Los diputados nacionales Juan Brügge e Ignacio García Aresca, de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC – Encuentro Federal) presentaron un proyecto para endurecer la sanciones a los responsables de iniciar focos igneos. La iniciativa prevé la modificación de dos artículos el Código Penal. El planteo va en línea con la postura del gobernador Martín Llaryora.
Dice el proyecto que “tiene por objeto agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública producidos por incendios, modificando la escala penal en sus mínimos y máximos”. También incorporan las figuras de lesiones graves y gravísimas producidas por el fuego.
Entre los argumentos del proyecto recalcaron que “desde hace años diferentes puntos de la República Argentina vienen enfrentando el flagelo de los incendios, muchos de ellos evitables, en razón que se iniciaron por el accionar irresponsable de personas inescrupulosas”.
En la misma dirección plantearon que sus consecuencias son “drásticas tanto para las personas, la naturaleza, los bienes públicos y privados, la economía, la inclusión social, como para los sectores productivos de nuestras economías regionales”.
PIDEN QUE SCIOLI CONCURRA A DIPUTADOS
Un grupo de diputados de la UCR, encabezados por Carla Carrizo, presentaron un proyecto de resolución citando a la Cámara baja al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria, Ana María Vidal de Lamas, a efectos de que brinden información y den explicaciones sobre el accionar del Servicio Nacional de Manejo de Fuego en medio de los incendios que azotan la provincia de Córdoba.
En la iniciativa piden que las autoridades pertinentes informen sobre la totalidad de recursos humanos y materiales destinados al abordaje de los mismos, la razón de la demora en el envío de asistencia y recursos que colaboren con la mitigación de los incendios, así como la protección de las personas afectadas; y los canales de información pública oficial que se implementaron para dar a conocer las políticas que el Estado nacional desplegó.
También conocer las razones por las que el Gobierno nacional “decidió no prorrogar la Emergencia Ígnea Nacional, declara por el Decreto 6/22, vigente hasta el 13 de enero de 2024 que facultaba al jefe de Gabinete a reestructurar, modificar o resignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta”.
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