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Córdoba: El juecismo se retiró de la sesión legislativa porque el oficialismo no quiso debatir sobre la condena a CFK

El legislador provincial, Walter Nostrala (FRente Cívico). (Foto: Gentileza).

Los legisladores provinciales del bloque del Frente Cívico (FC) se retiraron este miércoles de la sesión legislativa de la Unicameral, en repudio a “la negativa del bloque oficialista de permitir el debate sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”.

El presidente del bloque del FC, Walter Nostrala, dijo que “el mundo está hablando de la condena a la expresidenta. Nosotros solicitamos expresarnos libremente ante una condena histórica por hechos gravísimos de corrupción de un ex mandatario de la Nación y la Legislatura de Córdoba no lo permite por una directiva del gobernador (Martín Llaryora) a sus legisladores”.

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Nostrala agregó que “nosotros sabemos que Llaryora es representante de Cristina en Córdoba, pero nosotros sí queremos hablar. Con respeto queremos expresarnos sobre un tema histórico. Un fallo ejemplar de la Justicia con todas las garantías del proceso condenando a la ex presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos”.

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“Quienes manejan la Legislatura de Córdoba no tienen ningún derecho a decirnos que de ese tema no podemos hablar. El mundo está hablando de este tema y nosotros que somos legisladores de Córdoba también queremos expresarnos”, recalcó el legislador juecista.

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Siguió diciendo que “el miedo del peronismo es que ellos no pueden hablar y les dieron la orden de no hacerlo, pero nosotros queremos expresar nuestra postura que desde siempre hemos tenido sobre hechos de corrupción del kirchnerismo. A nadie debe sorprender que el senador Luis Juez hace años viene denunciando este tema a nivel nacional”.

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Por último, señaló que “Cristina fue condenada por el manejo direccionado de la obra pública nacional. En Córdoba necesitamos saber cuánto y cómo se gasta en obra pública. Los cordobeses deben saber a dónde van sus impuestos, pero esa tarea es imposible ya que esta información es negada sistemáticamente por el gobierno de Llaryora amparándose en las inexpugnables agencias a las que nadie puede controlar”.

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