Un combo cultural y normativo hace que los policías deban actuar en cualquier circunstancia, aún cuando pueden introducir riesgos mayores que los que buscan controlar. Incluso para su propia vida. El uso de armas de fuego en policías fuera de servicio es un aspecto problemático de la violencia institucional.

Soy hijo, nieto y hermano de policías. Nací en un pueblo del noroeste cordobés donde seguramente hay uno por familia. Cuando terminé la escuela, muchos amigos eligieron —si se puede llamar “elegir”, en un lugar con pocas opciones— ese camino. Todavía cuando vuelvo, me sigue cacheteando ver cómo cuelgan en los patios de  cada casa los uniformes secándose al sol. No lo cuestiono. Pero lo que siempre me inquietó fue ese chip de Robocop que cargan todos los que entran a “la fuerza”; un chip que tiene cables legales y culturales, que opera en sus subjetividades y que los hace portar actitud y arma reglamentaria todo el tiempo.

Cuando volvía al pueblo, en las juntadas con amigos o familiares, siempre había alguno que, como quien se suelta el cinto o se quita un abrigo, se desprendía del “fierro” y lo apoyaba sobre la mesa, entre las copas. También he llegado a sentir en las cinturas de mis queridas compañeras de escuela el bulto frío de la pistola reglamentaria. Hay, entre quienes conozco, prudentes y carteludos del fierro. Cuando estoy con ellos no puedo dejar de imaginar lo que pasaría si una noche cualquiera, en una juntada como tantas, exaltado por los vicios o por las broncas viejas, a uno se le atrofia el chip de Robocop y decide chantarle un balazo a otro. Muchas veces me imaginé en sus lugares; yo, inexperto y borracho, flameando la 9 milímetros. Nunca pasó. Pero sí les sucedió a otros.

Dos casos recientes: el 18 de junio, el agente Alberto Peralta mató a su amigo Matías Pintarelli “jugando” con su arma en barrio Alberdi. Tenían 24 años y se habían juntado para pasar un rato jugando a los videojuegos. El 2 de julio, en barrio General Urquiza, un grupo de seis amigos tomaban alcohol antes de salir al baile. Jonathan Nievas, de 25 años, agente flamante, todavía con el nylon puesto, prestó su pistola a un amigo y éste “jugando”, mató a Micaela García, novia del policía.

Entre mis amigos policías (no es lo mismo tener un amigo policía que un policía amigo) escuché dos frases de un alto contenido antropológico. La primera, habla de la formación: “Los policías se dibujan en la escuela y se pintan en la calle”. La segunda, habla de eso que llaman “estado policial”: “Si los choros son las veinticuatro horas choros, nosotros somos las veinticuatro horas policías. Si el delito no descansa, nosotros tampoco”. ¡Bang! Poca formación con actitud Robocop inculcada desde la propia institución. El combo normativo y cultural del imaginario policial que hace que los agentes internalicen la portación permanente del arma, con el principio de actuar siempre, en cualquier circunstancia, sin atender que pueden estar introduciendo riesgos mayores que aquellos que buscan controlar. Riesgos incluso para su propia vida.

Porque no todos son “accidentes”. En Córdoba, si se hiciera una estimación, seguramente diría que la mayoría de las muertes por balas policiales las provocan efectivos de civil. Se me vienen nombres de “presuntos ladrones” abatidos: Lautaro Torres, Ezequiel Barraza, Miguel Torres. También Andresito Fuentes, de 13 años, asesinado por un policía que era su amigo. En la provincia de Buenos Aires, según datos del CELS, 1.150 personas murieron por balas policiales entre 2003 y 2012 y más de la mitad fueron ultimadas por policías que estaban fuera de servicio. Las consecuencias letales para los uniformados también son proporcionales: el 76% de los policías muertos en servicio, estaban de franco o retirados. Las armas también suelen aparecer en los suicidios (el trabajo policial, sin descansos, es estresante) y en los conflictos intrafamiliares.

En el fondo de todo hay una institución legal: el “estado policial”, esa institución que dice que uno es policía todo el tiempo y que debe actuar siempre, que propicia la portación permanente de armas y por ende, el uso excesivo. Pocas veces el “estado policial” entra en debate, pero está en la base de la violencia institucional. En Buenos Aires, por ejemplo, la ley 13982, reformada en 2009, no habla de “obligación”, pero sí de “derecho” del agente a llevar el arma siempre. En Córdoba no está claro si es obligatoria la portación del arma provista por el Estado cuando están de civil. La ley 9728 dice que el personal debe “portar arma de fuego conforme a la disposición vigente en la materia y la reglamentación que se establezca”.

