Intenta que el Sindicato de Luz y Fuerza no proteste. Acusa a los directivos de "amenazas", de querer "obstaculizar obras" y de afectar la tarea del gobernador.

El gobernador Schiaretti y detrás el ministro López. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.

A través de la Procuración del Tesoro de Córdoba, el gobierno de la provincia realizó una denuncia judicial para impedir que el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba realice una serie de protestas contra la política oficial en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). La presentación se efectuó luego de declaraciones periodísticas del secretario General del gremio, Gabriel Suárez, al diario Alfil.

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Tanto el gobierno como EPEC han desarrollado una dura política contra los reclamos de los trabajadores de la empresa e incluso han despedido y pedido el desafuero de cinco dirigentes sindicales luego de una protesta frente al Ministerio de Trabajo en junio último.

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Ahora, el Ejecutivo afirma que “aunque resulta una obviedad aclararlo, lo aquí planteado bajo ningún punto de vista puede interpretarse como una limitación al derecho de huelga y libertad de expresión. Lo que se intenta impedir es la afectación a intereses públicos (ejecución de obras públicas de trascendencia y realización de las tareas inherentes al ejercicio funcional del Señor Gobernador) y a la seguridad pública y particular de los vecinos del mandatario provincial, requiriendo se tomen medidas de restricción que impidan la ejecución de las acciones amenazadas y divulgadas en los diversos medios de comunicación y que en este acto pedimos sean investigados”.

El Gobierno, en su presentación, expresa además que el sindicato anunció “una serie de medidas entre las que se incluyen amenazas directas y concretas de obstaculizar las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución”. Adelanta “un verdadero boicot que afectará el normal desenvolvimiento de estas importantes tareas” y puntualiza que “son obras públicas que se realizan en beneficio de toda la comunidad”.

En el texto de la denuncia, se transcriben declaraciones de Suárez al diario Alfil, donde indica que  “(…) esperamos que el Sr. Gobernador Schiaretti entienda que se viene un período electoral donde a los cordobeses no les va a gustar que Luz y Fuerza esté permanentemente en la calle”.

También describe que el dirigente sindical dijo que “yo veo que están muy apurados con querer cerrar el anillo de Circunvalación, pero si estamos de paro en distintos sectores perimetrales donde tienen que intervenir las maniobras, se les puede demorar también lo que sería el cierre de la obra”.

La denuncia acusa al sindicato de “amenazas” que “afectan la investidura y función del Gobernador anunciando una persecución a todo lugar donde se encuentre” y agrega que “afectará el normal ejercicio de la función pública que le compete en cumplimiento de la Constitución Provincial y leyes consecuentes”.

Para el gobierno se trata de un “accionar, prima facie delictivo”, del que “resultará también víctima un colectivo de personas integrado por los vecinos que viven en el mismo barrio que aquél -por el domicilio del gobernador en el barrio cerrado Altos del Chateau- y que verán afectados sus derechos a la seguridad, la tranquilidad y la libre circulación”.

Gabriel Suárez, secretario General de Luz y Fuerza de Córdoba. Foto: Gentileza Electrum.

EL PLAN DE LUCHA DE LUZ Y FUERZA QUE QUIERE IMPEDIR EL GOBIERNO

Luz y Fuerza dispuso la semana pasada el siguiente plan de lucha:

Declarar paros sorpresivos de  una hora por semana, en los sectores de semana no calendaria, “dejando las guardias mínimas en resguardo del servicio eléctrico”.

-Hoy 4/12/2018 realizar “abandono de tareas sin afectación al servicio en todos los sectores a las 12:00 hs y realizar una concentración en la Escuela de Capacitación de EPEC en Villa Belgrano para hacer un abrazo solidario en contra del vaciamiento de “la escuelita”, y luego marchar hasta la puerta del barrio cerrado donde vive el gobernador Juan Schiaretti”.

-El 10/12/2018 convocar a “centros vecinales y organizaciones sociales en nuestra sede sindical a las 18:00 para coordinar y organizar una gran movilización para el día 20/12/2018”.

-El 11/12/2018 realizar el abandono de tareas sin afectación al servicio a partir de las 12:00 y concentrar en los 4 grandes complejos (Deán Funes, Edificio Central, Calasanz y Villa Revol) de acuerdo a la cercanía de cada sector con estos Complejos, para realizar cortes y volanteadas, y con la presencia de los miembros del Consejo Directivo. Mientras que en La Calera, Rio Ceballos y Villa Allende efectuarán las mismas actividades frente a cada sede de EPEC.

-El 13/12/2018 desarrollar una caravana por las Sierras Chicas en horas de la tarde.

-El 20/12/2018 convocar a una gran marcha multisectorial “con el apoyo de la sociedad coordinando con centros vecinales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, Políticas y sindicales por la restitución de la tarifa social, en contra de “los tarifazos” y contra la privatización de EPEC y su vaciamiento.

EL CONFLICTO

El conflicto en EPEC llega a los ocho meses.

Se trata de un extenso conflicto que comenzó a principios de abril de este año e ingresó en su octavo mes de duración. La conducción de EPEC inició un proceso de ajuste de la compañía eléctrica y el gobierno provincial intenta avanzar, al menos, en una privatización parcial, lo que desató un complicado conflicto con los sindicatos, que aún sigue abierto.

-Luz y Fuerza demanda “una actualización salarial” que “cubra el deterioro del poder adquisitivo debido a la creciente inflación sin aceptar ningún tipo de extorsión”. Puntualmente, EPEC había condicionado cualquier incremento salarial a la negociación “a la baja” del Convenio Colectivo de Trabajo. La negociación salarial es realizada de manera conjunta entre los tres sindicatos de Luz y Fuerza con actuación en la provincia de Córdoba.

-El gobierno provincial no respeta el Convenio Colectivo de Trabajo e hizo sancionar tres leyes irregulares, que eliminan beneficios convencionales. En esa condición se encuentran:

–El acceso a EPEC -que antes era a través de una bolsa de trabajo-;

–El recorte de la provisión de energía eléctrica gratuita a los trabajadores de EPEC. La ley establece que “quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de energía, mantendrán los mismos hasta los 150 kw/h”. De este modo se deroga un derecho de convenio, que otorga energía gratis hasta 200Kw/h por mes y a partir de allí al 20% de su valor.

–“La eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5° de la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial”. Aquí, los recursos que aportaba la empresa, tenían el fin de compensar a los trabajadores que no percibían el 82% móvil de la jubilación.

-Las tercerizaciones sectorizadas, que el gremio denuncia como privatizaciones encubiertas. En esa situación aparecen áreas como Tomaestado, Automotores, Centros de Atención Comercial, Seguros, y Centro de Cómputos.

-El despido y pedido de retiro de la tutela sindical de cinco dirigentes y delegados de Luz y Fuerza luego de una protesta el 1 de junio de 2018.

-El sindicato advierte que las condiciones reales de la empresa debido al vaciamiento y la tercerización de sectores claves para el normal funcionamiento, “no garantizan el funcionamiento adecuado de EPEC para sostener la prestación del servicio”.

-Las resoluciones 81083, 81084, 81085 y 81086 que impiden el normal funcionamiento operativo de la empresa (referidas a horas extras, licencias, sustitución de jefes, y reducción de las funciones de los Centros de Atención Comercial);

-El gremio también cuestionó “onerosas contrataciones de gerentes “importados”, asesores y consultoras totalmente improductivas para la empresa”.

-Luz y Fuerza rechaza el marco regulatorio provincial que intenta aprobar el gobierno, porque además de contener planteos ilegales, promueve la desarticulación y privatización sectorizada de EPEC.

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