En una audiencia de casi cuatro horas que anticipa fuertes tormentas, los abogados de las víctimas, Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, y el fiscal federal Facundo Trotta, pidieron, este miércoles, la nulidad de la intervención judicial de la empresa constructora Mackentor, dispuesta por el fallecido juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma el 2 de mayo de 1977, y, a partir de ella, la invalidez de todos los actos jurídicos ocurridos hasta el presente. Lo esencial es que Mackentor primero fue usurpada por los militares del III Cuerpo de Ejército el 25 de abril de 1977 y luego el juez Zamboni Ledesma, cómplice de la dictadura cívico militar, dispuso la intervención. Es decir, la acción judicial está vinculada a un delito de lesa humanidad, ya que se produjeron secuestros y torturas durante la acción militar. Como los delitos de este tipo no prescriben y el Estado no investigó, no sancionó a los responsables y no reparó, los daños y perjuicios, penales y civiles, llegan hasta el presente, lo que obligará al Tribunal ha producir un fallo histórico, tanto si coincide con estos planteos como si los rechaza. Sobre todo, porque este expediente no sólo involucra al costado clásico del Terrorismo de Estado (los militares, los miembros de las fuerzas de seguridad y los agentes paraestatales), sino porque también alcanza al accionar de miembros del propio Poder Judicial Federal y de empresas y empresarios significativos de la historia económica nacional. El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N°1) integrado por Carolina Prado, como presidenta, y Cristina Giordano y Facundo Zapiola, como jueces, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 1 de julio, a las 12 horas, para dar a conocer su veredicto.
Un adelanto de lo que vendrá fue la imagen de dos sillas y dos atriles vacíos en uno de los costados de la sala. Eran los lugares asignados a los representantes del Estado Nacional, que pese a estar citados a la audiencia de alegatos se ausentaron. La no concurrencia revela el desconocimiento formal del proceso en marcha y reafirma, en el plano general, la postura negacionista del actual gobierno nacional respecto del Terrorismo de Estado. Se trata, por lo tanto, de un adelanto de que la sentencia del TOF N°1, si se produce en línea con las querellas, será cuestionada en instancias superiores. Si esto sucede, el caso Mackentor, que ya arrastra 48 años de injusticia y “humillación” a las víctimas, como recordaron Vega y el fiscal Trotta, y reconocen instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Suprema de Justicia, y la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), continuará acumulando hojas de un almanaque oprobioso.
Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
Natalio Kejner, principal accionista de la constructora Mackentor, usurpada por los militares en 1977. (Foto: Gentileza La Voz / Archivo).
La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, una de las principales obras públicas de la época.
Esta nueva etapa surgió de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, fundada en un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la nulidad absoluta e insanable de la sentencia dictada por el TOF N°1 (en su anterior composición) en la Megacausa de La Perla en los puntos 10 y 11.
Una imagen del juez Adolfo Zamboni Ledesma. (Archivo).
Allí se dispone dictar una nueva resolución sobre este capítulo que, en lo fundamental, debe partir de determinar si la intervención judicial de la empresa Mackentor S.A. de fecha 2 de mayo de 1977, dictada por el juez Adolfo Zamboni Ledesma, resultó legítima y válida o si, por el contrario, es ilegítima e inválida. Desde este nudo o cruce de rutas se sostiene luego, la legalidad o ilegalidad de todo lo ocurrido hasta la sentencia del TOF N°1 de 2016 (en el juicio de la causa La Perla), y la “extensión” (temporal) de los daños a reparar (indemnización).
Cabe recordar que el TOF N°1 había condenado a Luciano Benjamín Menéndez como coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal (dos hechos) y usurpación por turbación del dominio (un hecho) todos en concurso real entre sí. La CSJ recordó en su resolución de noviembre de 2023, que “sin perjuicio de ello, (el TOF N°1) entendió también que, aunque el 25 de abril de 1977 se verificó una irrupción ilegal en las oficinas de la empresa Mackentor por parte de las Fuerzas Armadas —que paralizó la actividad—, el delito de usurpación se agotó en sus efectos el día 2 de mayo del mismo año, cuando -por orden judicial- el Juez Federal (Zamboni Ledesma) designó a un auxiliar judicial para intervenir en el funcionamiento de la empresa de mención. Ello, a los efectos de poder examinar los libros y la documentación contable de las empresas, en atención a la presunción de que subvencionaban económicamente las actividades ilícitas de organizaciones subversivas”.
Dicho de otro modo, para el TOF N°1 (integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu), la ilegalidad se extendió una semana y un día (del 25 de abril al 2 de mayo); luego, la intervención de Zamboni Ledesma trajo la legalidad y, en consecuencia, la usurpación y destrucción posterior de la empresa no estuvo conectada al delito de lesa humanidad -la ocupación militar de la empresa, y el secuestro y tortura de sus directivos-.
LAS NULIDADES
Los abogados de las víctimas, Vega y Barcesat, plantearon una serie de nulidades que luego fueron acompañadas por el fiscal Trotta. El detalle es el siguiente:
-La nulidad de la intervención judicial dispuesta por el juez federal Zamboni Ledesma el 2 de mayo de 1977 y sobre la validez de todos los actos que realizó hasta su finalización, el 13 de abril de 1985. Vega señaló que ese es el momento en que el juez federal Miguel Rodríguez Villafañe sobreseyó a Natalio kejner, que era el titular de la empresa y cayó el pedido de captura internacional que pesaba sobre él.
