El conflicto por el transporte urbano entró una calle angosta. Ya no hay cobertura para la teoría de la interna sindical: es sólo un asunto económico, lo que vulgarmente se denomina como ajuste. Los tres gobiernos parecen confluir en el 21% de aumento -directa o indirectamente-, pero los choferes chocaron la paritaria y reclaman 32%.

Bill Clinton, el ex presidente Demócrata de los Estados Unidos, solía decir: “Es la economía, estúpido”. Clinton estaba convencido que la clave de su victoria electoral en 1992 frente a George Bush (padre) estaba en la marcha de la economía. Así jugó y ganó.

Aquí el asunto también es la economía: se intenta ajustar la economía y el salario es un precio relativo fundamental. El Ministerio de Trabajo de la Nación aprueba acuerdos paritarios que no superan los 22 puntos. El único que sacó bastante más es el gremio de los aceiteros, con un 31%, y una rama de Seguros con el 35%. El resto está en alrededor de 20 puntos con cláusula gatillo por inflación. UTA nacional consiguió un 21% y la cláusula gatillo. En el acuerdo no tomaron en cuenta las condiciones particulares del salario de los cordobeses, que si se aplicarán, llevarían el aumento a una cifra aproximada del 32%. Ése 11% es lo que quieren los colectiveros y trolebuseras.

La unidad que han demostrados los choferes desde el viernes pasado para llevar adelante su reclamo, evidencia que no se trata de una interna. Desafía al pensamiento racional que una simple interna desate una medida de fuerza tan profunda y contundente, con riesgo sobre las fuentes de trabajo de los que se sumaron. A nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo y a los colectiveros parece que tampoco.

Por cierto, el 21% es un techo negociado, pero no deja de ser un ajuste. Hasta ahora, la inflación proyectada del año no baja de 25%. Traducido: -4% en 2017. Como la inseguridad, el bolsillo también tiene sensaciones.

Córdoba arrastra un 40% de pobreza y 6 de cada 10 chicos y chicas viven en la pobreza o la indigencia. Es un contexto económico indicativo del impacto de las medidas económicas de la administración del presidente Mauricio Macri en la economía local. Sobre todo por el achique industrial y el aumento de la informalidad laboral.

Hay que sumarle el factor político. La clase política local ha revelado escasos reflejos frente a la huelga. No percibió su llegada, se ató a la legalidad en extremo e intenta prepararse para una confrontación social, que puede derivar en situaciones para lamentar. Los conflictos requieren de la política y de mucho oficio para que se resuelvan sin heridas importantes. Pero lo fundamental, es que no han percibido los límites sociales al ajuste. Los argentinos han demostrado a lo largo de la historia una especie de rebeldía congénita  frente a las medidas de ajuste. Esta vez, no parece ser la excepción.

Además, parece quedar en evidencia impericia o premeditación para ahondar el conflicto: Mientras el Ministerio de Trabajo les daba dos horas de tiempo a los choferes en huelga para sentarse a negociar, llegaban los telegramas de despido de las empresas. En política eso es un mensaje para romper el dialogo y obliga a los huelguistas al desafío de mover los límites. Acá y en Boston. Y eso es lo que está sucediendo.

Córdoba fue determinante en el triunfo de Mauricio Macri hace dos años en las elecciones presidenciales. Es la misma Córdoba o una parte de ella, la que ahora reacciona frente a su programa económico.

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