Más tarde o más temprano, la desaparición de Santiago Maldonado en la Patagonia va a impactar en el escenario electoral. Perjudica al gobierno y favorece el desarrollo de un bloque que enfrente a la nueva derecha. Pone en evidencia, además, la agenda del gobierno frente a las comunidades originarias y la protesta social.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Luminarias Río Cuarto

La desaparición de Santiago Maldonado conmueve al país y va a incidir en las elecciones de octubre. El presidente Mauricio Macri habló por primera vez de Santiago la semana pasada, después de estar más de un mes en silencio. Lo hizo con las encuestas sobre la mesa, que le indicaban el impacto de la desaparición en la opinión pública y su traslado al plano político y, por consecuencia, al electoral. A diferencia de otros temas, que le ayudan a la alianza oficialista y al presidente a aglutinar a los sectores sociales que la apoyan y sustentan, este hecho también lo hace, pero a la vez alimenta la estructuración de un bloque opositor diferente y con otros valores. Es el primer eje político y simbólico que traba a la maquinaria de suma permanente que había conseguido instalar el gobierno. Por eso, si el gobierno no resuelve este tema rápidamente, esto es, hallar a los responsables, se convertirá en un calvario.

Para tener una idea del costo político que puede tener para la alianza económica y social dominante, basta observar el despliegue de operaciones de prensa (mentiras) que montó el gobierno desde el 1 de agosto para evitarlo. Ni siquiera el huracán Irma con sus vientos de película ha podido ocultar lo que sucedió en otra zona ventosa e inhóspita como la de la Patagonia. Cada día la sociedad argentina se desayuna con una nueva mentira: Lo llevó un camionero en Entre Ríos; lo vieron en Mendoza; lo levantó una pareja que viajaba en un motorhome por la ruta 40; habla el comandante de Gendarmería que participó del operativo y dice que ni siquiera lo corrieron hasta el río donde los perros marcaron su rastro; la ministra Patricia Bullrich miente en el Congreso diciendo que su jefe de Gabinete Pablo Noceti pasó de casualidad por el lugar y bajó a saludar a los gendarmes; primero eran siete gendarmes los que desalojaron la ruta 40 cortada por los mapuches y al final terminaron siendo más de 70; o los minutos enteros en los que la televisión y las radios poblaron sus espacios hablando de un peligroso grupo mapuche autodenominado RAM, que según el relato oficial, era casi más poderoso que el dictador coreano Kim-Jong-Un, pero con base en territorio argentino. Lo único verdadero hasta hoy es que Santiago Maldonado está desaparecido y que la sospecha principal sobre lo que le sucedió está posada en Gendarmería. El gobierno ha montado una maquinaria para ocultar la verdad y a 42 días, todavía, la enorme mayoría de los gendarmes que participaron del acto represivo no fueron citados siquiera por la Justicia, ni su base allanada.

El gobierno nacional ha montado una maquinaria para ocultar la verdad y a 42 días, todavía, la enorme mayoría de los gendarmes que participaron del acto represivo no fue citada siquiera por la Justicia, ni su base allanada.

Ayer, el diario La Nación titula una de sus noticias: El Ministerio de Seguridad ya interrogó a 72 gendarmes”. Dirían los abogados: “A confesión de partes, relevo de pruebas…”. El Ministerio de Seguridad en lugar de poner a los gendarmes a disposición de la Justicia, monta un simulacro de actuación pseudo-judicial. ¿No será para evitar que los gendarmes no hablen ante la Justicia? ¿Acaso, ese apriete administrativo, no buscará conocer cuál es el posible “garganta profunda”? A esta altura, todo puede ser. Tanto el Ministerio de Seguridad, como su titular Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete de esa dependencia, pueden haber ayudado o pueden estar ocultando pruebas de lo sucedido, por acción u omisión, y sin embargo, interrogan a los participantes de un operativo en el que desapareció una persona. Es el mundo del revés de la canción de María Elena Walsh. Los únicos que deberían interrogar a los sospechosos de haber cometido un delito, son los jueces y fiscales de la Nación. De lo contrario, es un revival de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que los militares y fuerzas de seguridad se juzgaban a sí mismos.

Imagen de Santiago Maldonado, desaparecido en la provincia de Chubut.

