Tres legisladores ampliaron su denuncia ante el fiscal Sergio Rodríguez en Buenos Aires. Agregaron el decreto 443/2015 que aprueba el pago de 6,8 millones de dólares por trabajos preliminares a la obra de los gasoductos y señalan que Odebrecht compró los pliegos de la primera licitación, pero se retiró, dejando a OAS y Andrade Gutiérrez.

El fiscal Sergio Rodríguez. Foto: Gentileza MPF.
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Tres legisladores de la provincia de Córdoba ampliaron su denuncia original al fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Son Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal). Los nuevos elementos que sumaron a la presentación son básicamente cuatro: El decreto 443/2015 del 13 de mayo de 2015; un Acta-Acuerdo que desdobla los pagos entre trabajos preliminares y los trabajos de ejecución de las obras; que Odebrecht también compró los pliegos de la licitación para construir los gasoductos troncales cordobeses, pero se retiró antes de la compulsa; y la existencia de un modus operandi de los brasileños en Argentina, al comparar las licitaciones de las plantas de Tigre y Berasategui con los gasoductos cordobeses.

Las licitaciones en cuestión son la 1/2008 y 7/2008, que fueron adjudicadas a la UTE de Andrade Gutiérrez, IECSA y Brito S.A. La obra finalmente no pudo realizarse porque estaba atada al financiamiento internacional del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil), con el 79% de la obra, pero el gobierno nacional no le entregó los avales correspondientes a la provincia de Córdoba pudiera endeudarse. Como resultado, en 2015, se cayó la operación.

Entre las medidas probatorias que demandan, se encuentra conocer “(…) las declaraciones indagatorias prestadas por Joao Santana y (su esposa) Mónica Moura y sus posibles vinculaciones con las campañas políticas llevadas a cabo a José Manuel De la Sota (a gobernador y presidenciales)”.

El ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota.

Rodríguez investiga el caso Odebrecht a partir de las obras que adjudicó el gobierno nacional, pero también está haciendo una investigación preliminar de “la ramificación” de los gasoductos cordobeses, como publicó ENREDACCIÓN el 30 de agosto. Esta denuncia de los legisladores cordobeses se suma a ese primer tramo del trabajo de la Procuraduría, también abierto por una presentación de los mismos legisladores.

Los artículos que publicó ENREDACCIÓN desde mayo de este año, son los siguientes:

Corrupción: Guía para entender el caso Odebrecht en Córdoba.

El caso de los sobornos de Odebrecht tiene un capítulo en Córdoba.

Odebrecht en Córdoba: Quién es Rodney Carvalho.

El “Club de la obra pública” de Brasil también hizo negocios en Córdoba.

Odebrecht: Parecidos y diferencias entre la planta de agua de Tigre y los gasoductos cordobeses.

Corrupción: El abogado de Odebrecht dice que la constructora se acercaba al poder a través de las campañas de Joao Santana.

QUÉ DENUNCIAN

– Un Acta-Acuerdo que se encuentra en los expedientes de la licitación, que “desdobla el pago de la obra, en ‘tareas preliminares a la vigencia del acto’ y en ‘tareas propias a ejecución del mismo’. En dicho convenio, las ‘tareas preliminares’ comprendían las gestiones para la obtención de autorizaciones y permisos, la construcción de obras civiles correspondientes, el relevamiento y estudios topográficos, el desarrollo de la documentación para dar cumplimiento a la normativa técnica y ambiental aplicable y la elaboración de los proyectos ejecutivos de planta y gasoductos de conformidad al Anexo I de la licitación”.

-Presentaron el decreto provincial 443/2015 de fecha 13 de mayo de 2015 por “el cual se aprueba el acta compromiso suscripta entre el Gobierno de la provincia de Córdoba y la constructora ANDRADE GUTIERREZ S.A, IECSA S.A – UTE. En dicho convenio, las partes deciden resolver bilateralmente el contrato para la construcción de los “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba” y el Gobierno de la provincia de Córdoba se  compromete a abonar  en concepto de “tareas preliminares” para la LPI N° 01/2008 $11.279.043,16  y $16.312.537,07 para la LPI 06/2008 y a su vez, pactan  una redeterminación de precio para ambas licitaciones de  $7.785.027,53, es decir, que en total el Gobierno de la provincia de Córdoba abonó $35.295.649,53 (6.683.778,30 dólares) algo que nos parece demasiado oneroso para simples “actos preliminares” teniendo  en cuenta que la obra nunca se hizo”.