Consulté a varios policías para esta nota: “Si no la llevo, me siento en bolas”, dijo uno. “Hasta para cagar”, dijo otro. “Cuando salgo con mis hijos, no la llevo”, aclaró un tercero, con 15 años de ejercicio. “Una vez una novia me dejó porque no le gustaba dormir en la pieza donde guardaba el fierro”, contó otro.

La falta de precisión en la reglamentación es una trampa que no les da alternativa. No es obligatorio, pero el decreto 1553/03 sanciona con días de arresto a los agentes que pierden el arma. “Yo me siento obligado a tenerla todo el tiempo, si no, me reprimen”; dice el experimentado. “Si la dejo debajo del sillón porque me voy de vacaciones, y entran a robar en mi casa, como le puede pasar a cualquier vecino, el Tribunal de Conducta Policial me mete preso. Entonces, represivamente, hasta cuando salgo con los dos bebés en brazos, la tengo que colgar de la cintura, y eso está mal”.

Por semana, dice alguien de la Guardia de Infantería, que hay entre tres y cuatro policías arrestados por perder el arma. A veces esos casos son informados a la prensa. Ayer, por ejemplo, llegó un parte que decía: “A pedido de la Secretaría de Faltas Gravísimas de la oficina de investigaciones y aplicación de sanción del TCP, solicita el alojamiento en esta dependencia del Cabo Fernando Gastón Ludica, cumpliendo Arresto Preventivo hasta nueva orden, debido a que le sustrajeron el arma del domicilio en la madrugada del domingo. El mismo no se encontraba presente al momento del hecho”. Y no es para menos. El reglamento establece pautas para el resguardo del arma, incluso cómo debe ser transportada cuando se esté de civil. Pero a la vez, “la fuerza” no ofrece, según denuncian sus agentes, garantías para resguardarlas en caso de que no puedan o no quieran dejarlas en sus hogares. Cuando un efectivo sale del territorio provincial por razones personales, puede pedir dejar el arma a resguardo en el departamento de Armamento. Pero cada vez que intentan hacerlo, sostienen, las trabas los desalientan.

El “estado policial” permanente es igual a estado de alerta y reacción latente. Así, las 24 horas, los 365 días del año. Si no existe un hiato entre intervención en servicio y fuera de servicio “se diluyen hacia dentro del imaginario policial aquellas pautas objetivas que deberían diferenciar el uso del arma como medio de defensa y ataque, que como medio de defensa de uso racional y excepcional”, explica el Defensor Público de la Plata, Julián Axat. Así lo establecen los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” adoptados por las Naciones Unidas.

Son pocas las experiencias distintas. El mejor antecedente a nivel nacional es el artículo 9 del decreto 836/08 que establece la obligación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de “portar el arma reglamentaria durante el cumplimiento del servicio policial”. Cuando se va del trabajo, dejan la pistola en un depósito custodiado. De la misma manera funciona la Policía Federal de Holanda, donde se trabaja en turnos de 8 horas.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Provincia dicen que el problema es que los efectivos locales hacen adicionales cuando están fuera de servicio. Pero para hacer ese trabajo de manera privada, podrían comprarse un arma, como hace un agente privado de seguridad. Hace poco, Diego Hack, titular de la Secretaría, adelantó que trabajan en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos en protocolos de profesionalización, entre los que se incluirá el uso racional de la fuerza pública.

Pero además del arma, está el chip Robocop. Un policía lo define así: “Es el impulso estúpido que tenemos los canas, ese que te lleva a hacerte el policía furioso cuando no se puede, cuando estás comprando el pan con tu hijo, que te lleva a sacar el arma cuando tendría que mediar el razonamiento lógico”.

“En la escuela te dicen que sos policía todo el día, y el arma es la herramienta de trabajo -cuenta el joven que egresó hace dos años:–, pero no es así; el arma es la herramienta de último recurso, cuando está en juego la vida. La principal herramienta del policía es el conocimiento de las leyes y los procesos de la prevención y la represión, y eso no se transmite. Salís con seis meses pedorros de formación, y con un arma”, dice.

Vista así, la Policía puede ser una fábrica de monos con navaja. Peor aún, monos con pistola, y no es por faltar el respeto a nadie. Porque, hablando en serio, quién puede en tan sólo seis meses –seis meses– dar el paso fundamental y definitivo para dejar la vida de civil  y pasar a ser un servidor público las 24 horas, que va de compras, a la cancha, de vacaciones, al baile y hasta tiene relaciones sexuales, siempre cargando con los 872 gramos que pesa de la 9 milímetros reglamentaria, descargada. ¿Quién puede ser Robocop las 24 horas?

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