La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación Civil Foro Solidario Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, presentaron una denuncia penal contra las autoridades nacionales y provinciales del Pami. La presentación plantea que las autoridades del PAMI incurrieron en “desobediencia a la autoridad”, “actos discriminatorios”, “estafa procesal” y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber cumplido con la cautelar dispuesta por la Justicia de restituir la provisión y cobertura total de medicamentos a los afiliados del PAMI de la provincia de Córdoba.
La acción fue radicada ante la fiscalía federal de turno y cuenta con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente. Los denunciados son el director nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Esteban Leguizamo; y el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local III de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela.
Los delitos denunciados en el escrito presentado a la Justicia se habrían cometido en perjuicio de los afiliados cordobeses del PAMI. La Justicia Federal dispuso en mayo de este año que el PAMI volviera a poner en vigencia “el programa vivir mejor y proveer el listado de medicamentos esenciales, en forma automática y gratuita a todos los afiliados a Pami de la provincia de Córdoba a los que se los recete su médico de cabecera”. La medida fue dispuesta a partir de la presentación de un amparo colectivo por el juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós.
Cabe recordar que “el Programa Vivir Mejor, había sido oficializado el 10/03/2020 con una cobertura del 100% en 170 medicamentos esenciales para afiliados el PAMI mayores de 60 años, en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a nuestro derecho positivo por la Ley 27.360 del 09/05/2017”.
Explica la presentación que “a su vez, la Ley 27.700 del 09/11/2022, le confirió jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, de modo que por imperio de su art. 31 forma parte de la Supremacía de la Carta Magna, y por ende de jerarquía mayor a cualquier otra norma de derecho interno. Dicho Plan otorgaba cobertura al 100% de medicamentos oncológicos, para trasplantes y trastornos hematopovélicos, oftalmológicos intravitreos, para insuficiencia renal crónica, para tratamientos de VIH y hepatitis B y C, y hemofilia, entre otros”.
En el planteo realizado en marzo de este año por la APDH Córdoba y el resto de las organizaciones, se solicitó que “se garantizara la continuidad de las prestaciones y coberturas de medicamentos a los afiliados y afiliadas al PAMI, y se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa administrativa emitida por el PAMI, cuya aplicación se efectivizó a partir del 02/12/2024, y de todas las resoluciones, disposiciones complementarias, modificatorias y reglamentarias de la misma o las que en el futuro las reemplacen, como de procedimientos y requisitos dictados en consecuencia, por la cual cercena el acceso a la medicación, tratamientos, etc. de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas afiliados a dicha entidad, garantizando el libre acceso de medicamentos al universo de seres humanos que necesitan dicha cobertura”.
Lo cierto es que “a pesar de las sucesivas intimaciones y emplazamientos y a la aplicación de astreintes diarios (multas por valor de 1 millón de pesos diarios desde el 4 de septiembre último hasta que se cumpla con la resolución judicial), que realizó el Juzgado Federal en este lapso, las autoridades de Pami, después de transcurridos más de cuatro meses, han mantenido un absoluto desconocimiento de la autoridad del Juez Federal incumpliendo la medida ordenada”.
Agrega el escrito judicial que “además, con absoluta mala fe, ante los pedidos de informes efectuados por el Juez actuante, mintieron en forma deliberada y sistemática afirmando en dicha instancia que si cumplían con la provisión de medicamentos esenciales al 100% de su valor como lo establecía la decisión judicial referida”.
El escrito señala que “evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el Gobierno Nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados al impedir el acceso a tratamientos (en este caso de medicamentos) que deterioran y ponen en riesgo su vida, por decisiones arbitrarias, ilegales e inhumanas”.
Y agrega que “estamos ante una política del Gobierno de Milei que provoca la agresión deliberada hacia un grupo nacional vulnerable de nuestra sociedad, como son jubilados y pensionados, que sumado al deterioro de sus ingresos y encarecimiento de la canasta básica de alimentos y servicios, conduce a un verdadero “genocidio por goteo” y que requiere del rechazo activo y solidario del conjunto del pueblo”.
MÁS INFORMACIÓN
VER Córdoba: Medida cautelar ordena al PAMI garantizar la cobertura total de medicamentos.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