-La siguiente nulidad es sobre la rescisión por parte de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) del contrato de la obra del segundo acueducto Villa María-San Francisco, ocurrida en mayo de 1977, que Mackentor había sido ganada en a través una licitación pública. Esta rescisión fue dispuesta por el administrador de la empresa estatal, Luis Pilatti, con el único fundamento de que Mackentor estaba vinculada con la subversión, algo que nunca se probó.
-La nulidad de la venta de la Fábrica de Tubos de Alta Presión de Mackentor ubicada en Córdoba Capital a la empresa Supercemento. “El 50% del valor de la venta debía ser pagado en 1977 y nunca se efectivizó”, denunció Vega.
La fábrica de caños de Mackentor, en la década de los ’70. (Foto: Gentileza archivo Luis Paván).
-La nulidad de la adjudicación a Supercemento de la obra del acueducto rescindida a Mackentor, que fue adjudicada directamente por el mismo Pilatti. Es un paradigma de la corrupción durante el Terrorismo de Estado. “La actuación de Pilatti prueba que el Terrorismo de Estado fue un método de sangriento de eliminación de personas y también un sistema de codicia económica”, apuntó el abogado de las víctimas.
-La nulidad de la causa judicial Natalio Kejner contra Estado nacional por “daños y perjuicios” que instruyó la jueza federal, Cristina Garzón de Lascano. “La jueza declara la prescripción del reclamo basada en la validez de la intervención judicial de Zamboni Ledesma”. Esta decisión es la que lleva a la quiebra de Mackentor por la imposibilidad de abonar los honorarios reclamados por los fiscales Carlos Otero Álvarez, Luis Rueda, Humberto Vidal y Graciela López de Filoñuk, que representaban al Estado nacional.
-La nulidad de la quiebra de la empresa Mackentor decretada por la jueza provincial, Verónica Francisca Martínez, pese al planteamiento de pre-judicialidad penal y de que se estaba investigando un crimen de lesa humanidad.
-La nulidad del rechazo judicial a la constitución de Mackentor como actor civil por parte del juez Federal, Alejando Sánchez Freytes, que invocó “que la legitimidad procesal la tenía el síndico de la quiebra. Este hecho es integrativo del crimen de lesa humanidad”. Esta decisión de Sánchez Freytes fue avalada, luego, por el vocal de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres.
FRASES CLAVE
-“Queremos la verdad. Hemos sido humillados durante toda la democracia. El mejor homenaje a Natalio Kejner y todas las víctimas, es contar la verdad, toda la verdad, con sus nombres y los hechos”. (Juan Carlos Vega, abogado de Natalio Kejner y las víctimas de Mackentor).
-“La rescisión del contrato del segundo acueducto Villa María-San Francisco fue decidida por Luis Pilatti como administrador de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), en mayo de 1977. Pilatti había sido directivo y presidente de Supercemento, la empresa beneficiada, hasta abril de 1976 cuando fue designado en OSN por el dictador Videla”. (Juan Carlos Vega, abogado de Natalio Kejner y las víctimas de Mackentor).
-“La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal dice que los jueces del TOF 1 de la Megacausa de La Perla, Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu soslayaron la vinculación de la intervención judicial de Zamboni Ledesma con la usurpación y el crimen de lesa humanidad contra Mackentor. Soslayar quiere decir, en términos jurídicos, ‘hacerlo de manera deliberada, consciente y voluntaria”. Eso, implica que lo que hicieron los jueces no fue un simple error procesal”. (Juan Carlos Vega, abogado de Natalio Kejner y las víctimas de Mackentor).
-“Es tiempo de que el derecho aflore y la Justicia actúe”. (Eduardo Barcesat sobre la necesidad de que el Estado repare a las víctimas teniendo en cuenta que “la finitud de la persona humana no puede ser desconocida” -el caso se extiende desde hace 48 años-).
-“Voy a acompañar la nulidad de la intervención judicial y sus efectos; y a la vez, la invalidez de los actos posteriores. La intervención judicial está vinculada con la usurpación de Mackentor, que es un delito de lesa humanidad”. (Facundo Trotta, fiscal federal).
-“(Luis) Pilatti rescinde el contrato de la obra del segundo acueducto y luego adjudica a Supercemento, en 1978, por la figura de licitación directa, esa misma obra. Pilatti había sido directivo de Supercemento desde 1974 hasta que regresó a OSN. La prueba obra en el expediente del juicio a La Perla, donde el testigo José Gloria Rodríguez Falcon (directivo de Supercemento) señaló que Pilatti era ‘una gloria del saneamiento argentino y había sido directivo de la empresa’”. (Facundo Trotta, fiscal federal).
-“Nunca me enfrenté a un caso de esta complejidad. Un caso que ha pasado por todas las instancias, incluidas internacionales, y donde ninguna decisión ha sido uniforme”. (Facundo Trotta, fiscal federal, sobre el caso Mackentor)
EL CASO MACKENTOR
[COBERTURA]
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[HISTORIA DE UN CALVARIO]
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VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.
VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.
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Monica Ambort
19 junio, 2025 a 08:29
Supercemento. Socio, el padre de Mauricio Macri. Complicidad con un crimen de lesa humanidad. Qué hacía MM en el momento en que Mackentor era víctima de la codicia del terrorismo de Estado?
Muy buena esta cobertura. El seguimiento. Otro medio cuenta lo que pasa todavía con Mackentor? No he visto.
Alejandro Depalma
19 junio, 2025 a 14:02
Excelente iniciativa. Las grandes empresas se alcanzan con coraje, paciencia y sabiduría, tres elementos que encontramos en los profesionales del Derechos que están llevando adelante esta proeza. Felicitaciones!