Con una presentación judicial, el gobernador procura impedir que Luz y Fuerza proteste contra las medidas que lleva adelante su gobierno.

La selfie del gobernador ayer durante una inauguración. (Foto: Prensa Gobierno de Córdoba).

Una regla constitutiva de la democracia es el derecho a la libertad de expresión y de opinión que tienen los ciudadanos. Forma parte del plexo normativo argentino y se instala allí con carácter concluyente a partir de que tomaron rango constitucional en la reforma constitucional de 1994 distintas convenciones internacionales, entre ellas la de Derechos Humanos. Nos puede gustar o no, pero esa es la ley y también el espíritu que permite su interpretación.

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En ese marco, por extensión, la protesta, es una de las formas de la expresión y la opinión ciudadana, pero ya no sólo individual, sino fundamentalmente colectiva. Y el paso o conversión de lo individual a lo colectivo, es a su vez la expresión de un grupo, sea organizado o no, grande o pequeño, y con un interés. La colectiva, es por lo tanto, una expresión política. A su vez, la expresión política está asociada íntimamente con la expresión individual y la primera no puede existir sin la segunda. La libertad es otra condición común para su existencia.

La decisión del gobierno provincial y el gobernador Juan Schiaretti de impedir la protesta (la expresión) del Sindicato de Luz y Fuerza es un peligroso antecedente de un gobernante democrático. Puede gustar o no, pero es una expresión y como tal debe ser respetada.

Según la información disponible sobre la presentación judicial, el gobierno considera que las expresiones del secretario General de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, son amenazas, que se propone boicotear las obras de la avenida de Circunvalación, y que tratará de impedir del “desempeño funcional” del cargo de gobernador.

La producción efectiva de ese costo o el riesgo de que se produzca ese costo (la amenaza), es lo que permite a los sindicatos “negociar” o “equilibrar” la relación de fuerzas con las patronales empresarias, privadas o públicas.

Todo conflicto sindical es en esencia un choque con daños, porque las medidas de fuerza buscan “dañar” a la patronal produciéndole un costo económico o social y del otro lado, los propietarios del capital aplican las medidas que les permite la legislación vigente para restringir esa posibilidad. La producción efectiva de ese costo o el riesgo de que se produzca ese costo (la amenaza), es lo que permite a los sindicatos “negociar” o “equilibrar” la relación de fuerzas con las patronales empresarias, privadas o públicas. El conflicto, es por lo tanto, una parte integrante de la solución. La amenaza, dicho de otro modo, se convierte en un tramo del conflicto. De lo contrario, sería una dictadura o un régimen político autoritario, donde ninguno de esos dos momentos (amenaza y medida de fuerza) tendrían la posibilidad de suceder, salvo a costa de un enorme riesgo para los que lo intenten y por lo tanto, la existencia de derechos sería mínima. La expresión, el anuncio de la protesta, es en ese contexto, el modo de advertir o insinuar la capacidad de “daño”. A su vez, por si alguien no se ha dado cuenta, advertir o insinuar, no es lo mismo que producir el “daño”. Y  si a cualquiera de estos dos momentos se los aísla de la existencia de un contexto de conflicto, se los desnaturaliza y aleja de su función específica. Por eso, en las sociedades modernas e igualitarias se habilitan institutos de mediación a cargo del Estado, para evitar que esa secuencia se desmadre. Es lo que ha desaparecido en este caso por obra de la ideología del propio Estado.

Una protesta del Sindicato de Luz y Fuerza.

A cualquier liberal, ya no pensador de ideas de izquierda o populista, este episodio le dispararía algunas de estas preguntas: ¿Por qué un sindicato no podría expresarse contra el gobernador en uno o mil actos públicos? ¿Protestar frente al ingreso de un barrio o en un acto, constituye una limitación funcional del ejercicio de su cargo? ¿Por qué no podría un gremio hacer una huelga que demore la obra de la Circunvalación o cualquier otra, en la medida que ese área de actividad forme parte de su campo de acción? ¿Qué diferencia hay entre los vecinos de Altos del Chateau y los del centro para limitar la protesta en un lugar y en el otro no?

En el fondo, en este conflicto, a lo largo de estos ocho meses, la decisión del gobierno es la de avanzar en las decisiones políticas y económicas sin contraparte, esto es, sin negociar con los sindicatos.

En el fondo, en este conflicto, a lo largo de estos ocho meses, la decisión del gobierno es la de avanzar en las decisiones políticas y económicas sin contraparte, esto es, sin negociar con los sindicatos.

Schiaretti y su administración han dado con este, un paso en el sentido de profundizar las medidas de persecución contra el sindicato y los trabajadores de EPEC -por ejemplo, la empresa ya tomó la decisión de despedir a cinco dirigentes sindicales, prohibió su ingreso a las laborales habituales, y tramita su desafuero en la Justicia luego de una protesta pública aplicando normativa interna de la compañía-. Por cierto, es una forma de limitar la capacidad de resistencia de los trabajadores y es la expresión de una ideología conservadora y una práctica neoliberal clásica: represión a los trabajadores, reducción de derechos, y achicamiento del Estado.

También parece querer aprovechar la existencia de un contexto social relativamente favorable para la puesta en marcha de medidas de este tipo y su posible efecto electoral.

Lo cierto, es que hasta ahora, la administración provincial ha demostrado no querer negociar el destino de EPEC con sus trabajadores. Por eso ha planteado siempre un nuevo desafío a los gremios, a la par que ha desconocido las instancias formales y reales de negociación. Nada indica que vaya a cambiar su punto de vista salvo que las circunstancias políticas lo obliguen.

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