Sólo 49 días después de recibir una condena penal y de salir en libertad por ya haber cumplido prisión durante el proceso, el ex número uno de Drogas Peligrosas consiguió trabajo en la empresa Bacar, cuyos directivos están procesados por estafa y lavado de activos bajo la causa CBI. El nombramiento va en contra de las normas nacionales y provinciales.

El ex jefe anti Drogas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa. (Archivo)

Pese a haber sido condenado a tres años y medio de prisión el 12 de mayo de 2016, e inhabilitado por el doble de ese plazo, el excomisario y exjefe de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, se halla trabajando nuevamente en el área de seguridad, pero ahora en una empresa que presta servicio en la órbita privada.

A menos de dos meses de haber recuperado su libertad -cumplió los dos tercios de su pena-, quien fuera señalado como el cabecilla de la banda de narcopolicías y protagonista estelar -junto a Juan Viarnes- del llamado “Narcoescándalo” que estalló en agosto de 2013, Sosa no tuvo inconvenientes para reinsertarse en el mercado laboral.

Los datos de Sosa en ANSES y del empleador, Bacar, tanto en la ANSES como en la AFIP.

 

Lo que en primera instancia podría considerarse como un dato anecdótico, deja de serlo cuando se conoce el detalle de la firma que contrató a Rafael Sosa. Se trata de la empresa Bacar Transportadora de Caudales S.A., lugar donde Sosa está trabajando.

Esta situación implica un incumplimiento de la ley provincial N° 9.236 que regula la actividad de las empresas de seguridad, que están impedidas de contratar personal con condenas o procesos penales.

Bacar es una sociedad Anónama que aprobó su objeto social en la asamblea de socios celebrada el 30 de septiembre de 2011. El documento, que fue publicado en la página 5 del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 29 de noviembre ese mismo año, incluye además de la conocida actividad de transporte y custodia de caudales, la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

El texto dice que los fines de la empresa son las siguientes: “(…) Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con facultades para integrar joint ventures, uniones transitorias de empresas o agrupaciones de colaboración, y bajo cualquier tipo de contratación creado o a crearse en el país o en el exterior, las siguientes actividades: A) Transportadora de caudales (…); B) Transporte de vehículos (…); C) Servicios de Seguridad y Vigilancia: la prestación en todas sus formas de servicios de investigaciones privadas en materia civil, comercial y laboral, servicios de vigilancias y custodias de bienes o lugares dentro de inmuebles así como servicios de vigilancia y custodia de personas”; D) Financieras (…); E) Inmobiliarias (…); y F) Mandatarias (…)”.

Papeles en regla

Según la información que figura en las bases de datos gubernamentales, Sosa aparece como dado de alta en la Obra Social del Personal de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba, como beneficiario por “Relación de Dependencia”. Su fecha de alta es el 1° de julio de 2016, es decir, 49 días después de haber sido condenado por un delito doloso. El dato surge tras formular una consulta a la base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cnstancia de que Rafael Sosa se encuentra registrado en el Padrón de Beneficiarios de la Obra Social del Personal de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba.

 

 

La misma información logra ser confirmada cuando se consulta la base de datos de Anses (Administración Nacional de Seguros de Salud), donde al ingresar el CUIL de Sosa se verifica que se halla incluido en la declaración jurada de su empleador, y con aportes al día a la seguridad social y obra social, además de las contribuciones patronales. Esto confirma por una segunda vía la situación de relación de dependencia de Sosa.

Este resumen de la situación previsional de Rafael Sosa, corresponde a su actual empleador, la empresa de seguridad Bacar.

 

Lo llamativo es que el excomisario figura en Anses registrado por dos empleadores. Y si bien no se puede constatar quién es el segundo empleador, sí se determina que los aportes patronales están yendo a a la obra social Apross, tal como cuando pertenecía a las fuerzas policiales. Sobre esta cuestión, una alta fuente de esa entidad pública de salud que fue consultada por ENREDACCIÓN para la realización de este informe, confirmó que Rafael Sosa sigue figurando como afiliado a Apross, pese a haber sido condenado penalmente y a –supuestamente– no pertenecer más a la Policía de la Provincia de Córdoba.

Este documento demuestra que el gobierno sigue haciendo contribuciones patronales a la obra social estatal Apross en favor de Rafael Sosa, pese a que ya no integra la fuerza policial.

