El exjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Julio César Suárez, es juzgado por las amenazas y coacciones que disparó contra el periodista Dante Leguizamón. El contexto en el que se da el proceso oral, con la neodoctrina “in dubio pro policía” planteada por el gobierno nacional, promete un debate jugoso. El viernes habrá sentencia.

Dante Leguizamón padeció aprietes y amenazas por parte del entonces jefe de policía, Julio César Suárez. Imagen: Gentileza Hoy Día Córdoba.

La mañana anunciaba calor pegajoso y en la sala de audiencias del segundo piso de Tribunales II el clima se percibía: el primer juicio penal contra un ex-jefe de la Policía provincial estaba por comenzar.

Los agentes apostados en el hall de ingreso hicieron sentir que para ellos no era una causa más. Julio César Suárez no ocultaba su nerviosismo. El comisario general (retirado) está imputado por el delito de “coacción” en perjuicio del periodista de los SRT Dante Leguizamón, a quien amenazó telefónicamente por su cobertura periodística de un caso de “gatillo fácil” que terminó con la muerte de un pibe pobre de la periferia, Fernando “Güere” Pellico. De ser hallado culpable, Suárez podría recibir una condena de entre 6 meses y 4 años de prisión.

Sentado a la derecha de la sala (mirando desde donde se ubicaban los cronistas), junto a sus abogados Enrique Gavier padre e hijo, el imputado evitó dar notas antes del debate y luego también se excusó de declarar ante el tribunal de la Cámara 4° del Crimen.

DESAFIAR LA NEODOCTRINA

Según consta en la instrucción, los hechos se produjeron el 16 de agosto de 2014 y son una concatenación de episodios autoritarios, antidemocráticos y violentos llevados a cabo por una Policía con veleidades de patronazgo.

Pero no sólo eso. El juicio comenzó mientras a nivel nacional se pretende instalar una neo doctrina de seguridad interior que el abogado Rodrigo López Tais denominó “in dubio pro policía”.

Es la doctrina que impulsa la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuya base explícita es la presunción de inocencia de los agentes de seguridad y cuyo currículum oculto es que todos los ciudadanos somos sospechosos si reclamamos contra los poderes.

Leguizamón y su abogado, Claudio Orosz, acusan a Suárez de haber coaccionado al periodista para que no hablara sobre los casos de “gatillo fácil” y abuso policial, los operativos violentos y humillantes ideados por la gestión Suárez.

El respaldo del presidente Mauricio Macri al policía Luis Chocobar, pese a que la Cámara del Crimen de Buenos Aires confirmó su procesamiento por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber, es un emergente de esta política.  La muerte por la espalda del joven Rafael Nahuel, en Bariloche, supuestamente con balas de la Gendarmería; las condiciones en que falleció Santiago Maldonado en Chubut; la represión brutal y las ulteriores detenciones de manifestantes en los alrededores del Congreso, cuando se sancionó el ajuste previsional a fines de 2017, son otros ejemplos. Y el trato brutal con que la Policía de La Rioja hizo debutar a los ingresantes a la fuerza, con la muerte por deshidratación de un chico de 19 años, también emerge como derivación de este clima de época que habilita a los de uniformes no sólo a ser custodios del orden, sino también intérpretes de la ley.

Nada de esto se ventiló ayer ante el tribunal que integran Antonia de la Rúa, Jorge Montero y Luis Miguel Nazis, quienes deberán juzgar de acuerdo a los hechos y sus pruebas (porque las garantías del debido proceso son para todos). Pero es uno de los dos temas que subyacen en la causa. El otro es la libertad de expresión que el comisario supuso podía moldear a su criterio. Porque en definitiva, Leguizamón y su abogado Claudio Orosz acusan a Suárez de haber coaccionado al periodista para que no hablara sobre los casos de “gatillo fácil” y abuso policial, los operativos violentos y humillantes ideados por la gestión Suárez (como aquellos corralitos donde exhibían a jóvenes de barrios humildes detenidos en procedimientos de saturación), y sobre la violencia institucional que según Leguizamón se había agudizado en Córdoba con la llegada de Suárez al principal sillón de la Jefatura.

