Tres legisladores acusan al gobierno provincial de "direccionamiento" de la licitación para que gane la ex Kolektor. Harán una presentación judicial.

Los legisladores Quinteros, García Elorrio y Montero denuncian a la ex-Kolektor y a funcionarios del gobierno en la Justicia. Foto: Gentileza La Voz del Interior.

Los legisladores provinciales Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Aurelio Garcia Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) y Liliana Montero (Bloque unipersonal) presentarán hoy por la mañana, una denuncia penal contra la licitación que dio a Kolektor el contrato de prestación de  “Servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”.

Para los legisladores, “en el proceso licitatorio y su adjudicación posterior, existió un direccionamiento arbitrario a favor de las empresas Servicios y Consultoría S.A y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A”.

Dicen que “la investigación penal correspondiente deberá evaluar el desempeño funcional de la comisión de preadjudicación conformada por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, el secretario de Ingresos Públicos, Heber Farfán y el gobernador Juan Schiaretti, para dilucidar si en la licitación pública nacional e internacional se cometió el delito de Defraudación contra la Administración Pública”.

También reclaman que “se investigue a los miembros del directorio de las empresas adjudicatarias del servicio, Cristian Karsten y Hermann Karsten de la empresa Servicios y Consultoría S.A y Patricio Álvarez  y Guillermo Álvarez de Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A (ambas ex Kolektor)”.

Plantean que es necesario “dilucidar el rol que cumplieron (los cuatro empresarios) respecto a un eventual direccionamiento arbitrario en el proceso licitatorio que benefició únicamente a que participara y se adjudicara el servicio al mismo  grupo de empresarios  que tiene la concesión del servicio desde el año 2004 y que se ratificó con la reciente aprobación de la ley N°10.552 que en su artículo 2 permite que el Poder Ejecutivo pueda disponer de la ampliación del servicio de manera discrecional y la adecuación del pago”.

Apuntan que “esto permitirá a la concesionaria la cobranza de recursos “no tributarios” tales como Registro de la Propiedad, Lotería S.A, EPEC o Policía Fiscal, circunstancia que no contemplaba el pliego de licitación y por ende fue desconocida por el resto de los oferentes”.

Explican que “la presentación describe que en el breve período de tiempo trascurrido entre la publicación de pliegos y la presentación de ofertas, y considerando la complejidad del servicio que se pretendía contratar, hizo materialmente imposible que otros oferentes formularan su preparación, existiendo una imposibilidad material de cumplir con los acotados plazos establecidos en los Pliegos”.

Suman en esa línea, a “la exigencia desmedida de patrimonio, de garantías de mantenimiento de la ofertas, y de garantías de impugnación que solicitaban los pliegos, que fueron de imposible cumplimiento para muchas empresas del rubro. Todo lo cual patentiza la restricción impuesta en forma indirecta para la participación de empresas nacionales y/o internacionales que le son ajenas a la actual administración, por lo que inferimos que la licitación se encontraba direccionadas a un  oferente específico (Kolektor)”.

Precisan también que “el hecho de que en los pliegos se omitiera cualquier tipo de mención a la situación de los 900 empleados de la empresa a la que se quería reemplazar indica, de manera inequívoca, la “garantía” de la antigua concesionaria en la prosecución de sus funciones. Cabe señalar que se violentó un  principio básico y esencial de nuestro Estado de Derecho, que es el de la igualdad de trato entre los oferentes”.

Por último, Quinteros afirmó que “el obsceno direccionamiento de esta licitación, su posterior adjudicación, y finalmente la ley que el día 4 de julio aprobó, con votos del oficialismo, la Legislatura de Córdoba, a favor de la empresa Servicios de Consultoría S. A (ex Kolektor), deja en clara evidencia la connivencia entre el gobierno de Córdoba y la empresa que seguirá cobrando los impuestos, cada vez más asfixiantes, que pagan los cordobeses”.

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