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Después de los casos de gatillo fácil y denuncias de violencia institucional y de género, el gobierno anuncia cambios en el Tribunal de Conducta policial y penitenciario

Sábado 05 de Diciembre de 2020

Después de los casos de gatillo fácil y denuncias de violencia institucional y de género, el gobierno anuncia cambios en el Tribunal de Conducta policial y penitenciario

El Gobierno provincial anunció que presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que fue creado en 2003 en reemplazo de la División Asuntos Internos. Todavía no se conoce el texto definitivo de la reforma que será elevada para su tratamiento legislativo antes de fin de año ni la profundidad que tendrá. La información que se dio a conocer oficialmente no muestra modificaciones importantes. Tampoco se conocen resoluciones del actual tribunal de conducta frente a numerosas denuncias presentadas contra oficiales policiales y penitenciarios.

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Según anunció el Ministerio de Seguridad, una de las novedades del futuro Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, es que será presidido por un representante del Ministerio Público Fiscal. En la actualidad, el cuerpo tiene como titular a la representante del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Conducta se ha caracterizado por proteger faltas, abusos y políticas de los altos mandos de las fuerzas de seguridad, favoreciendo -de ese modo- el desarrollo y multiplicación de situaciones de violencia institucional.

El jefe del SPC, Juan María Bouvier. (Foto: Gentileza La Voz).
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También destaca la información oficial que se buscará armonizar el actual régimen disciplinario incorporando nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional y violencia de género y discriminación.

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El nuevo cuerpo contará con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; la Legislatura y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Salvo la carrera la facultad de Derecho de la UNC, el resto de los estamentos ya participaba de manera directa o indirecta. Llama la atención que, en la comunicación oficial, el Observatorio de Violencia Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UNC, no figura entre los organismos convocados por el gobierno para resolver el grave problema de violencia institucional de las fuerzas de seguridad en la provincia.

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La medida parece una respuesta a los casos de gatillo fácil de Blas Correas y Joaquín Paredes y las numerosas denuncias de violencia institucional, hostigamiento laboral, violencia de género, y discriminación tanto en la Policía como en el Servicio Penitenciario.

El comisario inspector Rubén Caporali. (Foto Imagen de TV).

Otro de los puntos a tener en cuenta es la eliminación del arresto y la exoneración para los policías, creándose la sanción de “destitución” para los casos más graves.

Por otro lado, se prevé la creación de un organismo técnico profesional que tendrá a su cargo la investigación de las faltas “graves y gravísimas” y se incorpora una defensoría disciplinaria para garantizar el debido proceso. En virtud de la búsqueda de mayor distancia a la hora de juzgar las inconductas policiales, se prevé que el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal.

También se anunció que se busca fortalecer la publicidad y transparencia del régimen disciplinario a través de la obligación de los órganos de presentar informes de gestión. Finalmente, se dispone la creación del Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad con participación de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal.

En la actualidad, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario tiene los siguientes vocales: la abogada Ana María Becerra (presidenta) quien es representante del Poder Ejecutivo; el legislador peronista Eduardo Serrano, representante de la Legislatura; y el abogado Manuel Cristian Savid, representante del MPF.

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