El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi se manifestó contrario a la rescisión del contrato con la distribuidora Edesur y, en cambio, propuso “ajustar los mecanismos que permitan inversión y control asegurando a todos los usuarios un servicio de calidad”.
La entidad, presidida por el ex ministro de Energía Jorge Lapeña, manifestó en un comunicado que Edesur “ha cumplido con los objetivos previstos”, al contrario de lo que afirman intendentes de municipios del conurbano donde las distribuidora opera y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Edesur “abastece a más de 2,5 millones de usuarios, de los cuales 2 millones son residenciales”, por lo que está involucrada “la seguridad de abastecimiento de aproximadamente 8 millones de personas”, reseñó el IAE.
Por ello, “debe tenerse sumo cuidado con lo que se diga o decida sobre esta cuestión porque está en juego ‘un servicio público esencial'”, y “no tenerlo o perturbarlo puede ser muy negativo en medio de una pandemia que tiene efectos severos en el conjunto de la sociedad”, expresó el documento.
Para el instituto, “la Intervención del ENRE debería suministrar información detallada, respaldada por los equipos profesionales especializados” de ese ente “sobre las anomalías eventualmente detectadas”.
“Las anomalías puntuales consignadas por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires deberán ser solucionadas una vez que se expida el ENRE sobre la entidad y el alcance de las mismas”, apuntó y añadió que el organismo regulador “dispone de los mecanismos necesarios para verificar la calidad de servicio por usuario y en caso de incumplimiento, aplicar multas”.
En este punto, precisó que el Defensor del Pueblo bonaerense funda su pedido de rescisión de la concesión “en dos casos puntuales de anomalías y reclamos de vecinos de los partidos de Quilmes y Florencio Varela”, a los que el IAE califica como “parciales” ya que “ni siquiera representan a la situación del servicio eléctrico en la totalidad de los dos partidos analizados”.
“Pero además no tiene en cuenta que Edesur presta servicio en 12 comunas de la CABA y 12 partidos del Gran Buenos Aires, lo que demuestra lo parcial del reclamo” afirmó el comunicado del Instituto.
Por último, puntualizó que el “cuasi congelamiento” de las tarifas durante 15 años, que comenzaron a revisarse en el 2017, “deterioró dramáticamente la calidad del servicio y así lo demuestran las estadísticas del ENRE”, situación que “la ley de emergencia prolongó hasta fines de este año” y que “afecta en forma significativa la capacidad financiera de la empresa para continuar con proceso de inversión comprometido”.
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