EPEC adujo "problemas financieros" para justificar el incumplimiento. El SiReLyF lanzó un paro por tiempo indeterminado y el gremio de Córdoba uno de 48 horas.

Luis Giovine, presidente de EPEC.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

El conflicto por el ajuste en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) ingresó en un oscuro callejón. Ayer, EPEC anunció que pagaría hasta 27 mil pesos del sueldo de sus casi 4 mil empleados y que no podría abonar los salarios completos a causa de “problemas financieros” producidos por la disminución de la recaudación y la falta de facturación de nuevos consumos. La empresa, tampoco cumplió con el pago de una cuota de la BAE que debía realizar en el mes de mayo. La decisión empresaria fue seguida con el inicio de un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores nucleados en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) y del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, que comenzó a las las 0 horas de hoy y otro de 48 por parte del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El gremio de la capital provincial podría determinar la misma medida hoy, cuando se reúna su Consejo Directivo, admitieron voceros gremiales.

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La situación implica que no habrá atención al público en las oficinas de EPEC y que sólo serán atendidas las guardias mínimas esenciales.

Se trata de una fuerte escalada del conflicto entre la empresa y los sindicatos de Luz y Fuerza, que se inició con la decisión de cerrar cinco centros de atención comercial en abril y se extendió a un ajuste operativo en el funcionamiento de la compañía, que incluye reducción de horas extras, eliminación de viáticos, y modificaciones del sistema de reemplazos de jefes, entre otras medidas. Luego el gobierno provincial y EPEC pidieron abrir una negociación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, donde entre otros puntos se propone reducir los pagos de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE). Como la negociación en el ámbito provincial fue rechazada por los tres sindicatos de Luz y Fuerza, el Ejecutivo impulsó modificaciones de hecho en el CCT a través de tres leyes (ilegales, porque no se puede modificar un acuerdo de partes a través de una ley). Los cambios son los siguientes: eliminación de la Bolsa de Trabajo para acceder a las vacantes en la empresa; reducción del beneficio de energía eléctrica para consumo residencial de los empleados; y eliminación de un aporte patronal para una caja compensadora jubilatoria.

A todo ello, se le suma el elevado desprestigio de la línea gerencial de EPEC, que ha quedado expuesta por sus decisiones operativas y “beneficios” personales en la administración de la empresa; y la decisión del gobierno de dividir la operación contable en tres áreas: generación, transporte y distribución. Esta decisión sería un paso para privatizar la central termoeléctrica de Pilar, una joya similar a otras que ya están en proceso de licitación por parte del gobierno nacional.

También ayer hubo un fuerte debate en la Legislatura provincial, ya que el interbloque de Cambiemos pidió acceso a los balances de EPEC. Incluso, el legislador radical Javier Bee Sellares afirmó en Radio Shopping  que “la situación en EPEC es muy compleja porque hay un desgobierno que tiene un esquema de política energética muy errática y que costó muchísimo”.

“ES MUY GRAVE NO PAGAR EL SALARIO”

El secretario General del SiReLyF, Eduardo Brandolín.

El vocero de las regionales, Eduardo Brandolín, dijo a Cadena 3: “Las explicaciones no son válidas para nosotros. Es una decisión inconsulta una medida tan grave como no pagar el salario”.

Justamente el SiReLyF emitió un comunicado de prensa en el que señala que “en el día de la fecha nos informa la EPEC que por razones financieras se le imposibilita depositar el 7 de junio la totalidad de los haberes correspondientes al mes de mayo. Dicha acción genera un nuevo incumplimiento tal lo establecido por la Ley”.

Señalan que se trata de un “nuevo ataque del gobierno provincial a los trabajadores, que genera una mayor incertidumbre, dado que día a día dan un paso más en contra de nuestros derechos”. Y afirman que “por tal motivo entendemos que en la mesa de diálogo que se realizará el día lunes 11 del corriente, se solicitará el tratamiento de los siguientes puntos:
1) Analizar la verdadera situación de la Empresa para determinar entre todos los pasos a seguir.

2) La decisión política del Gobierno y la EPEC sobre el futuro de la Central Zanichelli y resto de las Centrales Térmicas.

3) Pago del saldo de la BAE.

4) Instrumentación de trabajos preventivos y programados”.

Luego anuncia la convocatoria al paro por tiempo indeterminado “manteniendo los
servicios mínimos esenciales que requiera la prestación del servicio público de electricidad” y señala que mantendrá “los canales de comunicación abiertos”.

PARO DE 48 HORAS

Gabriel Suárez, secretario General de Luz y Fuerza de Córdoba. Foto: Gentileza Electrum.

Por su parte, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba había convocado a un paro de 48 horas en protesta por la detención de un trabajador de EPEC luego de los incidentes con el presidente de EPEC Luis Giovine y para “exigir la inmediata  excarcelación del compañero injustamente detenido”. Sin embargo, una vez conocida la información sobre el pago parcial de los salarios, la huelga sumó el reclamo del pago completo del salario. Hoy, en la reunión del Consejo Directivo y los delegados, podrían definirse una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

El gremio cordobés señala en el comunicado de prensa que “ante la injusta  detención en horas de la mañana de un compañero de nuestra organización sindical y ante el incumplimiento de acuerdos salariales, el Consejo Directivo dispuso un paro de 48 horas “sin afectación al Servicio, sin atención al público y sin realización de maniobras con terceros”.

Agregan que “expresamos el descontento del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ante  la incorporación de Contratos de personal con serios cuestionamientos de desempeño en funciones anteriores, como son los casos de Leopoldo Daniel Grigioni, comisario Mayor Retirado  como Asesor Técnico del Directorio ocupando un cargo vacante, de Sonia Doña y Luis María Balbuena Espínola,  provenientes de la sospechada  empresa Kolektor, en la Gerencia de Tecnología de la Información  y las Comunicaciones (GTIC), y de Eduardo Melano como asesor del Directorio”.

Manifiestan “el descontento  que genera la total aplicación de las cuatro resoluciones firmadas por el Directorio que nos llevaron a un lockout patronal y por la promulgación de las leyes que cercenan distintos artículos de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 vigente”.

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