 

 

 

 

EMPRESA AMIGA

La información sobre la incorporación del excomisario Sosa a una empresa de seguridad llegó a ENREDACCION primero como un dato oral y luego pudo ser confirmada con documentación oficial. El dato concreto apuntaba a que era Prosegur la firma privada que había incorporado a Sosa en relación de dependencia.

Ello se asentaba en declaraciones “off the record” de empleados de Prosegur, advirtiendo sobre la incorporación del exnarcopolicía. También fue señalada por policías en actividad que en diversas ocasiones observaron a Sosa descender de vehículos oficiales de Prosegur para visitar el domicilio de su madre y de su hermano (incroporado como personal técnico de la Policía) en barrio Empalme.

“Los datos que manejamos indican que está en Prosegur, no en Bacar”, explicaba Marcelo Izquierdo, ex integrante de la policía de Córdoba y asiduo crítico de la situación actual de la fuerza. De hecho señala que ambas empresas, Bacar y Prosegur, comparten playón operativo.

Lo cierto, es que Sosa se desempeña según los registros documentales como empleado de Bacar, que es una empresa de transporte y custodia de caudales y también de seguridad. La segunda actividad se rige por la ley provincial N°9236. En el capítulo sobre “Inhabilitaciones e incompatibilidades”, la normativa es clara al prohibir expresamente el desempeño dentro de empresas de seguridad, a personas que “posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos y/o culposos” (art. 34 inciso b). Este tipo de incompatibilidad se repite en la mayoría de las legislaciones provinciales, y también en el decreto 1172/88 firmado por Raúl Alfonsín.

El nombramiento va en contra de las normas nacionales y provinciales sobre empresas de este rubro, que de manera expresa prohíben la incorporación de personas con condenas o procesos penales”.

 

Pese a que la norma es muy cuidadosa y explícita en la intención de que servicios de esta trascendencia sean prestados solamente por personas sin ningún tipo de antecedente ni proceso penal, en los hechos Bacar tiene como integrante a un ex policía como Sosa, condenado por delitos en sus funciones, y a su vez con una acusación grave por delitos de asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad, por los cuales, si bien ha sido absuelto, tal decisión tampoco está firme por haber sido casada ante la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo cual también se halla en proceso judicial.

Sin principio de inocencia

Esta irregularidad fue de algún modo relativizada por el juez federal N°1 Miguel Hugo Vaca Narvaja, magistrado que firmó la condena a Sosa. Señaló que en este caso regiría “el principio de inocencia”, dado que como la sentencia fue casada, no se encuentra firme. “Desde una perspectiva legal garantista, a Sosa todavía le rige el principio de inocencia, por lo cual no habría inconveniente en que cumpla funciones en una empresa de este tipo”, sostuvo el magistrado. Claro que en esa respuesta no contemplaba con precisión lo previsto por la ley, cuyo texto extiende la incompatibilidad incluso a “los procesados por delitos penales”.

Consultado por este medio, el abogado penalista Alejandro Zeverín, especializado en temáticas de seguridad, no dudó en cargar contra la empresa Bacar ante la confirmación de haber contratado a una persona condenada. “Si a Rafael Sosa se le han proveído fondos como director de una empresa de seguridad, tal empresa puede ser pasible de sanciones por violar la ley y tener a un personal de esa naturaleza dentro de la actividad privada”, consideró. De hecho, señaló que “aunque no esté firme la condena, constituye una violación a la ley por parte de la empresa, lo que puede derivar en una multa o en una suspensión de la licencia o incluso la inhabilitación para seguir desempeñándose como empresa de seguridad”, sostuvo, antes de concluir con una inquietante comparación: “Equivale a tener un pistolero como director general”.

Al cierre de edición del presente informe, las autoridades de la empresa Bacar no respondieron a las consultas enviadas por correo electrónico por este medio.

Más allá de estas consideraciones, llama la atención que una empresa como Bacar, salpicada de lleno por el escándalo de CBI, con sus directivos investigados por estafa y lavado de activos por el mismo fiscal que instruyó el narcoescándalo, sea la que como mínimo ha prestado el nombre para que Rafael Sosa vuelva al mercado laboral, esta vez detrás del mostrador de una empresa privada que puede prestar servicios de seguridad. Como si nada hubiera pasado.

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