Lo reclamó el legislador radical Javier Bee Sellares. Afirma que "ayudará a disminuir la inseguridad que padecemos a diario los cordobeses”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación propone incorporar 300 pistolas eléctricas Taser. Un legislador pide que haga lo mismo la Policía de Córdoba.

El legislador radical, Javier Bee Sellares, aseguró ayer que “sería importante que la Provincia de Córdoba adopte la utilización de las pistolas eléctricas Taser para disminuir la inseguridad que padecemos a diario los cordobeses”. Lo hizo, luego que el gobierno nacional diera a conocer que avanzará en la implementación de armas no letales como las pistolas Taser para utilizar, en un principio, en lugares públicos con alta concentración de personas como aeropuertos y estaciones de trenes. Los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Federal, respectivamente, que utilicen estas pistolas eléctricas no utilizarían armas de fuego para evitar intervenciones en las que puedan morir personas.

“La utilización de las armas no letales debe darse en lugares de alta concurrencia de gente como áreas peatonales y terminales de ómnibus de Córdoba, entre otros”, añadió el legislador.

Agregó en ese sentido, que “me sorprende la ignorancia de algunos dirigentes que creen que es una picana eléctrica y no entienden que es un arma no letal para inmovilizar al delincuente. Garantizar la seguridad de los cordobeses debe ser prioridad”.

Las pistolas Taser disparan dos electrodos con forma de arpón cuyos impulsos eléctricos (de muy bajo amperaje) tienen un alcance de entre cuatro y 10 metros.

Estos impulsos eléctricos inmovilizan al agresor en forma instantánea y por un tiempo de entre cinco segundos y ocho segundos. Luego, la persona alcanzada se siente cansada entre cinco y diez minutos, según explican los especialistas. La única posibilidad de producir daños físicos es realizar un disparo a la zona de los ojos, por eso, los especialistas aconsejan no apuntar a esa zona del cuerpo.

Por otro lado, las pistolas cuentan con un registro de control mediante una memoria digital que almacena datos encriptados sólo accesibles a través de un software específico. En el chip se guardan: fecha y hora de uso y duración de los impulsos, entre otros datos.

También cuenta con una cámara HD, la que graba audio y video (por más de una hora) a partir del momento que se le quita el seguro. Incluso registra toda la acción en la oscuridad total.

La propuesta de utilizar estas pistolas no es nueva en el país. En 2010, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el actual presidente Mauricio Macri como jefe de Gobierno intentó implementarlas, pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó una serie de acciones legales. El argumento central del reclamo judicial fue que podían utilizarse para torturas por el uso de las descargas eléctricas, una posición que es sostenida por la ONU. Sin embargo, el tema fue zanjado por la Corte Suprema de Justicia en 2016, dejando firme un fallo que autorizaba su implementación, con el argumento de que no había elementos que corroboraran ese cuestionamiento.

El tema, luego del fallo de la CSJ, fue denunciado ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hizo el Observatorio de DD.HH. de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (ODH) y aún no hay una resolución sobre el caso. El ODH reclamó que se prohíba el uso de armas eléctricas  porque “va en contra de los derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y viola el deber del Estado de prevenir la tortura”. La presentación fue acompañada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades.

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