Lo afirma Félix López Amaya, patrocinante legal del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Córdoba. En esta nota, realiza una radiografía de la demanda judicial del sindicato contra la Municipalidad por la difusión de datos personales de sus empleados.

El intendente Ramón Mestre. (Archivo).
Municipalidad de Río Cuarto 3
La Galatea

El conflicto por la difusión de los datos personales, laborales y salariales de los empleados de la Municipalidad de Córdoba en el portal de transparencia disparó una asamblea general, el trabajo a reglamento extremo que llevan adelante los trabajadores y la presentación de un recurso judicial contra el intendente Ramón Mestre (h) y el secretario general de la comuna Daniel Arzani.

El asesor legal del sindicato asegura que el jefe comunal es “es un funcionario infiel porque reveló datos personales de sus empleados, a los que está obligado a proteger”.

¿Cuáles son los datos que brinda el portal Web de la Municipalidad? La repartición en la que trabaja cada empleado, su DNI, Nombre y Apellido, y salario mensual, además de una serie de datos administrativos y contables internos de la Municipalidad.

El miércoles, el fiscal Hugo Amayusco, del Fuero Penal Económico y Anticorrupción, resolvió no abocarse a la denuncia penal del titular del SUOEM, Ruben Daniele contra el intendente Ramón Mestre por publicar los datos personales de los empleados municipales. Por ese motivo, la remitió de regreso a la fiscalía de Instrucción a cargo del fiscal Gustavo Dalma, que le había enviado el expediente porque consideraba que existía el delito de “abuso de autoridad”. Ahora hay que esperar la resolución de Dalma, sobre si decide investigar o insiste en su punto de vista de jurídico. En el segundo caso, el trámite deberá ser resuelto, en cuanto a quién corresponde instruirlo, al fiscal de la Cámara de Acusación. Ayer, a última hora, no se conocía aún una resolución.

López Amaya, que fue fiscal de Estado del gobierno de la Provincia y es un especialista en derecho constitucional, considera que hay datos que pueden publicarse, pero con el límite en los derechos personales de los empleados, esto es “la información que hace a la privacidad y seguridad personal y patrimonial de la persona”. Un ejemplo de lo que no debería publicarse, según ese planteo, es el DNI.

¿Cuál es el foco del reclamo jurídico?, le preguntó ENREDACCIÓN a López Amaya.

La presentación se efectúa en función del espíritu de la Ley 25326 (Ley de Protección de Datos Personales) y del artículo 157 bis, que reprime la conducta de publicar los datos que los trabajadores municipales le confiaron al intendente y sus funcionarios, datos que deben resguardar de manera obligatoria. El municipio y  sus funcionarios son confidentes necesarios porque son empleadores, solicitaron esa información al trabajador, y por lo tanto el gobierno está obligado a guardar el secreto de los datos y también está obligado a no revelarlos. Hay  un deber de confidencialidad. Si el responsable del banco de datos entrega esa base de datos a un tercero o la pone a disposición de terceros y, por lo tanto, facilita que esos terceros puedan incurrir en conductas antijurídicas, ese funcionario se constituye en funcionario infiel. Eso es una  conducta de infidelidad concreta y es lo que pedimos que sancione la Justicia.

El tramo del artículo 157 bis del Código Penal que se vincula a este planteo señala lo siguiente:

“Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:

  1. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años”.

El abogado Féliz López Amaya. Foto: ¡FOJA! TV.

También asegura López Amaya que “hay dos derechos en juegos: uno, el derecho de acceder a la información pública por parte de los ciudadanos y otra el derecho a la protección de los datos personales. Aquí, el que tiene los datos debe saber que al divulgarlos puede afectar los derechos citados”.

Por otro lado, indica que “en este caso no está en juego el interés público y por eso está afectando, agraviando, siendo un infiel resguardador de los secretos. El intendente puso a disposición datos personales en redes para que los utilicen los bancos, las tarjetas de crédito, y todos aquellos que se valen de los datos personales para venderlos o lo que sea. Me pregunto para qué desnudar y exponer al trabajador municipal de esta manera. El intendente y sus funcionarios los tienen que proteger y cuidar como empleadores”.

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