-Aseguran que “estas maniobras jurídicas son el ‘modus operandi’ que terminó favoreciendo a las empresas  ‘cartelizadas’ de Brasil. (…) Esta obra, no escaparía  al esquema general de pago de sobornos transnacionales que viene investigando el Sr. Fiscal (Rodríguez). La dilucidación de esta parte, la vinculada a los presuntos negocios ilícitos bilaterales –cohechos- entre privados y funcionarios públicos, que justificaría aquí el diligenciamiento de un exhorto internacional”.

-Apuntan que “el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 – Secretaria 13 del Dr. Casanello realizó un llamado indagatoria a 28 personas, entre ellas el Ingeniero Fabián López, ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Dicho llamados a indagatorias corresponden a hechos de corrupción y soborno trasnacional en la causa se investigan una serie de sucesos delictivos vinculados a la gestión de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA), dentro de esos hechos sobresale la adjudicación y desarrollo de dos grandes obras identificadas como: “Planta Potabilizadora ‘Juan Manuel de Rosas’ de Paraná de las Palmas” y la “Planta Depuradora del Bicentenario”. (…) En la resolución, el juez federal, pone de manifiesto cuáles eran las maniobras que utilizaban los funcionarios y empresarios para poder hacerse de dichas obras, algo muy similar a lo que sucedió  en la Provincia de Córdoba: El financiamiento con el BNDES de todas las empresas oferentes que participaron en la licitación; la compra de pliegos por parte de tres empresas brasileñas cartelizadas entre sí: Andrade Gutiérrez con IECSA y Britos – UTE-; OAS S.A con Electroingeniería S.A – UTE-  y Odebrecht”.

-Agregan que “luego, Odebrecht no presentó ofertas y se retiró de la licitación con el fundamento: “En el marco de dicho proceso licitatorio, la decisión que hemos tomado de ninguna manera significa falta de recursos humanos, técnicos, financieros, ni desinterés de parte de la constructora Noberto Odebrecht  sino que obedece a una estrategia empresarial global en el marco de un conjunto de proyectos en la región”.

QUÉ LE PIDEN AL FISCAL

-Que solicite información a la Justicia de Brasil sobre “si pudo haber existido un pago de coima vinculado a los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba (2008)”.

-Piden la declaración del arrepentido Alberto Youseff sobre los pagos de coimas detallados en las páginas 33 y 34 del registro de pagos que llevaba el propio Youssef. Puntualmente señalan que es necesario conocer quiénes recibieron los pagos.

-“Se informe sobre las declaraciones indagatorias prestadas por Joao Santana y Mónica Moura y sus posibles vinculaciones con las campañas políticas llevadas a cabo a José Manuel De la Sota (a gobernador y presidenciales), sus pagos de honorarios, la forma en que los mismos se hicieron efectivos, y si los mismos guardan alguan relación con las operatorias descubiertas en el marco de la operación “Lava Jato”.

LO PRINCIPAL

-Se realizaron acuerdos bilaterales entre el gobierno y la UTE adjudicataria para desdoblar el contrato entre obras preliminares y los gasoductos propiamente dichos.

-Hubo un pago de la provincia a la UTE Andrade Gutiérrez-IECSA por 6,8 millones de dólares por las obras preliminares.

-Odebrecht también compró los pliegos, pero finalmente no participó de la licitación.

-Señalan que coincide el modus operandi de las licitaciones de Tigre y Berasategui con los gasoductos cordobeses. Esto es, que se presentaron compañías brasileñas “cartelizadas” y que eran apoyadas con financiamiento del BNDES.

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