CARA A CARA OTRA VEZ

Leguizamón fue el primer testigo del juicio. Sostuvo lo que se sabe por difusión periodística y por la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal Alfredo Villegas.

Que esa tarde de agosto estuvo en Los Cortaderos, alertado por los vecinos, para cubrir un operativo que casualmente se produjo un mes después de que los policías Lucas Chávez y Rubén Leiva (hoy condenados a prisión perpetua), dispararan por la espalda a Güere, mientras iba en moto con su primo.

Que escribió dos tuits dando cuenta de la situación y los arrobó a la cuenta de Suárez.

Que cuando regresó a Canal 10, ya de noche, el entonces jefe de Policía lo llamó por teléfono y que mantuvieron una “tensa pero respetuosa” conversación donde su interlocutor lo acusó de “garantista” y le reclamó asistir al programa de televisión “Justicia Legítima”, que el querellante conducía en Canal 10.

Que se retiró en su auto con destino a su casa, en Río Ceballos, y que antes de llegar recibió otra llamada del comisario general.

Que en esa conversación, Suárez se mostró “sacado” y que le reprochó sus críticas al accionar policial.

Que le exigió insistentemente verse “cara a cara” esa misma noche.

Que tras varios intentos, le espetó: “Si no venís a hablar conmigo, yo me voy a encargar de vos”.

Cuando Leguizamón regresó a Canal 10, ya de noche, el entonces jefe de Policía lo llamó por teléfono y mantuvieron una “tensa pero respetuosa” conversación donde su interlocutor lo acusó de “garantista” y le reclamó asistir al programa de televisión “Justicia Legítima”, que el querellante conducía en Canal 10.

Que esa frase, dicha por quien maneja “un ejército de 24 mil hombres armados”, le resultó temible, máxime cuando luego comprobó que se incrementaba la presencia de móviles con balizas frente a su casa.

Que luego Suárez escribió un tuit arrobándolo a su cuenta, donde lo trató de “mentiroso”.

Que todo fue un claro intento de limitar su libertad de expresión.

Además, Leguizamón aportó un dato tal vez menos conocido: que las autoridades de entonces de la UNC –a la que pertenecen los SRT- y del propio multimedio, en la cabeza de Francisco Tamarit y Esteban Falcon respectivamente, le solicitaron que “baje el tono” del conflicto con Suárez.

Los otros dos testigos que presentó la querella fueron el periodista Miguel Planells y Paula Cantarero, la ex mujer de Leguizamón. Planells refirió haber recibido él también, esa misma noche, una llamada de Suárez, que le “exigió” hablar con Leguizamón. “Me dijo que lo controlara y que borrara los tuits que había escrito”, resaltó el periodista en su testimonial. Por su parte, Paula habló de la vulnerabilidad que la familia sintió tras el episodio.

No fue una cobertura tradicional por parte de los medios de prensa. Muchos periodistas también se acercaron a brindar su apoyo.

GUARDIA PERIODÍSTICA

Dante Leguizamón no estuvo solo para enfrentar al que fuera el “hombre fuerte” de la Policía de Córdoba. Lo acompañaron la ex rectora de la UNC, Carolina Scotto; la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Maria Teresa Sánchez; la secretaria General del Cispren, Mariana Mandakovic; los padres de Güere y de su primo Maxi Peralta; la legisladora Liliana Montero; el abogado Rodrigo Lopez Tais; referentes de organismos de Derechos Humanos, periodistas de diferentes medios y familiares.

El debate continuará hoy y la expectativa es que el viernes haya sentencia, tres años y medio después de los hechos. La conclusión cae sola, como la manzana de Newton. La víctima es un periodista que ha trabajado en distintos medios de comunicación, conduce un programa en Radio Universidad -Otra vuelta de Tuerca- y está patrocinado por el penalista Orosz, querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El juicio es importante por lo que se juzga, pero también por lo que simboliza. Si un jefe policial se atreve a coaccionar a un periodista, cuya actividad está protegida, qué pueden esperar un chico de un barrio pobre, una travesti, un obrero de la construcción, una señora que pide monedas en una esquina, una trabajadora sexual, un joven de un barrio empobrecido, una mujer que exige la ley de aborto o el manifestante de una marcha por el cierre de una fábrica.

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