carapintada en Campo de Mayo, Buenos Aires (que se produjo un día y medio después del iniciado en Córdoba), y la conducción alfonsinista de la UCR nacional llamaba a movilizar para defender la democracia.
Eduardo Angeloz.
La reunión, se llenó de organizaciones representativas de todos los sectores sociales en la Casa de Gobierno, y reprodujo crudamente la discusión que se mantenía larvada: por un lado la cúpula angelocista con el acuerdo de De la Sota, pretendía bajarle el tenor a la rebelión militar, que nada pasara en las calles y señalando que era inevitable “hacer concesiones” a los militares para “salvar la democracia”; por otro lado las organizaciones sociales y políticas que reclamaban una movilización de todo el pueblo para defender la democracia sin concesiones. Finalmente, estos últimos impusieron su criterio de convocatoria a la ciudadanía a marchar el día domingo.
El Domingo de Pascua, con el país movilizado, en un contundente respaldo a la democracia, los carapintadas se plantaron con el reclamo de una Ley de Amnistía para los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
En las calles y plazas de toda la Argentina se habían producido movilizaciones masivas en repudio a los golpistas. En Buenos Aires, el “Sábado Santo” comenzaron a producirse marchas sobre Campo de Mayo.
Los debates dentro de los edificios tomados de la UNC y en el sinfín de actividades que se desplegaban en distintos lugares de la ciudad tenían un planteo muy fuerte acerca de la necesidad de no ceder a la presión golpista. Pedían aplicar todo el peso de la ley sobre los sublevados, ya que la enorme respuesta popular que se estaba desarrollando en todo el país, había sorprendido a propios y extraños, y dotaba de una fuerza negociadora importante al Gobierno Nacional para frenar el levantamiento carapintada, y, en respuesta, avanzar con el enjuiciamiento de los responsables del Terrorismo de Estado.
Muy distinta era la opinión que se producía en los ámbitos de la Casa de Gobierno, en la que se reunían además del círculo gobernante radical, los más destacados dirigentes del peronismo renovador y ortodoxo y dirigentes empresarios. Allí se escuchaba la idea de la negociación de una salida a la situación planteada con el levantamiento militar, que debía pasar indefectiblemente por alguna forma de poner “punto final” a los juicios de derechos humanos, ya que estos hacían “inviable” la estabilidad democrática. La idea sostenida por la cúpula de la UCR y el PJ renovador, era demostrar un consenso de los partidos mayoritarios en respaldo a las instituciones democráticas y una actitud madura de sus dirigentes dispuestos a negociar una salida con los militares sublevados.
El ex gobernador, José Manuel De la Sota.
Estas dos visiones de la realidad, se expresaban en todos los lugares de la sociedad y la atravesaban, y tomaron cuerpo y presencia en la movilización del Domingo de Pascua que recorrió el centro de la ciudad. En la cabecera de la marcha Angeloz y De la Sota, junto a los representantes de la Legislatura, y en la parte final de la misma se encolumnaba la UNC, encabezada por el Rector Rébora y la FUC, que reunió más de 15.000 voluntades.
En Plaza de Mayo en Buenos Aires se produjo en el mismo momento una de las movilizaciones populares más grandes que registra la historia argentina, con una presencia mayoritaria de jóvenes, y una clara decisión popular, en su diversidad de expresiones políticas y sociales, en defensa de la democracia.
En el palco de la Casa Rosada hablo Alfonsín. Lo hizo dos veces. En la primera oportunidad para pronunciar un encendido discurso de defensa democrática y de confrontación contra la sublevación militar, planteando que se iba a dirigir el mismo en persona a Campo de Mayo a fin de que los sediciosos capitularan y depusieran las armas. A la vuelta, hizo otro discurso, acompañado esta vez por Antonio Cafiero, Italo Luder y Vicente Saadi, en la que dijo que la “casa estaba en orden” y con un “Felices Pascuas”, mandó a la gente a sus casas.
Pocos hechos políticos registran semejante disociación entre la enorme voluntad popular expresada en las calles en respuesta a una convocatoria democrática para frenar el golpe de Estado y el discurso político presidencial destinado a enfriar y desmovilizar a la ciudadanía.
Los hechos inmediatos posteriores dejaron clara la situación planteada. El 4 de junio de 1987 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Obediencia Debida, que, sumada a la Ley de Punto Final de diciembre de 1986, intentaron cerrar y dar por terminados los juicios a los responsables de los crímenes de la Dictadura, lo que fue remachado con los indultos a los genocidas producido por Menem en 1989.
La decepción ante estos hechos marcó el sentido de la vida de la mayoría social en los años ‘90.
Los hechos y acontecimientos desde aquel abril de 1987 hasta hoy sostuvieron esa misma tensión política y cultural, acerca de mantener o rechazar la impunidad a los genocidas del Terrorismo de Estado.
El desencanto de los años ‘90 estalló con el rechazo a esa institucionalidad vigilada y claudicante con las enormes movilizaciones de comienzos de este siglo XXI. La acción permanente y sin concesiones de los organismos de derechos humanos, la movilización del pueblo y la enorme voluntad política del presidente Néstor Kirchner hicieron posible a partir de 2003 la anulación del punto final, de la obediencia debida y de los indultos de Menem, abriéndose el camino al enjuiciamiento y castigo constitucional de los responsables del Terrorismo de Estado, lo que ha fortalecido y distingue a la Democracia Argentina en la región.
Por cierto, las fotos no siempre dicen todo.
* Carlos Vicente es abogado laboralista, columnista de este medio, y autor del libro LA UNIVERSIDAD DE LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA (LA ELECCIÓN DE LUIS RÉBORA Y LA INFLUENCIA DE LOS ’80 EN LA POLÍTICA ARGENTINA).
