Colombia le negó ayer el ingreso a Juan Grabois, quien formaba parte de una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos humanos en medio de la represión de las protestas que sacuden al país latinoamericano.
“Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie”, escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un vuelo para salir del país.
Poco después, el mismo Grabois contó en la misma red social que lo subían a un avión con destino a Perú: “Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!”
En un audio publicado por la misión de observadores, Grabois contó que fue “agredido con empujones y un golpe en la cara por dos funcionarios de migraciones”, y luego otros dos oficiales le informaron que se le “denegaba el ingreso” porque su “presencia era una amenaza para la seguridad del Estado”.
La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.
La misión se decidió “ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano”, explicaron los organizadores del viaje antes de partir.
En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.
Desde la misión denunciaron desde un primer momento el trato diferente que recibió Grabois. “Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto”, explicó a Télam uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa, del movimiento Patria Grande, desde el aeropuerto internacional de Bogotá.
En su Twitter, la misión también informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, estuvo “demorado” por asumir la defensa de Grabois mientras intentaban evitar que fuera enviado de vuelta a Buenos Aires.
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El objetivo final del viaje es que el grupo pueda “elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano”.
En la delegación además d Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), participan Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace). Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
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