La APDH Regional Córdoba (Asamblea por los Derechos Humanos), la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, el Foro Solidario Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos denunciaron este jueves que el PAMI y sus directivos no cumplieron con una orden judicial que obligaba a restituir la cobertura gratuita de medicamentos en Córdoba y otras provincias argentinas.
La resolución había sido dictada el 16 de mayo pasado por el juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, que hizo lugar a una medida cautelar solicitada mediante un amparo colectivo, para que el PAMI reconozca la cobertura del 100% de medicamentos a todos los jubilados y pensionados de la Provincia de Córdoba. La decisión fue dispuesta por la Justicia Federal con asiento en Mendoza porque allí se acumularon las presentaciones de todas las provincias contra esta disposición del PAMI. Fue en esa provincia donde se dictó la primera cautelar en favor de los jubilados y pensionados que habían sido privados de sus beneficios y derechos.
Además de Mendoza y Córdoba, las otras provincias alcanzadas por la decisión judicial fueron Tucumán y Salta y adherentes de las CTAs (Central de Trabajadores Argentinos).
Cabe recordar que el PAMI había dictado a fines de 2024 dos resoluciones en las que excluía una serie de medicamentos de la cobertura y provisión gratuita.
Justamente, el amparo patrocinado por los abogados y co-presidentes de la APDH Córdoba, Carlos Vicente y Mabel Sessa, fue contra esas resoluciones. Allí se solicitó que “se garantizara la continuidad de las prestaciones y coberturas de medicamentos a los afiliados y afiliadas al PAMI, y se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa administrativa emitida por el PAMI, cuya aplicación se efectivizó a partir del 02/12/2024, y de todas las resoluciones, disposiciones complementarias, modificatorias y reglamentarias de la misma o las que en el futuro las reemplacen, como de procedimientos y requisitos dictados en consecuencia, por la cual cercena el acceso a la medicación, tratamientos, etc. de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas afiliados a dicha entidad, garantizando el libre acceso de medicamentos al universo de seres humanos que necesitan dicha cobertura”.
Dentro del amparo se había solicitado una medida cautelar urgente, para que se ordenara al PAMI que “de forma inmediata garantice la prestación universal del servicio de provisión de medicamentos de la manera que se venía haciendo hasta antes de esta nueva normativa, facilitando el acceso a toda la medicación a los adultos mayores en las condiciones anteriores, sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita, máxime teniendo en cuenta la afectación a la salud de este grupo vulnerable”. El juez Quirós hizo lugar a la cautelar el 16 de mayo de este año, mientras se analiza la cuestión de fondo (el amparo), pero el PAMI no ha cumplido hasta el momento con la resolución del magistrado.
EL PAMI NO CUMPLE
A través de un documento de prensa, la APDH Córdoba y las otras organizaciones explican que “los funcionarios centrales y el delegado de Córdoba de PAMI se han negado sistemáticamente a dar cumplimiento a la resolución del Juez Federal. Los mismos han argumentado supuestos inconvenientes burocráticos que le impiden cumplir. Este argumento es absolutamente falso, en virtud de que lo ordenado por resolución judicial implica simplemente volver a poner en funcionamiento el sistema de administración y logística que funcionó normalmente durante años hasta el día que la actual cúpula de PAMI decidió interrumpirlo arbitrariamente”.
Señalan también que “hemos insistido en el cumplimiento de la medida ordenada y solicitado al Juez que aplique una multa de dinero a PAMI y sus directores por el incumplimiento de la medida judicial, todo bajo el apercibimiento del artículo 239 del Código Penal (que castiga la desobediencia a una resolución judicial)”.
Recuerdan que, pese a la resolución dictada, el PAMI -Central y Delegación Córdoba- , “no solo siguen sin cumplir la resolución judicial, sino que publicitan mediante la página Web de PAMI y su app para afiliados, que siguen vigentes las resoluciones de PAMI 2431/2024 y 2537/2024, que expresamente fueron suspendidas en su aplicación por la citada resolución judicial y en forma deliberadamente confusa presentan como “medicamentos sin cargo por subsidio social””.
Plantean que “estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque el funcionariado nombrado por el Gobierno Nacional se niega a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados al impedir el acceso a tratamientos (en este caso de medicamentos) que deterioran y ponen en riesgo su vida por decisiones arbitrarias, ilegales e inhumanas”.
Por último, argumentan que “estamos ante una política del Gobierno de Milei que provoca la agresión deliberada hacia un grupo nacional vulnerable de nuestra sociedad, como son jubilados y pensionados, que sumado al deterioro de sus ingresos y encarecimiento de la canasta básica de alimentos y servicios, conduce a un verdadero “genocidio por goteo” y que requiere del rechazo activo y solidario del conjunto del pueblo”.
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