Sin embargo, nadie oculta un hecho a riesgo de quedar expuesto política y legalmente. Bullrich no cubre a Noceti por ser buen mozo, como opinó sobre él alguna vez y reveló el diario Perfil. La desaparición de Santiago puso en evidencia a partir de los artículos publicados por el periodista Horacio Vertbisky en Página/12 que Noceti estuvo en Bariloche y Esquel no de paso, sino para coordinar el operativo de represión de los mapuches de la ruta 40. La idea era individualizarlos y detenerlos sin intervención judicial, aplicando normativa que permite hacerlo en flagrancia, como si la RAM fuera un grupo terrorista. Noceti habló por dos radios de Esquel explicando su objetivo. Se le suma el testimonio de dos de las mujeres del piquete, que lo vieron dirigiendo el operativo. Más allá de “la creación” de la RAM como grupo terrorista, el gobierno considera que los pueblos originarios interfieren con sus reclamos de acceso a tierras con las inversiones agropecuarias y petroleras, no sólo en la Patagonia sino en todo el país. Por eso, al igual que el gobierno anterior, no avanzaron en establecer todos los reclamos por tierras comunitarias que existen para aplicar la legislación vigente, que concretamente establece el acceso a su propiedad. Ése es el contexto y la agenda política y económica en la que se desarrolló el operativo. La desaparición de Santiago lo sacó a la luz antes de que se concrete la judicialización de los mapuches por aplicación de una ley que luego podría extenderse a buena parte de la protesta social que desencadenan los ajustes económicos o condicionan la extracción de recursos naturales.

Una encuesta del CEOP en la provincia de Buenos Aires, que publica en su edición de ayer Raúl Kolmann, indica que la mayoría de la opinión pública cree que Patricia Bullrich debe renunciar. Está claro, que cada día que pase sin una respuesta a lo sucedido, va a agrandar el costo político para el gobierno.

Desde otro costado, este caso ofrece una oportunidad para el re-posicionamiento político del peronismo dialoguista. El que mejor trabaja ese andarivel es Felipe Sola, el ex gobernador de Buenos Aires y diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa. Acusa al gobierno de ocultar información y proteger a Gendarmería Nacional y reclama la renuncia de Patricia Bullrich, entre otras afirmaciones. El PJ cordobés y el gobernador Juan Schiaretti, en lugar de pararse allí, decidieron seguir como furgón de cola al gobierno nacional, por eso habilitaron al fiscal Gustavo Dalma a realizar allanamientos en partidos políticos y organizaciones sociales kirchneristas y de izquierda.

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.

Schiaretti aún no parece haberse dado cuenta que el sector social que reconoció al peronismo cordobés como su representante durante casi dos décadas, mudó de domicilio. Debería imaginar su reposicionamiento en otro espacio, porque los cordobeses que optan por el presidente y sus candidatos en Córdoba lo consideran una mejor opción que el PJ. Es decir, ha habido un desalojo. No es sólo un asunto electoral, en realidad tiene reflejo también en ese plano. Se trata de una cuestión socio-política: Cambiemos expresa las demandas reales y simbólicas de una porción de la sociedad cordobesa y, además, es el mejor canal para sacarse de encima a Cristina Fernández de Kirchner. El PJ deberá imaginar con rapidez una nueva casa y una nueva causa, que este episodio le habilita. Hay una “máxima política” respecto del poder que señala lo siguiente: “Espacio que no se ocupa es ocupado por otro”. Y sirve al revés: si ese espacio ya está ocupado no hay lugar para otro actor. Schiaretti y el PJ deberían tomar nota, si es que no quieren sufrir una nueva cachetada electoral.

El PJ cordobés deberá imaginar con rapidez una nueva casa y una nueva causa, que este episodio le habilita.

A su vez, Santiago Maldonado se ha hecho tan significativo, que ha excedido la capacidad de las organizaciones políticas y sociales -de todo signo ideológico- de canalizar la expresión política, social y cultural de esa demanda. Su caso es diferente a los otros desaparecidos en democracia en un punto: que no forma parte de la acción residual de los grupos de tareas de la dictadura, sino que aparece como principal sospechoso de la desaparición, una fuerza de seguridad nacional, que actuó como si el “enemigo” estuviera tierra adentro. En este caso, es en perjuicio de un pueblo originario, pero en la ecuación se puede reemplazar “pueblo originario” por metalúrgicos o petroleros. Por eso, su nombre, su cara y su mirada parecen interpelar cada día que pasa sin saber de su paradero a la derecha política y económica y a la injusticia social. ¿Dónde está Santiago? se reproduce como un virus en los recitales, las paredes, las redes sociales, los partidos de fútbol y las escuelas. No hay lugar donde la mirada de Santiago no aparezca.

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