El gobierno intenta evitar que se apruebe el proyecto que modifica el sistema de indexación de las tarifas. Juega a dividir el bloque peronista.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

El gobierno nacional intenta evitar que se apruebe el proyecto que limita los aumentos de tarifas de servicios públicos a la variación que tienen los salarios. Para ello despliega una negociación provincia por provincia para evitar que la oposición logré el número mágico de 37 senadores. El presidente Mauricio Macri ya anunció que para el caso de que la iniciativa sea aprobada, dispondrá el veto de la norma. La preocupación del gobierno es que si debe echar mano a una medida de este tipo, quedará en evidencia su orfandad política frente al FMI, con quien negocia una ayuda financiera de al menos 30 mil millones de dólares.

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La apuesta central es lograr quebrar el bloque del PJ opositor con el proyecto inspirado por los gobernadores de Salta y Córdoba, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. Para ello, los senadores oficialistas emitieron un dictamen que rebaja a la mitad el IVA en los consumos residenciales y con tarifa social (de 21 a 10,5%) y de las PyMES (de 27 a 21%) en los consumos de luz y gas. Esa es la propuesta de los dos gobernadores.

Mientras que el bloque de senadores que responde a la mayoría de los gobernadores peronistas, firmó el dictamen de mayoría que reproduce la iniciativa votada en Diputados. Esta iniciativa opositora consiste en retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 (previo a la última readecuación tarifaria), restringir futuros incrementos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y devolver, en 60 días, los aumentos por encima de ese cálculo que se produjeron en los últimos meses. El aumento de abril, según las regiones del país, en el caso del gas superó el 40%. Se excluyen de estos beneficios a los usuarios de categorías superiores de luz y gas, no se rebajará el IVA como se había planteado en un principio y se incorporaron definiciones precisas para definir a los usuarios de tarifa social, incluyendo en esa categoría a los clubes de barrio. En lo básico, rompe el programa oficial de dolarizar las tarifas y las liga al precio del salario, desconectando la manguera que transfiere recursos desde los usuarios, comercios e industrial a petroleras, generadoras de electricidad y distribuidoras de luz y gas.

Las cuentas de los operadores del PJ este fin de semana, apuntaban que el bloque de Argentina Federal no se divide, esto es que contará con 24 senadores, a los que se sumarán los 9 del kirchnerismo, con lo que llegaría a 33. Los dos senadores de San Luis (Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez Saá) aportarían en el mismo sentido, alcanzando los 35 y el golpe final sería dado con Fernando “Pino” Solanas y la rionegrina Magdalena Odarda.

En cambio, los operadores del oficialismo no aseguran que estén en condiciones de aprobar su dictamen, pero esperan sumar a sus 25 senadores, 3 más por Santiago del Estero y 4 del Interbloque Federal (María Cristina Fiore Viñuales, Juan Carlos Romero, Lucila Crexell y Carlos Reutemann). El número es de 32.

Dos senadores del Frente de la Concordia de la provincia de Misiones se abstendrían o no participarían de la sesión.

No se conoce aún la posición que adoptaría el sindicalista de Gas y Petróleo, el neuquino Guillermo Pereyra.

El oficialismo cree que puede llevar a la abstención al hermano del gobernador salteño, el senador Rodolfo Urtubey, al catamarqueño y primo de Urtubey, Dalmacio Mera, y al cordobés, Carlos Caserio. Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también presiona sobre su co-provinciano, el gobernador, Gustavo Bordet, otro de los peronistas dialoguistas del ala neoliberal, para que los dos senadores peronistas de la provincia no voten la iniciativa opositora. Esta última negociación es de resultado incierto, porque Pedro Guastavino se mueve a la par del jefe de bancada, Miguel Ángel Pichetto. Algo parecido sucedería con Caserio.

Por su parte, el correntino Carlos Espínola y el jujeño Guillermo Snopek, han hecho saber que esperan el resultado de las negociaciones de los gobernadores con el Ejecutivo para terminar de definir su posición.

Las próximas 48 horas serán cruciales, nada parece definido aún.

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