Los autores de esta columna abordan el caso Odebrecht y la corrupción en Argentina como causa de la decadencia y proponen una serie de acciones para luchar contra esta práctica. "Es como si la red de corrupción de Odebrecht, que actuó libremente en 12 Estados jamás hubiera llegado a la Argentina. Y es claro que grandes Obras Públicas argentinas fueron de Odebrecht".

Municipalidad Río Cuarto-Gas

(Por Juan Carlos Vega* y Margarita Stolbizer*). El    “Mecanismo” es una película brasileña que con valentía y realismo nos habla de la mega corrupción de Odebrecht. Es como estar viendo en vivo y directo lo que pasa  en la Argentina. La diferencia está en que en Brasil hay 160 empresarios y políticos condenados  en la cárcel  y en Argentina sólo 8 prisiones preventivas. Y ningún dinero robado recuperado.

Es como si la red de corrupción de Odebrecht que actuó libremente en 12 Estados jamás hubiera llegado a la  Argentina.  Y es claro que grandes Obras Públicas argentinas  fueron de  Odebrecht.

Una red de corrupción que hizo caer a 4 presidentes elegidos por el voto popular. Y en Argentina ninguna investigación avanza.

El Informe del Colegio de Abogados de Córdoba de Octubre del 2017 y la Auditoría del Consejo de la Magistratura Federal del 2018

Se trata de dos Informes independientes que analizan el comportamiento de la Justicia argentina en los últimos 20 años en relación con los delitos del poder. Catorce años de duración tiene un proceso judicial por Corrupción en Argentina y sólo un 4% de índice de condena. Esta es la variable explicativa central de la desconfianza del argentino en la Justicia.  La impunidad que gozan en la Argentina los delitos del poder político y económico.

La Corrupción como estructura de Poder

La realidad argentina es idéntica a la de Brasil. La Corrupción es una estructura y un sistema que abarca a los poderes políticos, económicos y judiciales. El Kirchnerismo no sólo mantuvo la corrupción del Menemismo, sino que la cartelizó, es decir, la dejó en pocas manos que respondían a la Corona. El Macrismo es claro que no sabe o no quiere desmontar esa estructura. Con ministros que tienen depósitos en paraísos fiscales nadie puede pensar que se luche en serio contra la corrupción.

Los presupuestos ideológicos y legales de los que se debe partir para una propuesta legislativa eficaz de lucha contra la Corrupción son los siguientes:

1-Todas las normas que se modifiquen, sean penales o procesales o de carácter administrativo, deben estar en una sola Mega Ley siguiendo la metodología de los Tratados de Derechos Humanos. No caben reformas aisladas. El golpe legal debe ser simultáneo.

2-El objetivo principal de esa Mega Ley debe ser el de garantizar los derechos de las víctimas de la Corrupción. Es decir, los derechos de la sociedad, que son dos; a recuperar los bienes robados y a que se castigue eficazmente a los responsables. Derechos que la sociedad hoy no tiene en los procesos judiciales.

3-La garantía de la segunda instancia del art. 8 p2 “h” de la Convención Americana no implica terceras ni cuartas instancias. Eso quiere decir que con una sentencia de segunda instancia las condenas en juicios por corrupción se deben cumplir íntegramente. La segunda instancia es la sentencia firme tal como sucede en Brasil.

4-La garantía del “plazo razonable” de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana, es una garantía de las víctimas y no sólo del imputado. Es la sociedad, víctima de la corrupción, la que tiene derecho a que estos procesos judiciales no duren 14 años. Es la sociedad la que tiene derecho a que se le rechacen al imputado recursos dilatorios o maliciosos.

5-Está claro que estas normas penales procesales deben ser acompañadas por otras dos reformas para darle coherencia al mensaje. Ningún funcionario público podrá permanecer en un cargo público (por designación o por elección) con un auto de procesamiento firme en delitos de corrupción o de lavado. Ningún funcionario público podrá permanecer en su cargo o ser designado si tiene depósitos monetarios o no monetarios en paraísos fiscales.

Ningún funcionario público podrá permanecer en un cargo público (por designación o por elección) con un auto de procesamiento firme en delitos de corrupción o de lavado. Ningún funcionario público podrá permanecer en su cargo o ser designado si tiene depósitos monetarios o no monetarios en paraísos fiscales.

El costo de la Corrupción es económico, social y político

No estamos hablando de poesía, sino de igualdad ante la Ley y de economía.

El Informe del Colegio de Abogados de Córdoba cuantifica el costo económico de la corrupción en los últimos 10 años en 20 mil millones de dólares.

Pero además la corrupción impacta en la distribución del ingreso. El índice de Gini en la Argentina del 2018 es de 45. Con un 30% de pobreza.

La Corrupción impacta en el crecimiento del PBI, en la inflación, en las tarifas y en los precios.

Así como el falso garantismo nos engaña sosteniendo que los derechos del imputado corrupto son más importantes que los de la sociedad víctima, también nos ha engañado cuando sostiene que la corrupción de los últimos 12 años se justificaba por la lucha contra el neoliberalismo.

El proyecto “Justicia 2020” en el que está comprometido el gobierno de Cambiemos y más allá de la honestidad de sus integrantes, es un proyecto inútil que no servirá para nada en términos de lucha contra la corrupción del poder.

Es un proyecto que sólo busca ordenar un desorden normativo sin cambiar una coma en la política criminal o en la política judicial.

Di Lampedusa en “El gatopardo” traduce un diálogo entre el Príncipe Fabrizio y Tancredi: “Para que todo siga igual es necesario que algo cambie”.

Di Lampedusa en “El gatopardo” traduce un diálogo entre el Príncipe Fabrizio y Tancredi: “Para que todo siga igual es necesario que algo cambie”.

El proyecto de Cambiemos se parece mucho al gatopardismo. En los 34 años de Democracia llevamos casi 25 proyectos de reforma del Código Penal y más de 20 del Código Procesal Penal que de nada sirvieron para corregir las dos grandes lastimaduras de la Democracia que son la impunidad de los delitos del poder y la inseguridad ciudadana.

* Juan Carlos Vega es abogado y ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN .

*Margarita Stolbizer fue diputada nacional (1997-2005) y candidata a presidenta de la República en 2015.

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