Los judiciales, el SEP, los docentes y otros gremios con actuación en el Estado provincial marcharán este jueves, desde las 10:00, a la sede del APROSS, la obra social de empleados públicos, docentes y fuerzas de seguridad, entre otros sectores. La movilización reclama mejoras en las prestaciones que presentan importantes falencias y contra los descuentos extraordinarios que realiza el gobierno provincial para tratar de cubrir el déficit operativo. La situación del APROSS es un subconflicto dentro del conflicto salarial que se extiende a la mayor parte del sector público.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que conduce Sergio Castro convocó a los cuerpos orgánicos en la sede sindical, sobre la calle Corro, para realizar un acto de protesta y tomar parte de la marcha al APROSS. También convocaron a un plenario provincial de delegados para el lunes próximo. En el medio, el gremio negocia con la Provincia mejoras salariales, pero hasta ahora no han tenido una propuesta que destrabe el reclamo.

El SEP pide pasar al básico una parte de los adicionales, y que se aplique la nueva ley para los equipos de Salud. Esto debería impactar en una mejora de los salarios para el personal de los hospitales públicos. A su vez, el blanqueo apunta a que mejoren las escalas salariales y mejore el piso, que es de unos 400 mil pesos en blanco.
Por su parte, los judiciales que vienen sosteniendo un duro conflicto, de varias semanas, demandan también mejoras salariales y precisan la demanda al Tribunal Superior de Justicia en 40% de aumento. Para lograrlo, promueven, entre otras medidas, la equiparación salarial con la Justicia Federal. La Asamblea General Extraordinaria de los judiciales se desarrollará el viernes 9. Todo indica que habrá mandato para profundiza el plan de lucha que llevan adelante.
Esta semana realizaron un paro de 38 horas, que arrancó el lunes con el abandono de tareas y una movilización y finalizó el martes a las 24.
Los conflictos se desarrollan y crecen en el marco de la crisis económica desatada por las medidas del gobierno del ultraderechista, Javier Milei, que han reducido el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Dentro de ese contexto, el gobierno provincial realizó un ajuste sobre la pauta salarial de 2024, lo que determinó aumentos que no pudieron seguir a la inflación.
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