La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la resolución del juez de Control n.° 7, José M. Peralta, que había convalidado la prisión preventiva de los imputados Oscar Cerutti, Mariano Fontán, Jorge Monferini y Laerte Muzi. La meida había sido dictada por la fiscal de Instrucción de Casos Complejos de 27° Nominación, Valeria Rissi, en la megacausa denominada “Euromayor”, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.
La hipótesis en curso de investigación relata que, a fines del año 2009, Muzi se habría confabulado con Airaudo, Cerutti y Fontán para cometer delitos indeterminados mediante la comercialización fraudulenta de unidades habitacionales o lotes en distintos emprendimientos inmobiliarios de la ciudad de Córdoba (Antigua Cervecería, Valle del Golf y Vistas del Parque), a sabiendas de que no se iban a poder concretar.
Según la acusación, tiempo después se habría incorporado Jorge Monferini a fin de reestructurar las sociedades y continuar con la comisión de multiplicidad de nuevas ventas fraudulentas. Para la concreción del plan delictivo, los imputados utilizarían distintas sociedades (Euromayor, T&D y SATSA), y diversos fideicomisos en los cuales cada una de estas empresas cumpliría un rol indispensable para que las estafas pudieran ser consumadas.
La Cámara de Acusación rechazó los planteos defensivos tendientes a lograr la recuperación de la libertad de los imputados; pues -según criterio unánime de la cámara- las pruebas incorporadas a la causa revelan la existencia de elementos suficientes para sostener que, en caso de recuperar su libertad, aquellos podrían entorpecer la investigación o darse a la fuga. Por esa razón, el tribunal estimó que la prisión preventiva resultaba indispensable para evitar que tales peligros puedan concretarse.
Entre otros datos relacionados con la naturaleza de los hechos y la gravedad de la pena que pudiera caberles, el Cámara de Acusación señaló que la existencia de una organización delictiva constituye un indicio grave de riesgo para el proceso penal.
“La organización, en efecto, facilita las posibilidades tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, porque desde ella es más fácil burlar los controles del Estado, acceder a una vida en clandestinidad –y permanecer en ella–, y ponerse de acuerdo con cómplices o coautores para procurar la impunidad propia o de terceros, o con testigos u otros órganos de prueba para entorpecer la investigación”, expresa la resolución.
El tribunal también destacó que falta practicar numerosas medidas de prueba, entre ellas las relacionadas con el destino de los fondos millonarios producto de los hechos ilícitos cuya localización resulta dificultosa, dada la sofisticación y complejidad de la estructura empresaria desde el punto de vista jurídico y societario –a la que califica de “laberíntica–, pues aquellos fondos habrían sido ocultados mediante la utilización de multiplicidad de cuentas bancarias y fideicomisos.
En la misma resolución se aclara que los imputados Cerutti y Monferini se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria, dispuesta durante los últimos días de marzo del año en curso, durante el receso extraordinario, lo que en nada modifica la resolución de la cámara.
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