El integrante del partido de Lilita Carrió denunció judicialmente a los legisladores por "intimidación pública". El planteo fue rechazado.

Los legisladores Ilda Bustos (PJ) y Eduardo Salas (FIT), la diputada nacional Gabriela Estévez (FPV), y la legisladora provincial, Carmen Nebreda (Córdoba Podemos).

El abogado y militante de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda denunció a la diputada nacional Gabriela Estévez (PJ-FPV) y los legisladores provinciales Martín Fresneda y Carmen Nebreda (Córdoba Podemos) y Eduardo Salas y Ezequiel Peressini (ambos del FIT) por “intimidación pública” a las fuerzas policiales durante el desalojo y represión de más de un centenar de familias en un predio de la localidad de Juárez Celman. Según la presentación judicial,  “los denunciados habrían incentivado y promovido las agresiones contra un grupo de policías, intentando sacar provecho político del caos generado en torno a la delicada situación”.

El planteo judicial de Hernández Maqueda fue rechazado por los acusados. “Hace 50 años que estoy en las calles defendiendo los sectores más pobres, los sectores populares y lo voy a seguir haciendo, no hay un sólo elemento que pruebe que yo hice una acción de agresión sino solamente que me interpuse y fui muy golpeada para evitar que golpearan a los vecinos”, dijo Nebreda ayer en la Legislatura.

“Los vecinos que lloraban porque tenían a sus bebés adentro, porque tenían sus remedios adentro, porque veían como destruían su casas. La violencia no la generamos nosotros, la genera un sistema que se olvida que los que viven allí son personas”, agregó la legisladora kirchnerista.

Por su parte, el legislador provincial del FIT, Ezequiel Peressini, acusó a Elisa Carrió de estar detrás de la denuncia. “Lo infundado y extemporáneo de la denuncia revela las verdaderas intenciones, que es crear las condiciones para reprimir fuertemente los reclamos populares que surgen frente a la aplicación de un plan de guerra contra los trabajadores en el medio del desbarranque de la política económica del gobierno. Lógicamente, tamaño ataque requiere de una preparación y es eso lo que se pretende con esta denuncia amañada, en esencia, es una  provocación contra la lucha popular que crece en Córdoba y en todo el país”, señaló el legislador.

“Que se castigue nuestra acción a favor de los reclamos de vivienda es un servicio a favor de los desarrollistas inmobiliarios, los grandes saqueadores y especuladores en una provincia que gracias al gobierno de Unión por Córdoba y de Mauricio Macri tiene a más de un millón y medio de cordobeses sin techo propio, mientras ellos garantizan a esos grupos capitalistas el acaparamiento de tierras urbanas. Se pretende además ocultar que fue el gobierno provincial, su policía, su entonces secretario de seguridad (Diego Hak) quienes promovieron la violencia en un brutal desalojo donde se usaron topadoras, se incendiaron casas y se destruyeron pertenencias de las familias que ahí habitaban”.

Luego catalogó a Hernández Maqueda de “aspirante a fascista”.

Por su parte, Estévez afirmó que “lamento profundamente la clara intención de utilizar mediáticamente, para provecho propio por parte del denunciante, un conflicto tan delicado como el que se vive desde la helada madrugada del 1 de Junio, cuando la Policía de la Provincia sacó a los vecinos a la fuerza de sus precarias viviendas para luego arrasarlas con topadoras con todas sus pertenencias adentro”.

La diputada nacional dijo que “la problemática de los barrios populares requiere de soluciones concretas y contundentes, en particular el conflicto que atraviesan los integrantes de la Cooperativa Barrio Parque Esperanza 12 de junio en Juárez Celman, que se ha convertido en un caso emblemático ante el alto el porcentaje de población cordobesa con problemas habitacionales, situación que se agrava día a día en el actual contexto de crisis que vive el país”.

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