El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le pidió este lunes la renuncia a todo su gabinete. La comunicación fue breve y estuvo precedida de un detalle de la complicada situación financiera del municipio, que sería uno de los detonantes de la reestructuración. No hubo comunicación oficial de lo ocurrido ni cuando se dará a conocer la reestructuración del gobierno local. El desprolijo movimiento indica la existencia de una crisis no sólo económica.
Fuentes del peronismo apuntaron que él otro factor es que la gestión de la Municipalidad “no movió el amperímetro” desde que comenzó en diciembre de 2023 y “se requiere un relanzamiento para intentar mejorar las opciones políticas y electorales en las elecciones de octubre”. Uno de los dirigentes consultados señaló que “hay que hacer un F5 para actualizar el gobierno y recordarles a los dirigentes del partido que es frente a las elecciones no hay refugio de gestión que valga”.
Dos encuestas -una de Comparactiva y otra de Aresco- muestran que, si bien el intendente Daniel Passerini tiene un diferencial positivo de imagen y una imagen positiva de entre 45 y 49 %, ésta se encuentra entre 6 y 10 pp. por debajo de la del gobernador Martín Llaryora, lo que evidencia un problema político para el peronismo provincial, ya que la Capital es el reducto que le dio la victoria en las elecciones de 2023. Sin obras de relevancia, con problemas en el servicio de transporte público, y con la bola de nieve de la inseguridad y el narcotráfico, el primer tramo de la gestión capitalina parece haberse quedado sin nafta, lo que desgasta al jefe comunal y, por extensión, al conjunto del peronismo.
Se trata, además, de una decisión amparada en un acuerdo entre Llaryora y Passerini, que puede producir esquirlas hacia adentro de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) y algún cortocircuito en el equilibrio entre el primer mandatario provincial y el sistema político que comanda la senadora Alejandra Vigo en la principal ciudad de la Provincia.
Dos adelantos de lo que puede suceder fueron los dos últimos cambios de gabinete: La renuncia de Claudio Vignetta como secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria del municipio, oficialmente por motivos personales; y la de Guillermo Pizzarro de la Subsecretaría de Finanzas municipal, segundo de Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública, un hombre de Passerini. A Vignetta lo reemplazó Juan Manuel Aráoz, un dirigente del equipo de Llaryora que está a cargo del Tribunal de Faltas. De hecho, por el momento mantiene las dos funciones. En Finanzas, desembarcó Matías Vicente, que viene de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Administrativa, en la cartera de Salud. Vicente es un funcionario del riñón de Guillermo Acosta, otro jugador central del llaryorismo. Es decir, en ambos cambios el sector que sumó puntos fue el de Llaryora.
Respecto de las dificultades financieras, tarde o temprano, las políticas de contracción del gasto público, reducción del consumo y desregulación económica que implementa el gobierno nacional iban a impactar en el funcionamiento de los niveles subnacionales, como provincias y municipios. Por ejemplo, el municipio ha tenido que hacer frente a fuertes erogaciones para sostener el transporte público y el valor del boleto, ante la eliminación de los subsidios nacionales. Dentro de la lógica del ajuste, el gobierno local “privatizó” este año, de manera precaria, las líneas que operaba la TAMSE con dos grupos empresarios locales. Lo hizo luego de adquirir colectivos y reemplazar a ERSA, que no quiso continuar con la concesión del servicio el año pasado. También atraviesa problemas en el frente financiero, fruto de la deuda pública contraída por las administraciones de Ramón Mestre (UCR) y el propio Llaryora. De allí, es que el primer gesto sería la reducción de la planta política, que algunos dirigentes del PJ sitúan en un 30%. Pero no sería el único ajuste.
Sin embargo, más allá del margen de maniobra que poseen los intendentes, la gestión Llaryora en el municipio (2019-2023) pudo sobresalir a partir de la decisión política del entonces gobernador Juan Schiaretti, que inyectó recursos, programas y obras en la Capital. De esa operación emergió un candidato con un elevado volumen político que es el actual mandatario provincial. Todo parece indicar que la administración provincial ha decidido intervenir en el territorio capitalino, siendo el dato más fuerte el de los anuncios que realizó este lunes, en materia de seguridad y justicia para la ciudad de Córdoba, el propio Llaryora. La pregunta del millón es si la Provincia tiene ahora la misma capacidad financiera que en 2019 para volver a utilizar con éxito la medicina de Schiaretti o si el contexto económico impuesto por la gestión libertaria imposibilitará esa jugada. Mientras tanto, hasta que lleguen las primeras señales, lo que parece quedar claro es que se acabó la “autonomía relativa” de Passerini y se abre un nuevo ciclo con el sello del gobernador.
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