El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y la Mesa de Enlace rural volvieron a reclamar al gobierno nacional la eliminación de las retenciones a la soja, el maíz y el trigo. A su vez, el Ejecutivo acordó poner en marcha una serie de medidas paliativas para hacer frente a la caída de precios internacionales de la producción agropecuaria, la situación cambiaria y las condiciones climáticas que afectan los niveles de producción.

Actualmente, las retenciones representan el 33% para la soja y el 31% para sus derivados. Mientras que el trigo y el maíz pagan derechos de exportación por un valor del 12%.
En representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (Coninagro).

Llaryora afirmó que “quiero señalar la importancia de estos espacios donde desde el gobierno provincial ratificamos la voluntad de trabajar junto al sector privado en la defensa de los intereses de Córdoba. El diálogo y las medidas acordadas refuerzan nuestro compromiso con el sector agropecuario, un pilar fundamental de la economía cordobesa”.
El gobierno provincial dijo luego del conclave que “ratificamos el reclamo al gobierno nacional para que elimine las retenciones al campo con el objetivo de aliviar el contexto adverso que atraviesa el sector”.
Explicó que “el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, solo el 2% impuestos municipales y el restante 4% son impuestos provinciales que vuelven en obras para el campo en un 98%”.
En tanto, las medidas acordadas son las siguientes:
-Diferimiento fiscal: “Conformaremos una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada (DDJJ), los casos de productores que acrediten dificultades económicas. Estos podrán diferir el pago del impuesto en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo. Las solicitudes serán canalizadas a través de las entidades representativas del sector y aprobadas por una Comisión de Trabajo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Bioagroindustria”.
-Tope en el aumento del impuesto inmobiliario rural: “Como una señal de reconocimiento al particular momento de emergencia que vive el campo en esta coyuntura, junto a las entidades rurales resolvimos como tope máximo, el aumento establecido para el impuesto inmobiliario urbano. Los montos que superen dicho porcentaje serán diferidos por 6 meses con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas o si no se eliminan o reducen las retenciones”.
-Guías de Hacienda: “En este punto decidimos llevar al ámbito de la Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda en los municipios donde estén vigentes”.
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