El fiscal Marcelo Hidalgo solicitó penas de entre 7 y 10 años. Hay nueve mujeres y tres varones acusados. Por primera vez, utilizan la calificación de “confabulación”, un delito similar a la asociación ilícita de la legislación nacional.

Efectivo de la Policía Antinarcotráfico de Córdoba.

El Fiscal de la Cámara 3° del Crimen de Córdoba, Marcelo Hidalgo, pidió penas de hasta 10 años y seis meses durante los alegatos en el juicio por narcomenudeo llamado “Chaco Chico”, en el que están acusadas nueve mujeres y tres hombres por comercializar marihuana, cocina y pastillas de rohypnol en esa zona del noreste cordobés. Se trata de la causa con más imputados desde que se creó el fuero provincial que persigue la venta minoritaria de estupefacientes y en la que se han solicitado las penas más severas.

En el alegato, el fiscal introdujo una novedad: solicitó que sean condenados por “confabulación”, además de la imputación con la que llegaron a juicio, comercialización agravada de estupefacientes. Es la primera vez que se postula este delito incluido en el artículo 29 bis de la ley provincial de estupefacientes y equivale al de “asociación ilícita” en el ámbito de la Justicia Federal. “Lo incluimos porque entendemos que hubo un virtual copamiento territorial que, lamentablemente se da también en otros barrios, y necesitamos dar un mensaje muy fuerte desde la política represiva para evitar esto”, dijo Hidalgo.

Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de la causa más importante de venta al menudeo de estupefaciente, no sólo por la cantidad de imputados sino por el “copamiento territorial” que la organización hacía del espacio público. Según surge de la investigación instruida por el fiscal Marcelo Sicardi, en grupos, la venta se hacía en las esquinas, a toda hora y a la vista de todos. Para los investigadores, entre los imputados había alguien que llevaba “la punta”. Se trata de Romina Díaz, de 26 años, madre de siete hijos.

En el pedido de penas, el fiscal solicitó 10 años y 6 meses de prisión para Díaz, más lo que le resta cumplir por una condena anterior; para Oscar Abraham Sabir y Marta Soledad Sánchez pidió 10 años de prisión; para María del Valle Sánchez Bustamante demandó 8 años de prisión que se acumulan a un fallo anterior y la revocatoria de la condicional.

Para Ricardo Gauna y Elida Eugenia Díaz, 9 años de prisión; para Paola Andrea Juncos, 8 años de prisión; para Vanesa de Lourdes Álvarez, Verónica Inés Bustamante, Débora Romina Martín, Romina Saires y Alejandro Tisera reclamó 7 años y 6 meses de prisión.

En el caso de Sabir y Marta Sánchez, la acusación fue por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por ser en perjuicio de menores. Y a los restantes fue por los delitos de confabulación y comercialización de estupefacientes agravado.

En tanto, la defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado. Sostiene que las fotos y filmaciones que obran como prueba, en las que se ven distintas situaciones de supuestas “transas”, fueron tomadas por una cámara particular y no fueron descargadas ante el fiscal.

La jornada de alegatos se extendió desde la mañana hasta después de las 18 horas de ayer. Hubo cruces, replicas y contrarréplicas, en una sala de audiencia cargada de tensión, con mucha presencia de custodios. El martes la audiencia comenzó con cuatro horas de retraso debido a una amenaza de bomba en el lugar. La última palabra de los acusados y la sentencia, se escucharán el próximo 7 de abril.

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