El gobierno apunta ahora a "negociar" y "consensuar" los aumentos de tarifas, que como se sabe están dolarizadas, y debieran seguir el ritmo de la devaluación.

El designado ministro de energía y Minería, Javier Iguacel.

Si la política de readecuación tarifaria de los combustibles y servicios públicos claves (gas y luz) era insostenible antes de la devaluación de mayo (el precio del dólar arrancó a 21,44 pesos el 2 de mayo y llegó este viernes a 28,85 pesos, con una depreciación de 33%) ahora es insostenible al cuadrado. Es muy violenta la transferencia de ingresos entre los consumidores y las petroleras y prestadoras de servicios públicos y su incidencia sobre el aparato productivo y las variables macroeconómicas como la inflación.

La llegada del presidente Vialidad Nacional, Javier Iguacel,  al Ministerio de Energía y Minería en reemplazo de Juan José Aranguren, es un cambio de estilo frente a la necesidad política. Se va un gurka que pugnaba por ponerle precio internacional al precio de combustibles y servicios y llega un diplomático que persigue el mismo objetivo, pero a una velocidad menor. Se retiró el CEO de Shell y arriba un hombre que trabajó para Pluspetrol, una petrolera argentina, pero con negocios en una decena de países.

El gobierno está convencido que este es un eje de su política económica y piensa llevarlo adelante, pero ahora serán tarifazos en rebanadas y no tarifazos en bloque como venían ocurriendo hasta el momento en los precios de los combustibles y los servicios públicos.

Para el caso de los combustibles, el precio fue liberado en 2017 y asociado a su valor internacional (el barril de petróleo Brent se cotizaba a mitad del año pasado en 47,8 dólares y en la actualidad se vende a 73,19 dólares). Por eso en 2017, un litro de nafta súper costaba 22,66 por litro y hoy se comercializa a 28,22 pesos. Es decir, las variables que confluyen son dos: precio internacional del crudo y el valor del dólar. El próximo aumento pactado es de 12,5% para aplicar en julio.

VER Por qué las tarifas de los servicios públicos pueden llevar al gobierno a una crisis política.

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El gas genera un problema por partida doble. Incide sobre el consumo residencial y productivo y además, sobre la generación de energía.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto: Presidencia de la Nación.

Llevado a la tarifa de gas en boca de pozo, en abril de 2018, el millón de BTU tenía un valor de 4,68 dólares, esto es 95,75 pesos al cambio de ese momento (20,46 pesos). En junio, por ejemplo, ese valor ya ascendió a 135,02 pesos (el dólar se cotiza a 28,85 pesos). Cuando se produzca la nueva actualización tarifaria, el diferencia que exista entre abril y el mes de la adecuación pasará a la tarifa que pagan los usuarios. La diferencia es de 41%.

Para entender cómo se compone la tarifa de gas natural en Argentina, es necesario saber que hay dos variables: una es la eliminación progresiva del subsidio que había a cada m3 que se consume y que llegaba a alrededor del 90% de su precio, un factor que desaparecerá a fin de año cuando los usuarios abonen la tarifa plena. A causa de esta decisión, las facturas se incrementaron entre 2016 y abril de 2018, un mínimo de 460% respecto a su punto de partida. Desde 2019, la actualización de este item será por el incremento de costos de transporte (TGN o Camuzzi) y distribución (Ecogas, por ejemplo), esto es la operación de las empresas, que seguramente estará alineada como mínimo con la inflación. Y el segundo componente, es el alineamiento con el valor de comercialización del gas en boca de pozo (producción de las petroleras), que se mide por millón de BTU. Actualmente, el Estado reconoce 4,68 dólares por millón de BTU y en octubre del año que viene llegará a 6,38 dólares. Esto implica que en el próximo año y medio, además de su actualización a pesos, los incrementos serán de otro 45% en dólares.

La cuestión eléctrica no es muy diferente. En dos años y tres meses de gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, el CEO Juan José Aranguren, el costo mayorista de la electricidad aumentó 1447,65%, pasando de 76,75 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 1187,8 pesos en febrero de este año. Los datos son de la propia Secretaría de Energía de la Nación. Por ejemplo, EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) pagaba a fines de 2014, 70 millones por la boleta de la energía que compraba y luego distribuía, y a principios de este año, desembolsaba 1100 millones por la energía adquirida: 1471%.

El siguiente item cuyo costo explotó es el del transporte de energía, que pasó de 2,97 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 91,8 pesos en febrero de 2018: una suba de 2990%.

Hay que adicionar que el gas es un insumo clave en la producción de energía eléctrica, dado que más de la mitad de la que se consume en Argentina es generada en centrales termoeléctricas. Conclusión: el precio del gas incide de manera determinante en el precio del Kw/h.

Parte de la crisis de EPEC está relacionada con esta política, porque modificó violentamente su contexto tarifario. Para tener una idea del impacto de esta variable: el costo de la energía adquirida al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por EPEC saltó un 163,19% entre 2016 y 2017, pasando de 2409 millones a 6340, una diferencia de 3.931 millones de pesos.

Ahora, el gobierno cambió piezas, pero no su política. Quiere modificar la percepción social de insensibilidad, pero el problema no son los hombres, son las políticas. Ni siquiera la discusión es si tiene que haber subsidios o no a la energía, el problema es la existencia de tarifas dolarizadas combinadas con salarios afectados por la devaluación. Se trata de un cóctel dramático para las familias, comercios e industrias. El segundo plano, es que tarifas en dólares e internacionales son contrarias al desarrollo industrial. Por eso, parte de la discusión política entre los dos grandes bloques políticos y sociales ha sido históricamente si debe haber un precio argentino, que es reconocer el costo de producción local (eso duró hasta los ’80 con el presidente radical, Raúl Alfonsín, ya que el kirchnerismo decidió subsidiar el consumo, pero favoreció los requerimientos de las petroleras en cuanto al precio del producto) o internacional (y sin subsidios) como se plantea ahora, que favorece a las compañías petroleras.

El precio de los combustibles y las tarifas de servicios públicos han tenido incrementos obscenos, que tarde o temprano desatarán una tempestad. El presidente intenta que no se desate la tormenta perfecta, esto es, entre la política económica del FMI y la readecuación tarifaria. Es un ciclo de elevada incertidumbre.

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