El juez José González del Solar desestimó un "hábeas corpus" presentado por tres legisladoras provinciales y pidió al Ministerio Público Fiscal que se investigue la existencia "de presuntos delitos por maltratos".

El complejo Esperanza durante el conflicto a principios del mes de marzo.

El juez González del Solar resolvió desestimar un pedido de hábeas corpus presentado por las legisladoras Liliana Montero (Córdoba-Podemos), Elisa Caffaratti (UCR) y Soher El Sukaria (PRO) a partir de la crisis institucional generada en las semanas previas en el Complejo Esperanza, solicitando “el cese del agravamiento de las condiciones de alojamiento de los jóvenes que vivían allí”.

La legisladora provincial, Liliana Montero (Córdoba Podemos).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El complejo Esperanza es un centro para chicos menores de edad en conflicto con la ley penal que se encuentra en Camino a 60 cuadras, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, el juez instó a los funcionarios gubernamentales a “resolver el conflicto con los guardias y envió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue la existencia de presuntos delitos por maltrato”, informó en la tarde del lunes la legisladora Montero.

“El hábeas corpus se presentó precisamente para que salga el Servicio Penitenciario del Complejo y frente a la cantidad de información que circulaba de maltratos a los jóvenes que viven allí. (…) Lo presentamos el viernes 10 de marzo a las 14.30 horas y a las 17, el gobierno resolvió el conflicto con los guardias que llevaba una semana y a las 19 ya se había retirado el Servicio Penitenciario y estaba el personal (guardias) trabajando”, relató Montero.

La crisis se había originado por el recrudecimiento de un conflicto de larga data que mantienen el Gobierno provincial y los denominados “guardias” del Complejo; es decir, con el personal encargado de la convivencia cotidiana con los jóvenes. “Por este motivo, la Provincia ordenó suplantar -sin plazos preestablecidos ni monitoreo externo- a los guardias por el personal del Servicio Penitenciario, el cual no está capacitado para lidiar con las problemáticas específicas de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto habría derivado en la afectación de los derechos humanos de los jóvenes, como maltratos, limitaciones al derecho a la educación, entre otros”, describió.

Lo cierto es que el juez González del Solar, pidió al Ministerio Público Fiscal que “investigue si los hechos de violencia constatados constituyen delitos”. Esto se depsrende de “(…) los registros médicos que figuran en el expediente, solicitados por las accionantes, que dan cuenta de dos cuestiones de enorme gravedad: la existencia de heridas cortantes en los jóvenes y la constancia de que en muchos casos los médicos no pudieron ingresar a revisar a los adolescentes porque el servicio penitenciario no se lo permitió”.

Por último, en la resolución, el juez instó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), de la cual depende el Complejo Esperanza, a “que defina las funciones del personal de contención y asistencia (denominados ‘guardias’) de manera clara y terminante. Es decir, que provea una regulación acorde a sus tareas y a la responsabilidad que les cabe e impulse las tratativas para poner fin al conflicto existente”.

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