La Municipalidad de Córdoba y el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) tendrán su primer “cara a cara” este miércoles, desde las 11:00, en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para iniciar negociaciones por las demandas salariales y laborales de los trabajadores. El encuentro se produce luego de seis semanas de conflicto, en las que no hubo respuestas oficiales a los planteos sindicales, y en un marco de tensión entre las partes.
El secretario General del SUOEM, Rubén Daniele, dijo en una conferencia de prensa que brindó en la sede del sindicato cerca del mediodía, que “nosotros hemos tomado la primera decisión que es suspender las acciones gremiales ante la intimación de la Secretaría de Trabajo, en el sentido de que no podemos realizar acciones porque estamos apercibidos de que puedan ser declaradas ilegales”.
También apuntó que “vamos a asistir a una reunión que ha convocado la Secretaría a partir de una nota que ha presentado la Municipalidad, que voy a aprovechar para aclarar que la rechazamos en todos los términos. La nota en la que la Municipalidad pide a la Secretaría que haga la conciliación, es mentirosa, absolutamente toda mentira, nosotros no hemos hecho ningún tipo de violencia, nosotros hemos marchado, como dice la Constitución que se debe marchar, hemos cumplido la ley”.
Por su parte, el municipio emitió un comunicado en la Red X, donde confirma que “autoridades competentes de la Municipalidad participarán de la audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia para el próximo miércoles 4, a la que fueron convocados representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)”.
Señala que “el diálogo y el entendimiento son prioridades para la actual gestión municipal, que busca resolver el conflicto con el objetivo de garantizar obras y servicios para los vecinos y vecinas de Córdoba, protegiendo el bien común y los recursos que son de todos los cordobeses”.
También afirma que “bajo ningún aspecto el municipio avalará métodos de violencia, viejas prácticas de amenazas, insultos, ni cualquier mecanismo que interrumpa las funciones municipales, impida la comunicación o perjudique a la ciudad. Los tiempos de privilegios para un solo sector se terminaron”.
El SUOEM respondió poco después asegurando que “la Municipalidad de Córdoba ha difundido un texto que, en lugar de esclarecer, confirma lo que denunciamos hace meses: gobiernan sin diálogo, ajustan sin vergüenza y comunican con un cinismo que insulta la inteligencia y la verdad”.
Denuncian que “afirman que ‘el diálogo y el entendimiento son prioridad para esta gestión’, pero si algo ha brillado por su ausencia es justamente el diálogo del Ejecutivo. Ninguna mesa de negociación, ninguna instancia real de escucha. Sólo imposiciones, ninguneo y soberbia”.
Luego resaltan que “declaran que ‘protegen el bien común y los recursos que son de todos los cordobeses, no de un sector’, pero los hechos muestran otra cosa: un Ente (de Fiscalización y Control) para sortear las normas de contratación municipales; desborda la Municipalidad de funcionarias y funcionarios innecesarios y empresarios dueños de edificios de lujo beneficiados con los más de setenta alquileres que paga el municipio”.
Plantean que “intentan asociar el legítimo reclamo sindical con la violencia, afirmando que ‘no avalan métodos que interrumpan funciones o impidan la comunicación entre las partes”’ Lo cierto es que las acciones gremiales fueron masivas, ejemplares y ajustadas a derecho”.
Por último, dicen que “’los cordobeses queremos paz social y repudiamos las viejas prácticas de amenazas, insultos y privilegios’. Paradójico: porque las únicas amenazas fueron las sufridas por nuestras compañeras y compañeros, bajo extorsión, para trasladarlos ilegalmente al Ente. ¿Privilegiados? ¿Quiénes? ¿Los equipos municipales a los que le rebajaron el salario? ¿Las compañeras y compañeros explotados por el Intendente?”
Cabe recordar que el SUOEM reclama un aumento salarial (estiman en 30% la pérdida de poder adquisitivo); pide el pase de trabajadores precarizados (becarios y monotributistas) a planta permanente; y manifiesta su rechazo al Ente de Control y Fiscalización Municipal.
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