Las centrales sindicales de Córdoba -CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A- y UTEP expresan su repudio y rechazo al proyecto de Ley presentado por la Legisladora Nadia Fernández (HUpC) para regular y reprimir las marchas y protestas sociales.
También repudiaron las expresiones vertidas por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien “cuestionó a la Justicia, a la vez que solicitó una ley que regule el derecho a la expresión y a la protesta. O, lo que es lo mismo, dar vía libre a la represión. Inadmisibles expresiones antidemocráticas y anticonstitucionales”.
El documento dado a conocer por las centrales obreras resalta que “los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional”.
También señala que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apunta que ‘las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva. En los últimos años, los Relatores de Naciones Unidas también incluyeron en sus informes a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica. Las altas cortes nacionales e internacionales han interpretado que el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia. La protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos’”.
Agrega “el Bloque Legislativo de HUpC (Hacemos Unidos por Córdoba) y el ministro de Seguridad deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del gobierno nacional está produciendo en todos los aspectos de la vida de las y los argentinos. Y de la que Córdoba no es ajena en absoluto. Los salarios de hambre, derechos vulnerados, condiciones laborales precarias, pobreza y hambre, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, despidos, suspensiones, destrucción de la industria nacional, crisis en la educación y la atención de salud, decisiones que afectan la soberanía, etc. son la inagotable lista de causas que llevan a la protesta y a las movilizaciones”.
Por último, expresa que “el Decreto que pretende cercenar el derecho de huelga completa el panorama. Aunque, nuevamente, ha sido frenado por una medida de la CGT en la justicia nacional”.
QUÉ DICE EL PROYECTO
La iniciativa del oficialismo provincial, que comenzará debatirse este jueves, propone una serie de modificaciones al Código de Convivencia Provincial (ley número 10.326) a los efectos de establecer sanciones más severas para quienes protagonicen manifestaciones en la vía pública.
Entre otros puntos, se establece que los manifestantes serán sancionados con trabajo comunitario, multas pecuniarias y arresto de tres días si “por cualquier motivo o invocación” y “sin la autorización de la autoridad competente (Ministerio Público Fiscal) se alteren o interrumpa el tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos”.
Se fija que, en caso de una protesta, los protagonistas tendrán que avisar al MPF. En el mencionado proyecto se establece, además, que la sanción para los manifestantes que “interrumpan el tránsito en avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajero” tendrán sanciones más severas (“el doble” de las establecidas como piso).
Por último, también se establece que el personal policial y la autoridad de aplicación podrán arbitrar las medidas para “hacer cesar los efectos de la contravención cometida (no dejar circular el tránsito)”.
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