La condena de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es demasiado importante como para reducirla a una vulgar competencia de odios y aplausos. Veamos los datos jurídicos y sociológicos que fijan su contexto.
1) La corrupción en la Argentina no es un simple delito penal. Es un sistema de construcción de poder político, económico y sindical impregnado de corrupción con impunidad judicial garantizada y con un fuerte aval social.
Todo proceso de acumulación de poder político y económico en la Argentina sigue la misma secuencia. Sobrecostos, sobreprecios, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No hay en Argentina estructuras de poder que no hayan seguido este camino.
Lo más grave es el aval social. Quizás el origen sea el Martin Fierro. O la “viveza criolla” del viejo Vizcacha. El argentino identifica honestidad con debilidad. Mira con simpatía a la “viveza criolla” en el ejercicio del poder. “Roba pero hace”. Ello genera desconfianza social en la ley como regla de orden social.
2) Un proceso judicial por corrupción en Argentina dura un promedio de 14 años y tiene un índice de condena de solo el 5%. Y los bienes robados por la corrupción nunca aparecen. Este es un informe CIPCE del año 2009. Es absolutamente incierto que los embargos a Cristina Fernández den resultado.
3) El sistema judicial argentino es de doble instancia y no de triple instancia. La sentencia de segunda instancia es sentencia firme, definitiva y de cumplimiento efectivo. El art. 8.2 h de la CADH garantiza la segunda instancia, pero nunca una tercera instancia. La falsa tesis de la tercera instancia viene siendo defendida desde hace más de 20 años por militantes del Kirchnerismo. Carece de todo fundamento jurídico. Esa falsa tesis llevaría a los procesos por corrupción a 20 años de tramitación y prescripciones liberatorias inevitables.
4) La posibilidad de que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestas violaciones a la CADH, es igual a cero. No existe ninguna violación convencional que permita abrir la llamada “cuarta instancia”. La CIDH en su Resolución 1/18 de Bogotá ha declarado que la Corrupción es hoy una de las mayores violaciones a los DDHH. en el continente americano.
5) El daño económico causado al país por la corrupción equivale en 10 años al total de la deuda externa actual con el FMI. En el Libro “La Corrupción como Modelo de Poder” (Astrea 2019) se hace una estimación fundada de los sobrecostos en la obra pública nacional en el período 2005-2015 en una suma de U$S 25.000.000.000. A estos sobrecostos en la obra pública se deben agregar los sobrecostos en las concesiones de servicios públicos con montos similares y la corrupción en las 24 provincias argentinas basada en mismo sistema de sobrecostos, enriquecimiento ilícito y lavado.
El economista Paolo Mauro elabora una fórmula matemática que mide el impacto de la Corrupción en el crecimiento de los PBI de los países. Por cada 3 puntos en el índice de corrupción, cae 1 punto el índice del PBI.
6) Durante el menemismo las privatizaciones fueron la matriz de la Corrupción. Era una corrupción casi democrática, todos participaban de la fiesta. El Kirchnerismo logra centralizar y monopolizar la corrupción en el Estado.
Ese sistema de Corrupción tiene partícipes y cómplices judiciales, económicos y sindicales y ellos también deben ser también juzgados porque se trata de un delito contra el orden democrático y como tal imprescriptible (5to párrafo del art. 36 de la CN reformada).
7) Transparencia Internacional ha denunciado con números a la vista que el continente americano es el de mayor corrupción y el de desigualdad social en el Mundo. Ese dato pone final al relato de que el progresismo con alta corrupción era la vía idónea para lograr una justa distribución del Ingreso.
8) El Presidente Milei no puede pretender beneficiarse con la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sería de un vulgar oportunismo desde el momento en que propuso a Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema y designó por decreto a dos ministros. Pero además no existe ningún proyecto de Ley que lleve su firma de modificación al código penal y al código procesal penal que busque terminar con la vergüenza de los procesos por corrupción duran 14 años y todos terminan en prescripciones liberatorias a favor de los corruptos.
En esa línea existe un único proyecto de ley presentado en Democracia que lleva el nombre del firmante de esta columna y el de Patricia Bullrich, Diputados nacionales ambos en ese entonces.
El Presidente Milei debe entender que el déficit cero está bien, pero no alcanza para un cambio de modelo de país. No hay seguridad jurídica sustentable ni crecimiento económico posible con alta corrupción impune y menos aún con un Presidente que descalifica a sus adversarios con insultos.
El crecimiento de los países, en el Siglo XXI, pasa por su calidad institucional.
Los puntos de esta columna deberían servir para una madura lectura de la Sentencia dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner. No sirve la grieta para ningun análisis serio. Menos aún en el periodismo o en las cátedras universitarias. La libertad de expresión y de pensamiento que consagra el art 13 de la Convención Americana es para garantizar al ciudadano un mensaje libre, plural y veraz. No garantiza periodistas militantes.
Se impone un salto de calidad institucional. El Poder Ejecutivo debería enviar con urgencia un proyecto de ley que modifique el Sistema Judicial Argentino. Pero no limitado a cambios en las competencias, procedimientos o fueros. Debe ser un cambio en la política criminal que desplace el peso de la persecución penal hacia los delitos del Poder. De todos los poderes. Que fije plazos máximos para las condenas por corrupción.
Bajar la edad de imputabilidad es sencillísimo y rentable políticamente. Ya lo hizo Néstor Kirchner con las leyes Blumberg. El desafío que Milei no quiere enfrentar es el de terminar con la impunidad de la corrupción del poder político, del poder económico y del poder sindical. Esa es la verdadera batalla cultural.
* Juan Carlos Vega. UC Córdoba. UC Lovaina. Ex Presidente de la Comisión de Legislación Penal HCDN.
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